El exjuez federal Walter Bento, al salir de los tribunales federales de MendozaMarcelo Aguilar - LA NACION
La destitución del juez federal de Mendoza con competencia electoral Walter Bento por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura ha puesto punto final a una saga escandalosa de corrupción, atropellos institucionales y delitos que duró demasiado tiempo.
El caso de este juez, designado durante la gestión de Néstor Kirchner, interpela a la dirigencia, pues hace tiempo que en los pasillos tribunalicios de Mendoza se conocían sus desmanejos y el tren de vida que llevaba, injustificable aun con los elevados sueldos que percibían tanto él como su grupo familiar, al que hizo ingresar a la justicia federal con distintos cargos.
Son escasos los dirigentes –entre ellos, el exgobernador Arturo Lafalla y el exdiputado nacional Gustavo Gutiérrez– que públicamente alertaron sobre el caso Bento. Por lo general, imperó el silencio o el comentario en voz baja, mientras en el ambiente judicial muchos se excusaban de intervenir.
No puede obviarse que Bento gozó durante mucho tiempo en el Consejo de la Magistratura de la protección de otro siniestro personaje como el diputado Rodolfo Tailhade, uno de los cómplices de Cristina Kirchner en su búsqueda de impunidad y protagonista de uno de los escándalos de espionaje ilegal más resonantes de nuestra historia.
El exjuez ya está en la cárcel adonde mandaba a sus víctimas para extorsionarlas, al serle decretada la prisión preventiva. La investigación, llevada a cabo por el fiscal Dante Vega, dio como resultado que en poco tiempo el tribunal oral que lo juzga decidiera su detención, mientras surgen contundentes pruebas en su contra.
Bento no ha tenido la suerte de otros magistrados que deshonraron la Magistratura pero lograron evitar el juicio político o jubilarse antes de que su enjuiciamiento se concretara, como fue, entre otros, el caso de Rodolfo Canicoba Corral.
Cabe esperar que este sea el comienzo de una nueva etapa en la historia del Consejo de la Magistratura, que hasta ahora no ha respondido a las expectativas que dieron origen a su creación con la reforma constitucional de 1994.
