Ante la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de aplazar el debate sobre la despenalización del aborto, feministas y defensoras de derechos advierten a los magistrados que serán responsables de más muertes de mujeres y niñas en el país.

El aborto se castiga en Brasil con hasta tres años de prisión y solo se permite por tres motivos: violación, riesgo para la vida de la persona embarazada y – tras un fallo del Tribunal Supremo de 2012 – cuando el feto sufre anencefalia, un defecto congénito mortal.

En septiembre, parecía que por fin se vislumbraba un cambio cuando la entonces presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, a punto de jubilarse, abrió una sesión plenaria virtual y votó a favor de despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.

Weber argumentó que el código penal es contrario a la Constitución, ya que viola los derechos de las mujeres a la igualdad, la no discriminación, la intimidad y la salud, en particular sus derechos sexuales y reproductivos.

Pero poco después, el sustituto de Weber en la presidencia del tribunal, el magistrado Luís Roberto Barroso, suspendió el debate virtual, dando largas al asunto con la promesa de programar sesiones presenciales más adelante.

Hay quienes creen que el aplazamiento de Barroso es estratégico, ya que no está claro que exista una mayoría favorable a despenalizar el aborto en el tribunal de 11 integrantes. Pero su decisión fue recibida con rabia por activistas feministas para quienes las mujeres y las niñas no pueden permitirse esperar más para acceder a un aborto seguro.

La antropóloga feminista Débora Diniz, fundadora del Instituto Anis de Bioética, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de los derechos reproductivos y sexuales, dijo a openDemocracy que "ya llegó el momento" de despenalizar el aborto.

El delito de aborto fue tipificado por el Código Penal brasileño de 1940, anterior a la Constitución de 1988 que consagró el acceso a la salud como un derecho fundamental. Desde entonces, las mujeres enfrentan persecución e interrupciones del embarazo inseguras.

En Brasil muere una de cada 28 mujeres hospitalizadas en centros públicos tras someterse a un aborto inseguro o por complicaciones posaborto, según una investigación publicada por Gênero e Número, medio de periodismo de datos sobre género y raza.

El riesgo es el doble para las mujeres de color, que "están en mayor desventaja que las blancas en cuanto al acceso a los servicios y acabarán tomando decisiones más radicales que las lleven a la muerte", afirma Emanuelle Goes, epidemióloga e investigadora asociada del Centro de Integración de Datos y Conocimientos para la Salud de la Fundación Oswaldo Cruz, principal organismo público brasileño de ciencias de la salud.

Al anunciar el debate, Weber dijo: "Los abortos inseguros y su mayor riesgo de mortalidad revelan el impacto desproporcionado de la ley que castiga las interrupciones voluntarias del embarazo" por razones de género, pero también de "raza y condiciones socioeconómicas".

La entonces presidenta del Supremo también señaló que la Constitución brasileña no establece una protección absoluta a los fetos o embriones, pues solo reconoce derechos fundamentales a las personas "nacidas".

Diniz condenó a los magistrados del Tribunal Supremo que congelaron el intento de Weber de despenalizar el aborto: "Los que están en el poder son responsables de dejar morir a la gente, de dejar sufrir a la gente. Estos jueces tienen que cerrar este capítulo de la historia".

Las mujeres y las niñas no pueden esperar más

Más de la mitad de las mujeres brasileñas que abortan tienen menos de 20 años, el 46% tienen entre 16 y 19 años, y el 6% entre 12 y 14, según la Encuesta Nacional sobre el Aborto 2021. Como la edad de consentimiento en Brasil es de 14 años, cualquier persona menor que se quede embarazada se considera víctima de violación y tiene derecho a abortar.

Pero el acceso a este derecho se ve obstaculizado por el personal médico y policial que niega la atención basándose en sus creencias personales, así como por la falta de servicios en hospitales públicos y el acoso de activistas ultraconservadores.

En 2020, en São Mateus, municipio del nordeste de Brasil en el estado de Espírito Santo, se le negó la posibilidad de abortar a una niña de 10 años que había sido violada, incluso después de obtener permiso judicial. Ella y su familia tuvieron que viajar a otra ciudad para conseguir un aborto legal.

Pero el calvario no terminó ahí. La niña fue expuesta en las redes sociales, lo que llevó a fanáticos religiosos a irrumpir en el hospital al grito de "asesinos". La entonces ministra de la Mujer y los Derechos Humanos, Damares Alves, envió a integrantes de su equipo al lugar para intentar impedir que se practicara el aborto.

Alves, ahora senadora, fue ministra del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, que introdujo una serie de medidas para obstaculizar aún más el acceso a los abortos legales. Entre ellas, ordenar al personal sanitario que llamara a la policía cuando una paciente víctima de abusos sexuales requiriera un aborto legal y que ofreciera a la paciente una ecografía para "ver el feto o el embrión".

Bolsonaro fue derrotado por el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Pero Brasil aún está emergiendo de las consecuencias de su presidencia, marcada por políticas draconianas y años de inestabilidad democrática – incluido el intento de insurrección del 8 de enero – que coincidieron con una pandemia devastadora.

"A pesar de que las mujeres viven un tiempo de urgencia, el tiempo político es más complejo", afirmó Diniz. "En un patriarcado racista, nunca es el momento oportuno para que los hombres decidan sobre el aborto, siempre dirán que es un momento demasiado peligroso para eso".

"Tenemos un ejército"

La lucha por el aborto legal hizo emerger un intenso debate entre movimientos feministas como la campaña Nem presa nem morta ('Ni presa ni muerta'), lanzada en 2018, y actores ultraconservadores y religiosos.

Poco después de que Weber abriera el debate sobre la despenalización, la extrema derecha, fuerte y bien organizada en el Congreso, lanzó un ataque contra el Tribunal Supremo, mientras que la Conferencia Nacional de Obispos Católicos instó al tribunal a desestimar el debate.

El 8 de octubre, ‘Día del no nacido’ en Brasil, se celebró en el Senado una sesión especial sobre el aborto en protesta por la decisión de Weber.

El senador Malta comparó al Poder Judicial con una dictadura y afirmó que el tribunal quería obligar al Congreso a desempeñar un papel "subordinado" en la definición de las políticas públicas sobre drogas y aborto. También acusó a la magistrada Weber de votar a favor de legalizar "la muerte de inocentes".

La extrema derecha también ha chantajeado al gobierno de Lula, que no tiene mayoría en el Congreso. En la campaña presidencial, Lula intentó apaciguar al electorado conservador con la promesa de que no tocaría la regulación existente sobre aborto. En una sesión en la Cámara de Diputados en agosto, miembros de la extrema derecha le exigieron a Lula que cumpliera esa promesa o se enfrentaría a una "guerra contra el ejecutivo".

Los diputados Eduardo Bolsonaro – hijo del expresidente –, Bia Kicis, Marco Feliciano, Silas Câmara y Chris Tonietto y el senador Magno Malta amenazaron con organizar manifestaciones callejeras y celebrar sesiones y debates en el Congreso contra cualquier decisión de despenalizar el aborto o la marihuana o de conceder a jóvenes trans acceso a la atención sanitaria de género.

"Tenemos un ejército, un ejército bien disciplinado, bien entrenado, que sabe ejercer sus prerrogativas", dijo Câmara. "Si ellos [el Tribunal Supremo y el presidente] se atreven a enfrentarnos, nos tendrán unidos y haciendo nuestro papel de personas que están absolutamente seguras de que Brasil está mejor en manos de nuestro ser supremo, Dios".

Sosteniendo una réplica de goma de un feto, Malta afirmó que las mujeres y los fetos deberían tener los mismos derechos. "El día de la mujer debería ser el día del útero", sostuvo. Discursos de similar tono amenazante continuaron durante más de una hora.

Más de 40 parlamentarios antiabortistas o cristianos presentaron luego una solicitud de plebiscito para preguntar al electorado: "¿Está usted a favor de legalizar el crimen del aborto?".

Estos legisladores sostienen que el Tribunal Supremo se extralimita en sus competencias y legisla de forma encubierta al intentar pronunciarse sobre la penalización del aborto.

Diniz discrepa: "La revisión constitucional de las leyes es algo que el Tribunal Supremo hace todos los días, y no debe confundirse con legislar".

Para que el plebiscito se celebre debe ser aprobado previamente por el Senado y la Cámara de Diputados; la solicitud se encuentra ahora bajo examen de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía.

Opiniones cambiantes

En Brasil, una de cada siete mujeres de 40 años ha abortado al menos una vez a lo largo de su vida, según la Encuesta Nacional sobre el Aborto 2021, coordinada por Diniz, Marcelo Medeiros, profesor visitante de la Universidad de Columbia, y Alberto Madeiro, profesor de la Universidad Estatal de Piauí.

Aunque abortan personas de todos los estratos sociales, etnias y edades, la práctica es más frecuente entre los grupos vulnerados, como las mujeres negras e indígenas, las que viven en los estados más pobres del norte y nordeste, las que tienen menos estudios y las jóvenes.

De las encuestadas que pasaron por un aborto, 43% dijeron que las habían llevado de urgencia al hospital para completar los procedimientos o para recibir atención por complicaciones posaborto tras recurrir a métodos inseguros impuestos por la penalización.

Los riesgos son mayores para las mujeres y niñas que acuden a hospitales públicos, que suelen tener peor infraestructura que los privados y cuyo personal tiene más probabilidades de negarse a practicar abortos o de llamar a la policía.

Pero cuando se trata de saber qué piensa la gente sobre el aborto, Diniz cree que las encuestadoras han sido en general sesgadas y han formulado las preguntas para obtener la respuesta que querían.

"La pregunta se hace en un contexto de criminalización: '¿Estás a favor o en contra del aborto?’. Hace falta mucho coraje para decir que estás a favor", dijo Diniz. Ante una pregunta formulada de esta manera, alrededor de 70% de los encuestados el año pasado dijeron que no estaban a favor del aborto.

Pero cuando la pregunta se formula de otro modo, el resultado es muy distinto.

Investigadoras del Centro de Estudios y Asesoría Feminista, el centro de pensamiento Sexuality Policy Watch y el Centro de Estudios de Opinión Pública analizaron encuestas de opinión realizadas por el Instituto da Democracia entre 2018 y 2023 que preguntaban: "¿Está a favor o en contra de encarcelar a las mujeres que abortan?".

Sus hallazgos sugieren que el número de personas que están en contra del encarcelamiento por aborto está creciendo en todos los grupos demográficos, incluso aquellos que anteriormente se inclinaban de forma abrumadora a favor del encarcelamiento, como los católicos y los evangélicos. En las encuestas realizadas este año, el 59% de las personas entrevistadas se declararon contrarias a encarcelar a las mujeres.

"La empatía con las mujeres que abortan creció en la era Bolsonaro, cuando la posición contra el aborto se convirtió en una política de Estado", dijo a openDemocracy la investigadora y activista feminista Sônia Corrêa, coordinadora de Sexuality Policy Watch.

Corrêa cree que el acoso sufrido por la niña de 10 años de Espírito Santo que necesitaba abortar en 2020 también influyó en el cambio de actitud. "La conversación sobre la despenalización y el apoyo a la flexibilización de la ley ha crecido mucho. Entre los jóvenes, pasó del 60% al 80%", dijo.

Diniz es coautora de una demanda de inconstitucionalidad – presentada en 2017 por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad y el Instituto Anis – que dio lugar a la decisión de Weber de abrir un debate en el Supremo Tribunal.

La demanda, conocida como ADPF 442, fue la primera acción presentada ante un alto tribunal latinoamericano para cuestionar la constitucionalidad del delito de aborto. Pero la acción se estancó en Brasil, mientras que las mujeres de otros países de la región lograban avances en su lucha por la despenalización.

Además de la legalización del aborto adoptada en Argentina en 2020, la Suprema Corte de México, por ejemplo, dictaminó en 2021 que las mujeres que abortan no deben ser castigadas, y eliminó el delito de su código penal federal este mes de septiembre. El año pasado, el Tribunal Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 23 semanas.

Para los movimientos de mujeres de Brasil, la votación de Weber fue prometedora tras cinco años de silencio. Ahora, muchas sienten que han vuelto al punto de partida. "Incluso la ONU ha declarado que mantener un embarazo contra la voluntad de la mujer puede equivaler a tortura", dijo Diniz a openDemocracy.

Las feministas sostienen que para lograr ahora un cambio, la cuestión debe desvincularse de los discursos políticos del pánico moral y del tabú religioso. Para Diniz, otros magistrados del Tribunal Supremo deben sostener el impulso de Weber a la despenalización. Cualquier otra cosa, dijo, mantendría a Brasil atrapado en "un tiempo cobarde" en el que las mujeres "sufren y mueren".