La Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible el 28 de julio de 2022. Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, expresa la opinión de la comunidad internacional de que un medio ambiente sano es tan importante para el florecimiento humano como otros derechos humanos. El objetivo de este derecho, como el de todos los derechos humanos, es establecer una norma común que todos deban esforzarse por alcanzar y fomentar y catalizar los esfuerzos encaminados a tal fin.
Al reconocer este derecho, la Asamblea General lo añadió a un grupo muy selecto de derechos: aquellos que han logrado el reconocimiento internacional al más alto nivel posible. Desde que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948, sólo ha añadido un puñado de derechos a la lista de derechos humanos fundamentales y un número aún menor como derechos autónomos no derivados de los ya reconocidos.
Los miembros de la ONU han adoptado y ratificado numerosos tratados y declaraciones de derechos humanos desde 1948. Sin embargo, estos instrumentos no suelen reconocer derechos completamente nuevos. En cambio, proporcionan más detalles -en algunos casos, muchos más detalles- sobre los derechos ya declarados en la DUDH y codificados en los Pactos Internacionales. Por ejemplo, la DUDH y los Pactos (denominados Carta Internacional de Derechos) incluyen el derecho a la no discriminación por motivos de raza, etnia y sexo, que se desarrolla en tratados específicos sobre estos temas. Del mismo modo, la Carta Internacional de Derechos prohíbe la tortura, y la Convención contra la Tortura establece con más detalle las obligaciones de los Estados de prohibirla y prevenirla.
En los 75 años transcurridos desde la adopción de la DUDH, las Naciones Unidas sólo en raras ocasiones han reconocido un nuevo derecho autónomo: es decir, un derecho que hubiera recibido su propio artículo en la DUDH. En los Pactos, el principal ejemplo es el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Tras la adopción de los Pactos en 1966, quizá el ejemplo más claro antes del año pasado sea el derecho al desarrollo, que la Asamblea General reconoció como derecho humano en 1986.
Otro derecho importante que se reconoció de este modo fue el derecho al agua potable segura y limpia y al saneamiento, que la Asamblea General reconoció en 2010. Aunque la Asamblea General no vinculó el derecho a otros más allá de afirmar que es "esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos", el Consejo de Derechos Humanos (CDH) adoptó poco después una resolución en la que "afirm[aba]" que el derecho "se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está inextricablemente relacionado con el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como con el derecho a la vida y a la dignidad humana". A este respecto, el CDH siguió el ejemplo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya había tratado el derecho al agua como protegido por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque tratar el derecho como derivado no menoscaba su importancia, es posible que a algunos Estados les haya resultado más fácil aceptar el derecho considerándolo inherente a derechos ya reconocidos.
La rareza de los derechos "nuevos" ayuda a explicar por qué las Naciones Unidas tardaron tanto en reconocer el derecho a un medio ambiente sano, a pesar del reconocido vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Esta conexión se ha puesto de relieve desde la primera conferencia internacional sobre medio ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972. En 2022, al menos tres cuartas partes de los miembros de la ONU ya habían incluido este derecho en sus constituciones nacionales, lo habían reconocido en tratados regionales, o ambas cosas.
Cuando finalmente el derecho se incorporó al panteón, lo hizo con un apoyo abrumador. La Asamblea General lo reconoció por una abrumadora mayoría de 161 votos a favor y 0 en contra, con sólo ocho abstenciones. Además, un Estado que se abstuvo (Kirguistán) y dos que no votaron (San Cristóbal y Nieves y Seychelles) informaron posteriormente a la Secretaría de la ONU de que habían tenido la intención de votar a favor. Por tanto, la votación final debería haber sido 164-0, con siete abstenciones.
Este nivel de apoyo -95,9% de los Estados miembros con derecho a voto- se compara muy favorablemente con el de otros instrumentos de derechos humanos, especialmente en los últimos años. En 2019, por ejemplo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos se adoptó con solo 121 votos afirmativos de los 183 emitidos, es decir, el 66,1%. Recibió ocho votos negativos y 54 abstenciones. Incluso en comparación con otras resoluciones que reconocen nuevos derechos, destaca el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano. La resolución de 2010 sobre el derecho al agua y al saneamiento, por ejemplo, fue aprobada con 122 votos afirmativos de los 163 emitidos, es decir, el 74,8%. Ningún Estado votó en contra, pero 41 se abstuvieron, entre ellos Japón, Estados Unidos y muchos países europeos. El voto afirmativo a la resolución de 1986 sobre el derecho al desarrollo fue mucho mayor -146 votos a favor de 155 votos, es decir, el 94,2%-, pero Estados Unidos votó en contra y ocho Estados se abstuvieron.
Nunca se ha considerado necesaria la unanimidad total para reconocer los derechos humanos. A la luz de la gran variedad de compromisos con los derechos humanos entre los gobiernos del mundo, sería absurdo dar a un solo Estado miembro poder de veto sobre el reconocimiento de un derecho humano. Ni siquiera la DUDH fue adoptada por unanimidad. De los 58 miembros de las Naciones Unidas en aquel momento, ocho países, principalmente del bloque soviético, se abstuvieron y dos no votaron.
Sin embargo, para que un nuevo derecho sea tratado como parte del panteón -uno de los derechos cuyo cumplimiento es necesario para la dignidad humana, la igualdad y la libertad-, su reconocimiento por parte de los Estados debe ser lo más cercano posible al universal. La coalición de Estados y organizaciones de la sociedad civil que ha logrado este objetivo para el derecho a un medio ambiente sano merece los mayores elogios. Ahora empieza el trabajo verdaderamente duro: hacer que este derecho sea una realidad para todos en el mundo.