Mascotas
Actualmente existen tres aristas involucradas en la fiscalización de los criaderos que no cumplan con la regulación nacional establecida: bajo la normativa de la Ley 21.020, conocida como Ley Cholito, ante la normativa sanitaria y, por último, como delito penal por maltrato animal. No obstante, el país sigue teniendo un vasto desafío en torno al control de este tipo de centros, lo que ha hecho que las denuncias, muchas veces, no tengan validez alguna. Ante esto, expertos recalcan la importancia de fortalecer los mecanismos y las entidades vinculadas a regular esta situación, además de incorporar los derechos de los animales en la creación de la próxima Constitución.
La venta de mascotas es una práctica que está regularizada en la Ley 21.020, la cual establece las normativas necesarias para poder criar, exponer y vender animales de compañía o mascotas.
Entre los puntos principales de esta ley se encuentran que en los locales que vendan o críen mascotas tienen que estar a cargo de un médico veterinario, y tendrán la obligación de realizar un registro en donde se encuentren los datos de los controles que deben someterse los animales.
Sumado a esto, el animal debe ser esterilizado antes de su entrega y se deberá completar por escrito toda la información sobre tenencia responsable del animal, el manejo sanitario y la alimentación requerida.
Además, los criadores y los vendedores de especies caninas que sean potencialmente peligrosas deben inscribirse en el Registro Nacional de Criadores y Vendedores de Animales Potencialmente Peligrosos de la Especie Canina.
A pesar de esto, actualmente, sigue habiendo un importante número de criaderos irregulares, los cuales son difíciles de estimar, ya que Chile no cuenta con un catastro de esta realidad.
“El problema es la falta de fiscalización que hay con respecto a la ley en el ítem de criaderos y venta de animales. Los decomisos que se han hecho a través de instituciones gubernamentales, generalmente no terminan en ningún pena real, sino que termina en algún tipo de amonestación o trámite legal”, recalca Daniela Echeverría, directora ejecutiva de Fundación Animal Chile.
“Esto da chipe libre a que cualquier persona se atreva a reproducir animales en sus casas o recintos sin condiciones básicas”, explica.
Desde el 2022 se incorporó una nueva normativa que suma las condiciones de higiene y sanitarias que los criaderos deben cumplir.
Gracias a esto, hoy en día se pueden encontrar tres aristas de fiscalización: bajo la normativa de la Ley 21.020, bajo la normativa de delito de maltrato animal y la última incorporada, la normativa sanitaria.
No obstante, según expertos, la información para hacer un balance de los criaderos regulares e irregulares que existen a nivel nacional aún está en desarrollo y, en este sentido, al no tener este catastro, la fiscalización es difícil de ejercer.
“Esas cifras no están en ninguna parte. No existe un catastro siquiera de cuántos están regularizados, es información que está en desarrollo, se está recabando porque se está haciendo la tarea de bajar la normativa sanitaria”, destaca José Binfa, encargado del Área de Incidencia de Fundación Abogados por los Animales (APLA).
Los organismos implicados para la regulación son la autoridad sanitaria, acompañada de las municipalidades que son las encargadas de fiscalizar la Ley de Tenencia Responsable; y la PDI, a través de las Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente, es la encargada de recibir las denuncias e investigar los casos.
A pesar de lo anterior, Echeverría señala que “no se hace nada al respecto, nadie fiscaliza. Es absolutamente imposible que se bajen los niveles de maltrato en estos centros porque si bien pueden fiscalizar la venta de animales, jamás se llega al lugar físico donde está ocurriendo el maltrato más explícito”.
Asimismo, agrega que “tampoco hay un interés del Gobierno por eliminar estas prácticas”.
Según la página de la PDI, hasta el 2021 se registró un total de 4.737 servicios policiales asociados al delito de maltrato animal.
No obstante, el problema de las denuncias de criaderos irregulares es que las sanciones van para los administradores y no para la entidad jurídica, por lo que muchas veces estos criaderos siguen funcionando.
“Ahora el Gobierno debería prontamente lanzar el catastro, ya que es muy importante para poder empezar a ver qué criaderos están regulados y cuáles no cumplen con los requisitos legales para existir. Pero nada de esto está implementado 1oo%, porque faltaba esta patita de la autoridad sanitaria”, afirma Binfa.
¿Cómo afecta este tipo de maltrato al animal?
Según Javiera Vergara, médica veterinaria de Pawer, los animales expuestos a un criadero irregular pueden presentan problemas en su conducta como agresividad, estrés, ansiedad, miedo extremo, estereotipas, inhabilidades sociales con humanos u otros animales, insomnio, dificultad aprendizaje, auto traumatismo o automutilaciones.
Respecto a la salud, la experta advierte que hay distintas dimensiones, desde enfermedades localizadas, hasta enfermedades que afecten a muchos órganos, situación que los pueden llevar a la muerte.
“Hay un riesgo de muerte constante, con una mala alimentación, sin los protocolos veterinarios de vacunación o de manejos básicos están susceptibles a contagiarse de virus que puede ser transmitido de la madre a los cachorros. Muchos de ellos no nacen sanos tampoco”, complementa Echeverría.
Otro riesgo, que es una práctica común en algunas razas, son las mutilaciones, como cortar las colas, orejas, cuerdas vocales y extracción de dientes o garras.
Vergara agrega que los criaderos irregulares tienen diferentes objetivos:
– Fomentar la compra de animales en un país donde existe sobrepoblación de animales callejeros, con o sin dueño, con una población con consciencia social y cívica nula, que carece de recursos y educación para mantener animales (seres vivos) en condiciones mínimas,
– Promover el uso de razas con fines estéticos con serios problemas de salud que atentan contra su bienestar físico y mental
– Uso de animales para establecer estatus sociales y económicos, además de su utilización en actividades ilícitas o violentas
Entre las consecuencias, detalla que esto conlleva a “perpetuar estereotipos, aumentar los problemas con respecto a los animales abandonados, perpetuar la consigna que los humanos tienen el derecho de conseguir beneficios económicos explotando y abusando de cualquier ser vivo que desee para la obtención de sus propósitos”.
El proceso anterior sobre la creación de una nueva Constitución, que fue rechazado por una amplia mayoría, no solo incorporaba a los animales como seres sintientes, sino que también los identificaba como seres que tenían un derecho a una vida libre de maltrato.
“Una normativa de ese tipo, muy vanguardista a nivel internacional, hubiese sido muy buena para estos casos, ya que derechamente la hubiésemos invocado como un derecho vulnerado. Entonces hubiésemos tenido una acción mucho más eficaz para ir tribunales y reclamar estas vulneraciones”, destaca José Binfa.
Asimismo, destaca que en el proceso actual se ha visto menos interés que en el proceso anterior de reconocer estos temas.
La estimación de que la Fundación APLA es que, en el desarrollo de esta nueva propuesta, solo seis personas que apoyan esta iniciativa fueron electos para ser consejeros constitucionales, es decir, alrededor del 12%, a diferencia de las aproximadamente 70 personas que lo hacían en la instancia anterior. Esto, para los expertos, evidencia una inminente dificultad para incorporar los derechos de los animales en este nuevo proceso.
