Conocido como "El Brujo" por sus adversarios y
Daniel o Lopecito por sus allegados, nació en Buenos Aires el 17/10/16 y murió
en prisión el 09/06/89. Secretario privado de Juan Perón y María Estela Martínez
de Perón, ejerció nefasta influencia sobre ambos. Fue ministro de Bienestar
Social durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Raúl
Alberto Lastiri y del propio Perón y organizó la Alianza Anticomunista Argentina
(Triple A), grupo armado ilegal, clandestino y paraestatal que llevó a cabo
innumerables amenazas de muerte y asesinatos. Obligado a renunciar a su cargo en
1975 huyó a Europa con un cargo oficial de fantasía otorgado por el Poder
Ejecutivo y estuvo prófugo de la Justicia durante diez años. Fue detenido en
Estados Unidos y trasladado a la Argentina, donde murió mientras era procesado
por cargos de múltiples homicidios, asociación ilícita y secuestros.
Fue todopoderoso. Creó una banda armada que asoló la Argentina de los años 70.
Creyó suceder a Perón. Fue barrido del poder. Hoy salen a la luz algunos
episodios desconocidos de aquellos días de 1975: el preludio del horror.
Por Alberto Amato y Guido Brasvavsky
Señores, están rodeados. Pongan sus armas en el piso, dejen las manos en alto,
mis soldados van a revisarlos. Después, dan media vuelta y se van a sus casas.
Era el atardecer del sábado 19 de julio de 1975. El coronel Jorge Felipe Sosa
Molina, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, el
cuerpo que por tradición se encarga de proteger a los presidentes argentinos, no
podía creer lo que veía. Escopetas Itaka, las por entonces modernas
ametralladoras israelíes Uzi y otras aún más nuevas importadas de Bélgica,
pistolas automáticas y hasta algunas granadas de mano habían quedado en el
césped de la residencia presidencial de Olivos: minutos antes, ese arsenal
estaba en manos de la custodia de José López Rega quien, caído en desgracia,
estaba a punto de dejar el país. Cerca de doscientos civiles, muchos de ellos
integrantes de la Triple A, la organización terrorista de ultraderecha que asoló
la Argentina de los años 70 creada al amparo de López Rega, habían intentado
copar la residencia de María Estela Martínez de Perón en un intento por salvar a
su jefe: no hubieran podido lograrlo, pero casi desatan una tragedia. A la caída
del sol invernal, uno de los oficiales de Granaderos le dijo a Sosa Molina que
el grupo armado intentaba forzar los portones de entrada a la residencia que dan
a la calle Villate. ¿Qué hacemos -quiso saber el oficial- ¿Les impedimos la
entrada? Sosa Molina dijo que no. Pero dispuso el desplazamiento de cuatro
carriers blindados M-113 y desplegó un escuadrón reforzado -ciento cincuenta
granaderos- para embolsar a la banda lopezreguista, que finalmente entró a los
jardines de la residencia para caer en la trampa. En minutos, sin disparar un
solo tiro, uno de los ejércitos privados más poderosos del país había quedado
inerme.-
Hágase cargo de eso -le dijo Sosa Molina al jefe de la Casa Militar, capitán de
navío Enrique Ventureira, después de echarle un último vistazo al fierrerío. El
marino no mostró demasiada sorpresa. Esta vez, la cantidad era mayor, pero no
era la primera vez que la guardia militar de Olivos, que revisaba uno por uno
los autos que ingresaban a la residencia, secuestraba del interior de los
vehículos de Bienestar Social armas y explosivos. López Rega no estaba en
Olivos. Políticamente cercado, sin el apoyo del sector militar que había
tolerado sus andanzas y las de la Triple A, y que ya intuía y preparaba el golpe
del 24 de marzo de 1976, peleado para siempre con los dirigentes gremiales que
en algún momento lo habían apoyado, López Rega estaba obligado a abandonar el
país. El día anterior la presidenta había recibido un ultimátum del ministro de
Defensa, Jorge Garrido, que hablaba en nombre de los jefes del Ejército, Alberto
Numa Laplane; de la Armada, Emilio Massera, y de la Fuerza Aérea, Héctor
Fautario. Una intimación similar le había hecho el ministro de Justicia, Ernesto
Corvalán Nanclares, que conocía la presión que los gremios hacían para el
alejamiento de López Rega. El empuje de la CGT que dirigía Casildo Herreras y de
las 62 Organizaciones, al mando de Lorenzo Miguel, también se había hecho sentir
sobre Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega.
El Brujo, como se lo llamó, para su deleite, por su pasión por los ritos
esotéricos, la emisión de energía y las profundidades enigmáticas del más allá
que quedaron expresados en sus escritos tan agromegálicos como inteligibles,
debía abandonar el país.
El Descamisado Nº 10, 24 de
julio 1973.
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De modo que a la misma hora en la
que su guardia pretoriana abandonaba sus armas, el ex ministro viajaba desde
Olivos a la que fuera la residencia de Perón en Vicente López, la de Gaspar
Campos 1065. Para cuando llegó, el ex jefe de la custodia de Perón, Juan Esquer,
ya había recibido un llamado de Sosa Molina: no se le debía permitir a López
Rega alzarse con alguno de los objetos de Perón. Esquer cumplió con el pedido y
López Rega dejó Gaspar Campos con dos valijas en las que llevaba objetos
personales, algunos de sus voluminosos libros sobre esoterismo y un par de
trajes. Tal vez buscara, en vano, la capa azul grisáceo de teniente general que
supo lucir Perón y con la que, luego de su muerte, López Rega se paseó por los
jardines de la quinta presidencial. Veintitrés años después de la caída de López
Rega, Sosa Molina se avino a narrar a Zona parte de la historia todavía secreta
sobre sus últimas horas en el país y en el poder.
Aquella misma tarde, tras desarmar a
los hombres que conformaban la custodia de todos los organismos dependientes de
Bienestar Social (López Rega tenía además su guardia personal) y antes de que el
ex ministro regresara a Olivos para despedirse de la presidenta, al jefe de
Granaderos le esperaba, si bien no una batalla, una escaramuza con su
protegida.-Coronel, ¿estoy presa? -le preguntó al borde de la histeria María
Estela Martínez, las manos crispadas sobre los brazos del sillón -¿Cómo me
pregunta eso, señora...?! -contestó Sosa Molina. -Es que no veo a Rovira ni a
Almirón! ¿Adónde están...? -quiso saber la presidenta, en referencia al
subcomisario Rodolfo Almirón y a Miguel Angel Rovira, brazos (y armas) derechos
de López Rega, y a quienes se sindicaba como alma máter de la Triple A.
-Rovira y Almirón no son su
custodia, señora -dijo Sosa Molina- , son custodios del señor López Rega. Su
custodia es la Policía Federal, que está aquí. La presidenta no se tranquilizó.
Por el contrario, y de acuerdo a lo que era su conducta habitual, que oscilaba
entre profundos pozos depresivos y estados de euforia y excitación casi
incontrolables, insistió:
-No, no... Pero, dígame: ¿estoy presa? Porque todo este dispositivo, y las armas
que les han quitado... ¿Qué significa esto...?
!El militar intentó calmarla.-¿Qué es lo que quiere usted en este momento,
señora?
-Quiero que venga Almirón acá -contestó la presidenta.
El oficial envió por el subcomisario.
-Vaya con la señora -le ordenó
cuando llegó. La presidenta, entre murmullos y amago de sollozos, casi como una
letanía, repitió que se sentía presa. Sosa Molina la miró a los ojos. Debe haber
visto una enorme fragilidad en aquella mujer casi deshecha, de peinado alto,
extraordinariamente pálida, envuelta en el luto profundo que vestía a un mes y
dieciocho días de la muerte de su marido, desbordada por el vértigo y la
incertidumbre. Arriesgó:
-Señora, en este momento estamos asegurando su vida. Tenga la seguridad de que
la estamos defendiendo. La presidenta pareció comprender. Pareció
tranquilizarse. Sosa Molina volvió a su oficina. López Rega pasó fugazmente por
Olivos para despedirse de María Estela Martínez. En Aeroparque lo esperaba el
avión presidencial T-02 Patagonia. En él dejaría el país. No regresaría sino
hasta 1986, extraditado luego de ser apresado por el FBI en Miami. Vivía en
Bahamas y tenía una casa en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Lo
acusaron de los crímenes cometidos por la Triple A.
El asesino Almirón (de barba)
fue custodio de Perón e Isabel.
Tras la muerte de Perón, el 1 de
julio de 1974, el poder de López Rega creció. La Triple A empezó a firmar con
nombre y apellido sus crímenes y a justificarlos como una forma de frenar el
embate de los grupos guerrilleros. Su abrupta desaparición, luego del golpe de
1976, supone su integración al aparato de terrorismo de Estado que instauró el
Proceso de Reorganización Nacional. De allí que se sospeche que entre sus
miembros hubo, además de elementos de la ultraderecha, policías y militares. Sin
embargo, una de las primeras denuncias contra la Triple A provino de un miembro
del Ejército.
En abril de 1975 el teniente de Granaderos Juan Carlos Segura llegó a su
regimiento demudado. El auto con el que daba protección a la columna de
caballería que rendía honores a un embajador se había detenido al 3200 de la
avenida Figueroa Alcorta. Había recibido ayuda de un policía que estaba de
guardia frente al 3297. Como el auxilio iba a tardar -recuerda hoy Sosa Molina-
lo invitaron a almorzar. Le presentan a una secretaria de López Rega y la gente
de allí le dice que operan con oficiales de las tres fuerzas armadas y le dan
unas revistas, creo que estaba Felipe Romeo en eso (N. de la R.: Se refiere al
editor de un semanario político de entonces llamado El Caudillo), una de las
cuales decía que el mejor enemigo es el enemigo muerto. El oficial me lo contó
con la certeza de que había estado en el lugar más importante de las Tres A.
Sosa Molina hizo poner la denuncia por escrito, le pidió a Segura que no la
rubricara con su firma habitual y la llevó personalmente, con su propia firma, a
la Jefatura III de Operaciones del Ejército, a cargo del general Francisco
Rosas. Pedía que se iniciara una investigación sobre la eventual participación
de miembros de las fuerzas armadas en la Triple A. En esos días el jefe del
Ejército era el general Leandro Anaya, de viaje en Bolivia en esa época. El jefe
del Estado Mayor General del Ejército era el general Jorge Rafael Videla, que
pocos días después hizo llamar a Sosa Molina para recibirlo junto a otros jefes
militares, entre ellos los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez
Mason.
-Coronel -dijo Videla- , lo mandé llamar porque acá hay una denuncia suya sobre
las Tres A.
-Es un pedido de investigación, no una denuncia -respondió Sosa Molina.
-Acá se está tocando la posible participación de oficiales de las tres fuerzas
armadas. Esto no se puede investigar en Ejército. Tengo que elevarlo al
Ministerio de Defensa -agregó Videla, según recuerda hoy Sosa Molina- . Y usted
sabe que el ministro Savino es muy amigo de López Rega...
El
29 de enero de 1974 la Triple A difunde en Buenos Aires una “lista negra” de
personalidades que “serán inmediatamente ejecutadas en donde se las
encuentre”. La lista incluye a Hugo Bressano (Nahuel Moreno, dirigente del
PST),
Silvio Frondizi, Mario Hernández, Gustavo Roca y
Mario Roberto Santucho
(dirigentes del PRT/ERP); los dirigentes sindicales Armando Jaime,
Raimundo Ongaro, Rene Salamanca (PCR) y Agustín Tosco;
Rodolfo Puiggros – ex rector de la UBA – Manuel
Gaggero (director del diario El Mundo), Roberto Quieto (dirigente de FAR y luego
de Montoneros),
Julio Troxler ex subjefe de policía de la Pcia. de
Buenos Aires y cercano al Peronismo de Base; coroneles Perlinger y Cesio,
Monseñor Angelelli; senador nacional Luís Carnevale y otros, la mayoría de
los cuales serían asesinados en el futuro cercano.
-Yo hice un pedido de investigación
-contestó Sosa Molina- que todo el mundo conoce porque reuní a los oficiales de
mi regimiento para explicarles esto.
-Coronel, no esperaba otra cosa -dijo Videla, que estrechó la mano del jefe de
Granaderos. Lo mismo hicieron el resto de los generales. Videla elevó el pedido
de investigación al ministro Savino, que citó al general Anaya para cuando
regresara de su gira por el Altiplano. A través de varios testimonios de
militares retirados y de algunos ex funcionarios del gobierno peronista, Zona
pudo reconstruir el diálogo, más bien el monólogo, de Savino con Anaya, que
revela también que algunos sectores de las fuerzas armadas no fueron ajenos a la
banda Triple A:
-Hijo de puta! -le dijo Savino a Anaya apenas traspuso las puertas de su
despacho- ¿Ahora venís vos con esta denuncia? ¿Vos no conocés igual que yo todo
esto...? Los memoriosos de entonces recuerdan incluso que el entonces ayudante
del general Anaya, el teniente coronel Miguel van der Broeck, que murió hace dos
años, se fue del despacho de Savino, avergonzado por el trato que recibía su
comandante. Días más tarde, José López Rega citó al coronel Sosa Molina a su
despacho. Le preguntó si había hecho una denuncia contra él acusándolo de ser el
jefe de la Triple A. Antes de contestar, el militar notó una sombra a sus
espaldas. Giró la cabeza y vio al subcomisario Almirón, jefe de la custodia
personal de López Rega. ¿Qué hace acá atrás Almirón? preguntó Sosa Molina. El
ministro entendió enseguida. Dijo que se trataba de un exceso de celo de su
pretor, le pidió que se retirara y, con lágrimas en los ojos, le juró al militar
que él sólo dedicaba sus días a la grandeza del país.
En Olivos, los días del ascenso del lopezreguismo no eran calmos. En algún
momento las fuerzas armadas llegaron a temer un operativo guerrillero, en
especial de Montoneros, para secuestrar a la presidenta. Y eran de rutina los
ejercicios militares destinados a evitarlo. Aun en el delirio de aquellos días,
la idea suena descabellada. Sin embargo, Montoneros no descartaba la idea de
asesinar a José López Rega. En diálogo con Zona, el ex jefe montonero Roberto
Cirilo Perdía admitió que hubo un plan para asesinar al ministro de Bienestar
Social.
López Rega explica "las
particularidades de su ministerio"
-Al cabo de los años, uno nota que
los enfrentamientos que derivaron muchas veces en choques armados, como por
ejemplo con la mayor parte del sindicalismo, fueron inconducentes. En cambio, la
caracterización de López Rega como enemigo del peronismo sigue siendo válida. En
aquel momento, había cierta parálisis en el movimiento popular, fruto del
accionar de la Triple A. Pero había un crecimiento de la lucha sindical muy
importante, sobre todo en las grandes fábricas. La Triple A fue el antecedente
inmediato de lo que sería después el golpe de Estado. Son conocidos algunos
hechos de la Triple A, pero detrás de esos hechos importantes hay una franja de
la dirigencia sindical de entonces que fue muy golpeada por las Tres A. Creo que
la dirigencia civil de la época, que no investigó, tiene buena cuota de
responsabilidad.
En El burgués maldito - La historia
secreta de José Ber Gelbard, su autora, María Seoane, afirma que en agosto de
1974, el entonces ministro de Economía pidió a Montoneros la eliminación de su
par en el gabinete: Tienen que matarlo a López Rega, le dijo Gelbard a Norberto
Habegger. Gelbard fundamentó su pedido en que, sin López, Isabel gobernaría
diferente y que, de lo contrario, la cosa va a terminar mal, muy mal... Lo
cierto es que, según Perdía, entre enero y febrero de 1975, la dirigencia
superior y media de Montoneros votó sobre cómo había que matar a López Rega. La
pregunta clave era si se atacaba al ministro aun a riesgo de que resultara
herida o muerta la presidenta de la Nación. Se decidió preservar a la
presidenta:
Las amenazas y la
persecución obligó al exilio a cientos de artistas populares.
Por respeto a Perón -sostiene hoy
Perdía- y por respeto al sistema constitucional: nosotros queríamos que Isabel
terminara su mandato. Montoneros planeó asesinar a López Rega en los contados
momentos que el ministro pasaba lejos de la presidenta.-La idea era sorprenderlo
en su auto cuando se movía solo. Se trabajó en esto durante cuatro o cinco
meses. El plan, en el que se calculó la participación de no menos veinte
personas, estaba terminado y en operaciones. Había un solo escenario posible
para llevarlo a cabo. No se dio porque, en esos días, López Rega termina su vida
política de la mano del rodrigazo.
Celestino Rodrigo, un hombre cercano
a López Rega, asumió como ministro de Economía el lunes 2 de junio de 1975. Al
día siguiente las naftas aumentaron entre el 127 y el 181 por ciento, el kerosén
el 50 por ciento, como el gasoil; dos días después el boleto mínimo aumentó el
50 por ciento, la leche el 23, el pan el 20, los taxis el 140 por ciento, el
cospel de subterráneo el 150 por ciento. La batalla desatada entre el gobierno y
los gremios para igualar precios con salarios terminó con Rodrigo, su plan
económico y con el imperio de López Rega, que, para atenuar las críticas, tomó
unas vacaciones en Río de Janeiro. Volvió con una bravuconada: Llego al país con
ánimos renovados para darles duro a quienes no quieren colaborar con la patria.
Y a los que tengan la cabeza dura, les vamos a encontrar una maza adecuada a su
dureza: el quebracho de la Argentina es muy bueno.
La crisis y el acaparamiento hacían que en los estantes de los supermercados no
hubiese ni siquiera papel higiénico: Total... Para lo que uno come..., ironizaba
desde el escenario del Embassy, feroz, inolvidable, Susana Rinaldi. El 11 de
julio, López Rega, Savino y el ministro del Interior, Alberto Rocamora,
renunciaron. El día antes, la CGT y las 62 Organizaciones habían triunfado en su
pulseada con el gobierno. López retuvo su cargo de secretario privado de María
Estela Martínez, que se recluyó en Olivos. Rodrigo duró sólo una semana más.
Renunció el 18. Durante esa semana, López Rega digitó la entrada de los
ministros a Olivos y hasta le cerró el paso al de Interior, Antonio Benítez.
Pero el 18 su suerte estaba echada. Ni siquiera tenía el apoyo de Massera, con
quien mantuvo una relación casi idílica que terminó casi a puñetazos. El
ministro de Defensa, Jorge Garrido, es quien lleva el ultimátum militar a la
presidenta: los jefes de las fuerzas armadas exigen que López Rega abandone todo
tipo de influencia sobre el gobierno y que dejen el gabinete todos quienes
tengan vinculación con el ex ministro. La presidenta reacciona con violencia,
dice que su investidura le permite elegir a quien quiera.
Pero
de los gremios no vienen mejores noticias para la viuda de Perón: también exigen
el alejamiento de López Rega. Garrido se va de Olivos, ya en la noche del
viernes, y se reúne con los comandantes. Esa misma noche el coronel Sosa Molina
recibió un insólito llamado telefónico. Era poco lo que podía asombrar ya al
militar: un día, uno de sus oficiales había sorprendido a López Rega mientras
abofeteaba a la presidenta. El joven había empuñado su pistola e interrogado a
la viuda de Perón sobre qué quería que hiciera: No, no, deje... -fue la
respuesta de la presidenta- . El me revitaliza... Lo que pasa es que yo a veces
me confundo... Pese a todo, la llamada del general Rosas sorprendió a Sosa
Molina: el ahora jefe de Estado Mayor del general Numa Laplane le pidió que
organizara el regimiento para darle seguridad al ministro de Defensa. Mañana
Garrido va a ir a hablar asuntos muy importantes con la presidenta -le dijo- .
Tome todas las medidas para que no haya interferencias.
Al día siguiente, sábado 19, Sosa Molina, que ya había reforzado su escuadrón,
colocó a cinco de sus oficiales alrededor de la casa donde conferenciaron la
presidenta y su ministro, que duró media hora. A partir de allí, todo fue
vértigo y comedia. López Rega iba a dejar el país en el avión presidencial. Se
consulta a la Fuerza Aérea sobre la disponibilidad del avión. El brigadier
Fautario responde que el avión está a disposición del jefe de la Casa Militar,
un marino. Se consulta a la Marina: su comandante, el almirante Massera, dice
que es un asunto de la Aeronáutica. Alguien consulta a Ejército y recibe el
consejo de no entrometerse. Finalmente, el capitán de navío Ventureira toma la
cuestión por las turbinas y alista el avión presidencial, que queda a la espera
en Aeroparque.
Ventureira era otro curado de espanto con López Rega. A principios de ese año,
al asumir como jefe de la Casa Militar, el ministro lo había invitado a tomar un
whisky y a recorrer Olivos. Con su voz de retintín y sin decir agua va, le soltó
de pronto:
Además, yo sé lo que se dice por allí, que yo ando con la señora. Pero yo le
aseguro, capitán de navío, que hace veinte años que no ejerzo. Mientras el avión
espera, cae la tarde del sábado 19 de julio, López Rega va a Gaspar Campos. Su
ejército privado va al rescate de quien no está en Olivos y queda desarmado. El
ex ministro vuelve para su fugaz despedida con la presidenta. Una caravana de
autos lo lleva en minutos hasta Aeroparque. Pero... falta un último detalle. El
estruendo de las motos, los autos y las sirenas no se había apagado en Olivos,
cuando un sufrido motociclista de la Federal regresó demudado: Falta el
diploma... El diploma..., dijo casi desfalleciente. Desde el interior de la
residencia alguien le alcanzó un tubo negro, de plástico, que supuestamente
contenía el nombramiento de López Rega como embajador plenipotenciario de la
Argentina en alguna parte del planeta. Fue lo que exhibió el ex ministro al
trepar la escalerilla del T-02: Soy embajador... Soy embajador, gritó con su voz
de tenor frustrado que soñó alguna vez ser el duque de Mantua en el Colón y
apenas si rozó a Rigoletto, sin la grandeza de Verdi.
Murió el del 9 de junio de 1989. Estaba preso, solo, casi ciego, a la espera de
un juicio que nunca se celebró, por unos crímenes que jamás encontraron castigo.
Se llevó a la tumba, entre otros secretos, el enigma de su personalidad. Sólo el
olvido sabe quién fue.
Clarín, 28/06/98
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UNA IMAGEN DE TERROR. Por decreto 1350 del 3 de mayo de 1974,
firmado por el presidente Perón, el cabo José López Rega, cabeza de
la banda clandestina paraestatal Alianza Anticomunista Argentina,
autora de más de 1.500 crímenes entre 1973 y 1976, fue ascendido a
comisario general. Ascendió doce grados en un solo día.
Córdoba, 1975, una patota baja de un
Chevrolet 400, sin patente visible, armas en mano con total
impunidad.
Ya instalado Perón como presidente –en octubre de 1973– cierta esperanzada
lógica de los hechos políticos se atrevía a conjeturar una declinación de la
violencia. No obstante, había quienes no lo creían así, y quienes necesitaban
que así no fuera: López, el principal. El monje umbandista requería –para el
desarrollo de su metodología criminal– que la guerrilla continuara actuando, que
le entregaran un marco justificatorio a su “respuesta” asesina.
Hay un hecho decisivo: el asesinato de Rucci. Este asesinato ocurre casi en
terrorífica simultaneidad con el triunfo de Perón en las elecciones de
septiembre de 1973. Había una esperanza (insisto) en la sociedad civil: el
acceso de Perón al gobierno –con una mayoría de votos abrumadora– implicaba el
refuerzo de la racionalidad política, del constitucionalismo. Así, el asesinato
de Rucci implicó la quiebra de esta posibilidad.
¿Quién mató a Rucci? Hoy se tejen toda clase de conjeturas, pero –en septiembre
del 73– los Montoneros hicieron correr una contundente versión: habían sido
ellos. “Una apretada de los Montos”, se decía. “Lo hicieron para apretarlo al
Viejo”. Eran los tiempos en que las versiones tenían absoluta coherencia, pues
había una aberrante metodología política: “Primero hay que tirar un cadáver
sobre la mesa de negociaciones y después negociar”. Nada prueba que ese cadáver
lo hayan producido los Montos, pero es cierto que lo utilizaron. Y la respuesta
no demoró ni un día: un militante de la tendencia –Enrique Grinberg– fue
asesinado. López exhibía reflejos veloces.
El asesinato de Rucci le vino como anillo al dedo a Lopecito. Ahora podía
susurrarle a Perón la “necesidad” de crear un “escuadrón de la muerte”. Esto
fortalece cierta hipótesis: que haya sido López quien decidió el acribillamiento
de Rucci. (El macabro humor de la época no dejó de aprovechar este
“acribillamiento”: a Rucci le decían “galletita Traviata”, porque tenía
“veintidós agujeritos”.) Sea como fuere, los Montos se lo adjudicaron y con ello
agredieron a Perón y facilitaron los planes paranoicos de López.
Perón se opuso a la creación de “escuadrones de la muerte”. Y lo dijo
públicamente en diciembre de 1973. El texto es sustancial: “La República
Argentina –dijo el viejo– cuenta con un régimen de justicia y, por otra parte,
la Justicia no depende del Poder Ejecutivo. Es un poder independiente en el
país. Y nosotros respetamos a esa justicia que debe realizarse por vías de la
ley”. Y atención ahora: “Muchas veces me han dicho que creemos un batallón de la
muerte como el que tienen los brasileños, o que formemos una organización
para-policial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es
posible ni conveniente. Hay una ley y una justicia y quien delinca se enfrentará
a esa ley y a esa justicia por la vía natural que toda democracia asegura a la
ciudadanía. Creer lo contrario sería asegurar la injusticia, y andaríamos
matando gente en la calle que ni merece ni tiene por qué morir.” Y concluyó con
notable claridad: “Yo no he de entrar por el camino de la violencia, porque si a
la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no llegaremos
a ninguna solución.”
Isabel: "Nunca pensé tener
que suplantar a Perón"
Esta posición rescataba anteriores
frases del “Perón madrileño”. Recordemos: el régimen de Lanusse requería –en sus
negociaciones con Perón– que el general condenara a la guerrilla. Perón
–invariablemente– respondía: “A la violencia no se la combate con la violencia,
sino con la justicia social”.
Esas declaraciones de Perón (las de diciembre de 1973) tuvieron diversas
repercusiones. Por un lado, otorgaban cierta tranquilidad a la ciudadanía: el
anciano líder no incurriría en la violencia desquiciada y parainstitucional. No
obstante, contenían algo “preocupante”: “Muchas veces –había confesado Perón– me
han dicho que creemos un batallón de la muerte”. Y bien: ¿dónde radicaba lo
“preocupante” de esta confesión? No era demasiado arduo advertirlo: si alguien
le decía algo “muchas veces” a Perón, ese personaje –necesariamente– debía
mantener alguna cercanía con él. Y así era: ese personaje era López Rega. ¿Quién
otro podía ser?
López, entonces, le susurraba a Perón: “Hay que crear un batallón de la muerte”.
Perón se niega. Y hasta se niega públicamente. Confiesa el hecho: “Muchas
veces”, dice. Y también dice: “Alguien”. La frase, en suma, era ésta: “Muchas
veces López Rega me ha dicho que creemos un batallón de la muerte”.
Y aquí –aunque duela– es donde Perón se involucra con esta triste historia. El
–es cierto– se negó a la creación de escuadrones de la muerte. Y hay pruebas:
mientras gobernó, las acciones de la Triple A fueron mínimas. Es decir: Perón
controlaba los delirios criminales de López. Pero los conocía. Y este
conocimiento constituye una parte esencial de su cara oscura. Sabiéndose viejo y
enfermo (Cossio y Taiana se lo habían dicho), no ignorando la influencia que
López tenía sobre Isabel, ¿cómo le mantuvo sus poderes? ¿Ignoraba acaso que –una
vez producida su muerte– López pondría en vertiginosa acción a los escuadrones
de la muerte?
No desconozco que estas preguntas pueden enfurecer a ciertos peronistas. Pero
son preguntas que se ha hecho y se hará la sociedad argentina. Preguntas,
además, que han sido mal respondidas. Que han despertado el rencor
antiperonista. O la “chicana” torpe y mezquina. Conjeturo que enfrentarlas con
honestidad no es una tarea inútil.
Texto de la revista Estrella Roja Nº 38, 9 de agosto 1974
Esencialmente, intento responder los
siguientes puntos: ¿qué metodología de conducción utilizó Perón que –finalmente–
determinó que López quedara dueño de una enorme parte del poder del Estado? Y
también: ¿hubo una ruptura entre el gobierno de Isabel Perón y el de
Isabel-López o sólo una exasperación de tendencias ya definidas? Y si fue así,
¿por qué? Y si no fue así, ¿por qué? [...]
Si la política es un arte que trabaja sobre “realidades”; si vive condenada a
reflejar y expresarse a través de lo existente; si queda confinada al
reordenamiento de fuerzas y no a su creación, la política no puede ser sino
pendular, oscilará de un lugar hacia el otro determinada por las coyunturas, por
lo fáctico, por lo existente. Y si la política es el juego permanente del
pragmatismo pendular, y si esta metodología la ejerce un líder de masas cercano
a la muerte, ¿quién será su heredero? Muy simple: el heredero será aquel que se
encuentre bajo el péndulo cuando el Padre Eterno deje ser serlo y muera.
No es sencillo analizar la
metodología de la “conducción estratégica” durante este arduo y sobredeterminado
período de la historia argentina. No es sencillo juzgar a Perón. No lo hago, lo
interpreto. [...] Debe quedar claro que la metodología de Perón formaba parte de
una cultura política, de una cultura sometida a lo fáctico, a lo existente, al
desaforado pragmatismo. Perón, además, le agregó el toque de Von Clausewitz a
ese pragmatismo. Así, se acostumbró a ver a los sujetos políticos como fuerzas,
la escena política como campo de batalla, como líneas tácticas y estratégicas.
Movió sus piezas creyendo que continuaba siendo la “astucia de la historia”,
creyó que hacía la historia pero la historia lo desbordó. Ese anciano conmovedor
del 12 de junio de 1974 que jura no ceder ni ante la izquierda ni ante la
derecha, era ya una víctima de los demonios que había desatado con la
certidumbre –y la soberbia– de poder controlarlos.
No pudo hacerlo. Tampoco era el Padre Eterno porque murió como cualquier otro
ser humano, suceso en el que quizá nunca creyó del todo. Porque Perón hizo
política como si fuera inmortal. De lo contrario, hubiera moderado su péndulo.
No se hubiera jugado tanto a una línea, aun cuando su afán por frenar la otra
hubiese sido muy grande.
Las caras de Perón son, de este modo, múltiples:
Cooke es una caras de Perón, y
Evita otra, y Remorino, y Mercante. Y
Firmenich es una cara de Perón. Y también Isabel. Y
Cámpora. Y López Rega, desde luego, la peor de sus caras.
Así, el heredero fue, finalmente,
López Rega. O más exactamente: Isabel y López. ¿Por qué? Lo he dicho: porque era
el ala potenciada de Perón cuando lo sorprendió la muerte. Esto no implica una
elección ideológica de Perón. Implica un momento de pragmatismo. Estaba en la
tarea de descabezar la conducción montonera cuando murió. Estaba en la tarea de
“frenar a los duros”. Si Perón hubiera muerto en 1970, o en 1972, sus herederos
hubieran sido los combativos, los que levantaban la bandera del “socialismo
nacional”, la Jotapé,
Ongaro y hasta Tosco. Porque
eran ellos –los “duros”– quienes estaban en ese momento bajo el péndulo y
recibían las bendiciones del Padre Eterno.
En 1974 quedó López con Isabel. Y la
responsabilidad de Perón es grande: fue el precio con que pagó su pragmatismo
político, su visualización de la escena política como campo de fuerzas
enfrentadas, fuerzas que deben utilizarse las unas contra las otras para
neutralizarlas de acuerdo con la coyuntura de poder por la que se atraviesa.
“Barrer a la izquierda con la derecha y a la derecha con la izquierda”: sólo un
magistral ajedrecista, un mago de lo real puede razonar así. El precio fue alto
para Perón: dañó su imagen postrera, que tanto parecía cuidar. A veces se podía
creer que vislumbraba la muerte. Otras, que se creía eterno y se jugaba en
líneas extremas como si le sobrara el tiempo para encaminarlo todo en el momento
preciso.
¿Hubo prolongación entre su gobierno
y el de Isabel-López, o ruptura? Ambas cosas. Perón –jamás– cedió al terrorismo
de Estado. Siempre (también) se opuso a delegar la represión en las Fuerzas
Armadas. Nunca les hubiera dado la orden de “aniquilar” a la subversión, palabra
demasiado pesada en 1975, más allá o más acá de las distintas interpretaciones
que sobre ella se puedan ofrecer y al margen de cualquier repugnante
justificación utilizable por los genocidas procesistas.
Sin embargo, tendencias que se
exacerbaron luego de su muerte aparecieron en el gobierno de Perón y contaron
con su respaldo. Porque López Rega contó con su respaldo. [...] Además, Perón
sabía. Y ésta es la sombra que nos duele ver proyectarse sobre su imagen final,
la sombra que debió evitar y a la que su pragmatismo lo condenó. La sombra de
López Rega. Perón sabía que López quería armar los escuadrones de la muerte. Y
más aún: esos escuadrones actuaron durante su vida.
Actuaron contra Solari Yrigoyen. Y
actuaron durante el navarrazo. ¿O el navarrazo
(derrocamiento del gobierno constitucional de Córdoba en marzo de 1974) no fue
una actuación espectacular de la Triple A?
Pero –aun sabiendo– creía poder “conducir el desorden”. Era la hora de la
derecha en 1974. Lo era desde su regreso al país. Era la hora de frenar a los
duros. Era la hora de López Rega.
Se dirá: el 12 de junio comenzaba a cambiar todo. Se dirá: Perón ya había
derrocado políticamente a Montoneros, a partir de
allí empezaba a “abrirse” de la derecha. No lo niego: es posible. Pero si la
“conducción estratégica” vivía condenada a “operar sobre la realidad” y no a
“crearla”, ¿con qué fuerzas borraría ahora a la derecha”?
¿No queda claro, acaso, que el pragmatismo vive esclavo de lo existente? La
política, entonces, lejos de ser el arte de enfrentar fuerzas existentes, debe
ser el arte de crearlas. No hacerlo así fue el fracaso del anciano general.
Y este fracaso, trágicamente, tuvo un rostro: el de López Rega.
[De "López Rega, la cara
oscura de Perón. Apuntes
sobre las Fuerzas Armadas, Ezeiza y la teoría de los dos demonios",
Ed. Legasa, Buenos Aires, 1987]
Conocido a los pocos días de la
ejecución de José Ignacio Rucci, el 25/09/73, tan sólo dos días después del
triunfo electoral de Perón con el 62% de los votos, el Documento Reservado del
Consejo Superior Peronista convocaba a la "depuración ideológica" del
movimiento, lo que en el contexto de la época, y sin lugar a dudas, debía
entenderse como la aniquilación del enemigo.
Tal como registra el diario La
Opinión del 2 de octubre de 1973, luego de hacer referencia a la muerte de
Rucci, el documento planteaba que: "Este estado de guerra que se nos impone
no puede ser eludido y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino
también a atacar al enemigo en todos los frentes... Los grupos que en cada lugar
actúan invocando adhesión al peronismo y al Gral. Perón, deberán definirse
públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán
participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante
esta lucha".
Entre otras medidas operativas no
legales, el documento propugnaba la creación de un “sistema de inteligencia” al
servicio de esta lucha, que estaría “vinculado a un organismo central a
crearse”, que como se vería muy pronto, no era otro que la Triple A. Dos meses
después, en declaraciones al diario La Opinión del 19 de diciembre de 1973, el
propio Perón define estas medidas como creación de anticuerpos contra la
violencia.
La muerte de Perón es el momento
justo en que las bandas armadas reunidas bajo la denominación de Triple A se
lanzan sin tregua ni reparo a la liquidación del "enemigo subversivo". [Inés
Izaguirre - La misión Ivanissevich].
Historial
de muerte y horror
Por Gonzalo Chaves
“Escuchamos un ruido y nos despertamos –cuenta Celia Pirucha Cambero, esposa del
dirigente petrolero Carlos Ennio Pierini asesinado por la Triple A–. Tito se
asomó por la ventana y vio un grupo de gente en la puerta. ‘Golpean aquí’, dijo.
Eran las dos de la madrugada. Flavio tenía 15 años y me decía: ‘Están golpeando,
mamá’. Mientras dudábamos qué hacer, irrumpieron en la habitación gritando:
‘¿Dónde están las armas?’ Se alumbraban con linternas en la oscuridad. Se
identificaron como Policía Federal, portaban ametralladoras y pistolas. Entraron
a la casa por la parte alta, treparon por la azotea, rompieron un vidrio de la
puerta y se metieron. A mi marido le ordenaron que se cambiara. ‘¿Dónde está la
libreta con direcciones?’, le preguntaron. Los que entraron eran cinco, otros
tantos quedaron abajo en la puerta. Se presentaron como policías, eran muy
jóvenes. El de más edad, que parecía el jefe, daba órdenes por señas. Otro se
ocupó de sacarles los micrófonos a los teléfonos. Un tercero, con guantes
puestos, hurgaba los cajones de la cómoda y el ropero. Se robaron todas las
joyas y alhajas que encontraron. También una radio Noblex, una calculadora
electrónica, una carabina calibre 22, un reloj contador. Del ropero sacaron un
tapado mío, un montgomery de paño color beige con forro escocés en el interior y
una campera de cuero del más chico. Para completar, en una bolsa metieron los
zapatos de mi marido. Después por fotos de los diarios sabría que el que daba
órdenes era Aníbal Gordon, el que robaba era César Pino Enciso y otro de los
visitantes era Eduardo Ruffo. El reparto del ‘botín de guerra’ estaba acordado,
el oro para el jefe, las otras cosas de valor se repartían entre el grupo.”
Tito Pierini estaba tranquilo. Con sus 53 años de experiencia seguramente
pensaría que, como en otras oportunidades lo iban a interrogar, no la iba a
pasar bien pero después lo liberaban. Las cosas habían cambiado. Se lo llevaron
a punta de pistola sin escuchar el ruego de su familia. Lo subieron en un Torino
blanco, detrás arrancó un patrullero de la Federal, salieron arando por la calle
115 a contramano y doblaron en 61 hacia la avenida, lo acribillaron en 7 entre
647 y 648.
“Al documento de identidad de Tito lo busqué varios días y no lo encontré, se lo
habían llevado los asesinos, después supe que era el recibo que acreditaba la
tarea cumplida. Presentaban el documento de la víctima y cobraban por la muerte.
Cuando se fueron de casa llamé a la policía. Vino una comisión de la novena.
‘Quédese tranquila –me dijeron-, los que se llevaron a su marido eran policías’.
Encontraron huellas de zapatos sobre el piso, las pisadas eran de barro, pasto
con grandes manchas marrones. ‘Esto es sangre’, me dijeron. Venían de matar a
los Chaves, dejaron mi casa enchastrada de fango y sangre.”
A Rolando, el hijo de Horacio, lo acribillaron frente a una tranquera en 66
entre 190 y 191, ahí quedó. Al viejo Chaves después de matarlo lo cargaron en el
auto, fueron hasta el local de la JP, en 12 entre 45 y 46 y lo tiraron frente a
la puerta. Fue una señal de lo que vendría. La noche del 7 de agosto de 1974 los
sicarios visitaron otras casas, fueron a buscar a Gonzalo, otro de los hijos de
Horacio y a la profesora Reina Diez, ex decana de la Facultad de Humanidades,
por suerte no estaban en sus casas. La noche anterior se habían llevado a Luis
Macor del departamento que compartía con otros estudiantes. Así como estaba, en
pijamas, lo metieron en un Ford Falcon que arrancó hacia Punta Lara y en el
puente del Arroyo del Gato lo mataron.
Aníbal Gordon tenía más de mil muertes. Extrañamente murió en la cárcel, se
llevó toda la información que guardaba. Fue el jefe reconocido de Automotores
Orletti, el centro clandestino de detención ubicado en el barrio de Floresta en
la Capital Federal. Otro sicario era César Encino, casado con una hija del
general René Otto Paladino, fundador de la Triple A y titular de la SIDE. El
tercero reconocido por la familia era Eduardo Ruffo, quien formó parte de la
banda de Orletti. Como otros grupos que cobijó López Rega desde el Ministerio de
Bienestar Social, siguieron operando después del golpe del ’76. La Triple A se
inició a las sombras y el amparo del Estado, después trabajó bajo el mando
directo de las Fuerzas Armadas. Los uniformados en el poder llegaron a
otorgarles grados militares a sus integrantes. A Aníbal Gordon (imagen), como
premio a los servicios prestados, le asignaron el grado de coronel.
Página|12, 05/02/07
Texto íntegro del
documento:
I. Situación
1. El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su
realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento
Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y
subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra
desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes. Esta
guerra se ha manifestado de diversas maneras;
por ejemplo:
a. Campaña de desprestigio de los
dirigentes del Movimiento buscando ridiculizarlos mediante slogans, estribillos
o insultos, atribuyéndoles defectos personales e imputándoles "traición" al
general Perón o a la doctrina.
b. Infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble
objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando
posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y
agresiva a nuestros adherentes (especialmente sectores juveniles) colocándose
así nuestros enemigos al frente del movimiento de masas que por sí solo no
pueden concitar, tal que resulten orientando según sus conveniencias.
c. Amenazas, atentados y agresiones destinadas a crear un clima de miedo o
desconfianza en nuestros cuadros, y a intimidar a la población en general.
d. Asesinato de dirigentes peronistas.
2. El estado de guerra así planteado se dirige en el fondo contra el país, ya
que si bien aparenta afectar a nuestro Movimiento, tiende a impedir la
constitución y actuación del gobierno que presidirá el general Perón por
decisión mayoritaria del pueblo argentino.
El crimen cometido contra el compañero Rucci, particularmente por el modo y la
oportunidad en que fue consumado, indica que se trata de destrozar al Movimiento
Nacional Peronista y a sus dirigentes, creando al mismo tiempo una situación de
caos social, que haga posible la frustración del gobierno del Pueblo.
3. Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser eludido, y nos obliga no
solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos
los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus
posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes.
II. Directivas
1. Movilización: El Movimiento Nacional Justicialista entra en estado de
movilización de todos sus elementos humanos y materiales para afrontar esta
guerra. Quien rehúya su colaboración para esta lucha, queda separado del
Movimiento.
2. Reafirmación doctrinaria: Debe realizarse una intensa campaña para difundir y
reafirmar los principios doctrinarios del Movimiento, esclareciendo sus
diferencias fundamentalmente con el marxismo. En esta campaña no se admitirá
intromisión alguna de elementos promarxistas, con pretexto de polémica u otro
similar, y se les excluirá de toda reunión y del acceso a todos los medios de
difusión del Movimiento.
3. Información: Se debe hacer saber a los dirigentes de todos los niveles y a la
masa peronista la posición que toma el Movimiento en relación a los grupos
marxistas, explicando las circunstancias determinantes y llevando a su
convicción la necesidad de participar en forma activa en la lucha contra
nuestros enemigos.
4. Definiciones: Los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando
adhesión al peronismo y al general Perón, deberán definirse públicamente en esta
situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente
en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha. Asimismo,
deberán acatar estas directivas.
5. Unidad: Para esta lucha es fundamental consolidar la unidad del Movimiento.
Para ello:
a. Las orientaciones y directivas que emanen del general Perón en el orden
partidario o en función de gobierno, serán acatadas, difundidas y sostenidas sin
vacilaciones ni discusiones de ninguna clase, y ello como auténtica expresión de
la verticalidad que aceptamos los peronistas.
b. Nadie podrá plantear cuestiones personales, o disensiones de grupos o
sectores, que afecten o entorpezcan la lucha contra el marxismo.
c. En cada rama del Movimiento se actuará con estricta disciplina, para cumplir
los programas o planes de acción que se elaboren por las direcciones superiores
correspondientes.
d. No se admitirá comentario, estribillo, publicación o cualquier otro medio de
difusión que afecte a cualquiera de nuestros dirigentes. Quien lo utilice o
quien los reproduzca o tolere, será considerado enemigo del Movimiento y quedará
expulsado del mismo. La defensa de todos comienza en la defensa de cada uno.
e. No se admitirá que ningún grupo utilice expresiones destinadas a menoscabar a
otros gru-pos peronistas, o a exaltar el propio grupo en desmedro de los demás.
f. Las cuestiones que se susciten en el orden partidario se plantearán por vía
reservada a la autoridad superior del Movimiento que corresponda en cada rama.
Ninguna cuestión interna se considerará más importante que la lucha emprendida
ahora.
g. Las objeciones a actos de gobierno producidas por los peronistas que ejercen
funciones públicas se harán también por vía reservada, al funcionario peronista
de mayor jerarquía que corresponda, con comunicación a la autoridad superior del
Movimiento en cada rama.
h. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten
de cualquier modo vinculados al marxismo, a sus posiciones políticas o a sus
actos.
i. En las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos
los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación.
j. Se prestará apoyo solidario a todo compañero o grupo que pueda ser afectado a
raíz de actos de lucha cumplidos en razón de esta campaña que se inicia.
El Descamisado Nº 21, 9 de octubre de 1973. El
análisis del "Documento Reservado". Clic para descargar la revista.
6. Inteligencia: En todos los
distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha,
el que estará vinculado con el organismo central que se creará.
7. Propaganda: Se impedirá toda
propaganda de los grupos marxistas máxime cuando se pre-senten como si fueran
peronistas, para confundir. Se impedirá la difusión por todos los me-dios.
8. Participación popular: Se
esclarecerá ante la población de cada lugar cuál es la posición del Movimiento y
las motivaciones y sentido de esta lucha; todo ello para suscitar el apoyo y la
participación de todos en la misma.
9. Medios de lucha: Se utilizará todos los que se consideren eficientes, en cada
lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada
por los dirigentes de cada distrito.
10. Acción de gobierno: La actuación de los compañeros peronistas en los
gobiernos nacional o provinciales o municipales, sin perjuicio de sus funciones
específicas, deben ajustarse a los propósitos y desenvolvimiento de esta lucha,
ya que a ellos compete la principal responsabili-dad de resguardar la paz
social. En tal sentido:
a. Deberán impulsar de inmediato el cumplimiento de medidas tendientes a dar
vigencia a los principios del justicialismo.
b. Deberá actuar en permanente comunicación con los sectores populares y velando
por la solución de los problemas.
c. Deberán participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos
de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo
con todo rigor.
d. Deberán prestar la mayor colaboración a los organismos del Movimiento
movilizados en esta lucha.
11. Sanciones: La defección de esta lucha, la falta de colaboración para la
misma, la participación de cualquier clase en actos favorables al enemigo y aun
la tolerancia con ellos, así como la falta de ejecución de estas directivas, se
considerará falta gravísima, que dará lugar a la expulsión del Movimiento, con
todas sus consecuencias.
Fue el vertedero donde confluyó lo peor de la ultraderecha fascista, falangista,
maurrasiana y violenta. Pasaron treinta años y nunca prosperaron las causas
abiertas contra este grupo moldeado por militares y militantes, policías y
brujos.
Por Susana Viau
El titular de Defensa Adolfo Savino (ex jefe de Asesores del general Roberto
Marcelo Levingston), el canciller Alberto Vignes, el rector de la Universidad de
Buenos Aires Alberto Ottalagano, el periodista Jorge Conti eran apenas algunos
de la larga lista de nombres civiles que formó parte del paraguas ideológico de
la Triple A y, en ciertos casos –el del periodista Conti es uno–, también
constituyó su soporte material. A esa constelación endiablada pertenecían, de
pleno derecho, el ministro de Bienestar Social José López Rega y sus
colaboradores Pedro Vázquez, médico de Isabel-María Estela Martínez, Carlos
Villone y José María Villone, secretario de Prensa de la Presidencia, el hombre
que sostenía que “Perón no se morirá nunca, porque Perón es inmortal”. Al grupo
de civiles notables de la Alianza Anticomunista Argentina se le sumaban dos
jóvenes, el propagandista y director de El Caudillo Felipe Romeo, y un individuo
de acción, Julio Yessi, jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina,
la “jotaperra”, presidente del INAC –Instituto Nacional de Acción Cooperativa– y
mano derecha –en verdad su secretario, dicen– del ministro ocultista. Es
precisamente de Julio Yessi de quien se ocupará esta nota, un personaje olvidado
por casi todos, hasta por los jueces que se desprendieron de sus causas como de
un clavo ardiente. Y allí permanecen, arrumbadas en el archivo federal del
Palacio de Tribunales.
El comandante en jefe del Ejército Leandro Anaya había tenido una reunión con
López Rega y Savino. Durante el encuentro explicó que las Fuerzas Armadas no
veían con buenos ojos que grupos paraestatales tiraran más cadáveres a las
calles. La reacción oficial fue inmediata. Savino desplazó a Anaya, puso en
disponibilidad a su segundo, Jorge Rafael Videla, y envió a Rosario a Roberto
Viola. Nombró en lugar de Anaya a Alberto Numa Laplane. El halcón que llegaba
del V Cuerpo designó como jefe de Inteligencia al coronel José Meritello.
Ser o no ser miembro de la Triple A era una tómbola. Poco y nada diferenciaba a
sus integrantes de individuos como Alejandro Giovenco, Jorge Cesarsky, Norma
Kennedy o Alberto Brito Lima, alma mater del Comando de Organización, una patota
conocida como “los cadeneros”. La cadena, bueno es recordarlo, caracterizó a los
grupos de choque del peronismo, formó parte de su naturaleza. Procedían de la
ultraderecha católica, de reservorios fascistas, falangistas, maurrasianos los
más pensantes, y acabaron integrados al Movimiento Nacionalista Tacuara, a la
Alianza Libertadora Nacionalista (liderada por Juan Queraltó), a la
Concentración Nacional Universitaria (CNU), responsable del asesinato de la
estudiante marplatense Silvia Filler) al C de O, a la Guardia Restauradora
Nacionalista o el Sindicato de Derecho. Tenían el respaldo activo del coronel
Jorge Osinde y del teniente Ciro Ahumada. Todos juntos chapaleaban en un
territorio pantanoso, mezcla de militancia, sindicalismo, lumpenaje y servicios
de Inteligencia, un universo donde las encarnaciones del odio eran los “zurdos”
y la “sinarquía” y “el mejor enemigo era el enemigo muerto”.
De aquella mixtura floreció la “jotaperra”, el sello que acogió a Giovenco,
Kennedy, Romeo y sobre el que se aposentó Julio Yessi para proyectarse a nivel
nacional y disputar cartel con la JP encabezada por Juan Carlos Dante Gullo. En
un comunicado de febrero de 1974 en el que relataba el encuentro que Gullo y
Jorge Obeid habían mantenido con Juan Domingo Perón, Mario Eduardo Firmenich
señalaba que Gullo había planteado en la entrevista el “falso enfrentamiento
entre Patria Peronista y Patria Socialista. Nosotros comprendemos que el
peronismo es el socialismo nacional”. Perón sostuvo entonces que el ERP formaba
parte de una conspiración internacional “detrás de la cual está la CIA” y
“diferenció claramente a los Montoneros de los grupos de ultraizquierda”. Luego,
el general tranquilizó a sus interlocutores respecto de una posible bendición a
la “jotaperra”. “Perón dijo que no había que hacerse problemas –informó
Firmenich–, que su nombre (el de Julio Yessi) había surgido entre gallos y
medianoche.” Era una mentira piadosa, la música que los jóvenes de la JP querían
escuchar.
MACARTISMO: El ministro de
Trabajo Otero señala la divisoria de aguas. (Diario Noticias, 17/12/73)
Porque así, entre gallos y
medianoche, Yessi ocupó por designación de Lopecito la dirección del INAC, el
Instituto Nacional de Acción Cooperativa. El agente arrepentido Horacio Paino
aseguró que era Conti, conductor de la prensa ministerial, el enlace entre los
grupos de la AAA y López Rega y que a través de él se vehiculizaban los fondos
para la compra de infraestructura operativa. Los cheques desviaban el dinero de
Sucesos Argentinos, Télam y Honegger el taller donde se imprimía El Caudillo,
para pagar el armamento de los parapoliciales de Julio Yessi, del subcomisario
Rodolfo Almirón, de su suegro el comisario mayor Juan Ramón Morales y de Miguel
Angel Rovira. Las armas, contó Paino, venían de Pedro Juan Caballero, una ciudad
paraguaya en cuyas calles flotaba la atmósfera densa del trasiego de
traficantes. Eran, dijo Paino, ametralladoras “Stein”. Quizá Paino se haya
equivocado. Tal vez fueran ametralladoras “Sterling” con silenciador, iguales a
las del cargamento de cuatro cajas que descubrieron por casualidad en un galpón
del ministerio y que desaparecieron después de que un comando las sustrajera
para devolverlas más tarde... vacías. Pero que las armas habían estado allí...,
no cabía duda. Uno de los instructores de la causa no olvidará que “eran 10 MK7
o MK10 más silenciadores y una especie de escopetas pajeras”.
El origen de las armas era la Sterling Engineering Company, de Dagenham, en el
condado de Essex, y los vendedores, o los intermediarios, unos tipos de nombre
Binstock y Murdoch. Tiempo después del golpe militar de 1976, la Justicia
argentina envió un exhorto a Londres. Pretendía que Su Majestad, o el Foreign
Office, intercedieran ante el coronel a cargo de la Sterling para que
suministraran los datos del pagador. Querían saber quién había sido el emisor
del cheque o, en caso de que la compra se hubiera hecho en efectivo, el nombre
del adquirente. Su Majestad respondió que todos los papeles relativos a aquella
operación habían sido destruidos. La investigación pasó de mano en mano y nadie
puso demasiado empeño en el esclarecimiento de la causa 7/77 “Yessi, Villone
S/Denuncia art. 241”. No entusiasmó al primer magistrado interviniente, el
titular del federal 1, Alfredo Nocetti Fasolino, ni a Juan Fégoli, tampoco a
Eduardo Marquardt y mucho menos a María Romilda Servini de Cubría.
Es que no era una causa. Era un combo que incluía el revoleo de subsidios que
Yessi había realizado desde el INAC y, claro, siempre pensando en los humildes,
no había dejado fuera del reparto ni siquiera a su chofer, beneficiado con un
crédito millonario. Al ser citado a declarar, el empleado relató que su jefe
ahorraba dólares de oro amonedados y tenía una caja fuerte a nombre de ambos en
el Banco de Misiones. Allí acudía periódicamente el chofer a guardar los valores
que el presidente del INAC le entregaba. Otro hecho fortuito puso al descubierto
la cultura de acumulación que, junto al gusto por la violencia, caracterizaban
al joven cuadro peronista: la caja de seguridad vecina tenía la misma cerradura
y en una distracción el chofer de Yessi había dejado en ella algunos de sus
depósitos. El propietario de la caja equivocada, en un rapto de honradez que
nadie le agradecería, informó al banco lo ocurrido. Yessi se presentó en la
entidad para exigir explicaciones. Imposible negárselas a un funcionario y mucho
menos si, como él, llegaba con la dotación de 5 automóviles Torino armada hasta
los dientes.
Tráfico de armas, enriquecimiento ilícito... ni el secretario de Estado de
Coordinación y promoción Social Carlos Villone ni el ministro López Rega fueron
citados nunca a declarar. Julio Yessi lo hizo sólo una vez, recostado en el
marco de una puerta del despacho del juez.
Después del golpe militar de marzo de 1976, Yessi fue llevado prisionero al
buque “Bahía Aguirre”. Compartía la celda-camarote con el diputado peronista
Eduardo Farías, integrante del “Grupo de Trabajo” de la Cámara baja, y era
vecino de calabozo de José Stupenengo, un vocero lopezrreguista que reaparecería
junto a José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Eran huéspedes de la
Marina, la fuerza que ocupó el lugar de la ultraderecha peronista en los medios
y en el Ministerio de Bienestar Social. Formaban parte del proyecto de
continuidad de Emilio Massera, el más peronista –a lo mejor el único– de los
caballeros del mar.
Julio Yessi, al parecer, aún vive. En Banfield, en el sur del conurbano
bonaerense. Es probable que sus vecinos no asocien a este hombre con la historia
negra del ministro ocultista, del cabo ascendido de golpe a comisario general,
del hombrecito de voz fina, ojos acuosos y aspecto asexuado que creó la Triple
A. Cómo imaginar que un habitante del reino de las tinieblas tiene un apodo
inocente, cómo imaginar que hay tanta sangre detrás de Julio “Cuqui” Yessi.
Buenos Aires, 1962. Apenas alumbrado por una bombita de 40, el hombrecito de
mirada filosa y calva incipiente (aunque esta diminutiva definición, tal vez, de
la misma manera que la pobre luminosidad de la impotente lamparita, sea una
falsa impresión) acaricia la portada del libro. Sus dedos, finos, recorren
lentamente la tapa del volumen de 758 páginas –1.130 gramos de peso exacto– que
acaba de parir en la prensa de su oscura propiedad. Y siente placer. O quizá
debiéramos definir con premonitoria exactitud: goce.
El hombrecito que goza con los dedos –ahora, en esta noche porteña de 1962–, no
sabe que pocos años después, en el Club de Corresponsales Extranjeros de Madrid,
Tony Navarro (acreditado por Associated Press ante el gobierno de Franco)
sacudirá los cubitos de su vaso de whisky ante una audiencia tan cómplice como
incrédula antes de decir que el retorno de Perón a la Argentina no depende tanto
de un avión negro como de una predicción insólita escrita en un libro de
astrología. Ni que el tal Navarro reirá –con esa hilaridad tan de corresponsal
norteamericano en el tercer mundo–, contagiando su risa a otros muchos que, por
ser precisamente periodistas del tercer mundo gozando de los beneficios del
exterior, no debieran haber reído sino prestado atención a lo que decía, aun en
lo insólito. Ni que entre la ocasional y etílica audiencia de ese Navarro que
tan bien habla el español (al punto de que le resulta inteligible la jerigonza
franquista) hay un periodista argentino llamado Tomás Eloy Martínez que
–acalladas las risas– relatará que él también hojeó-ojeó el libraco y lo arrojó
sin remordimientos a las aguas del río más cercano. Sin culpas, sin piedad, sin
siquiera pensar, a pesar de haber vislumbrado un filo fatal en la mirada del
hombrecito que se lo entregó con dedicatoria de tercera página incluida.
La hipótesis, tal vez, habría hecho las delicias de Borges: si alguien –en algún
momento, en algún lugar– hubiera leído un libro, habría podido cambiar (o,
cuanto menos, alertar sobre) la historia. Pero nadie lo hizo. O sí: pero quien
lo hizo y escribió sobre él con palabras que no tartamudeaban lo pagó con la
vida: balas de tartamuda en el cuerpo de Pedro Leopoldo Barraza y en el de su
pareja, una noche de 1975: la venganza del hombrecito al que tuvo la ocurrencia
de bautizar con el apodo que le quedaría para siempre.
Nada de eso sabe aún el hombrecito
que, ahora, aprieta el libro con las manos y lo lleva hacia abajo, para ponerlo
entre sus piernas y volver a apretarlo de otra manera, ésa, precisamente ésa que
cultiva a solas y sin acabar con el fin de ahorrar energías para la tarea que le
espera, la que se ha señalado, la que concibe como su destino. Es necesario para
él (por ahora) abstenerse si quiere ser (como cree ser, como sabe que es)
elegido de dios.
No es en vano: ya está escrito. Lo ha escrito él mismo, primero con su
dificultosa letra manuscrita y después con los dedos bailoteando entre la caja
alta y la caja baja de su propia imprenta, allí donde ha logrado parir el libro
que profetiza el futuro de un país, allí donde ha dejado impresos para siempre
los nombres de sus inspiradores, que también son sus hermanos y sus antecesores
y sus maestros, a saber: “Antulio, Abel, Elías, Moisés, Krishna, Buda, Jesús,
Mahoma y Etcétera”. Así nomás, superando a Whitman en eso de la suprema
enumeración.
Tanta luz en medio de semejante oscuridad, porque si el hombrecito (pero,
nuevamente, el diminutivo será un error fatal) mirara lo que lo rodea en esa
sombría casa y taller de impresiones de la calle José P. Tamborini 3761 sólo
podría ver su propia miseria. Pero, claro, él no la ve; sólo ve futuro.
Detengámonos un momento, dejemos un instante al hombrecito que sueña (su)
destino con el libro apretado entre las piernas y miremos a su alrededor,
obviando las cagadas de mosca y la roña convocada en asamblea por las patas de
los muebles. Se verán cajas de tipografía y una prensa; se verán libros –pocos–,
volantes y folletos; se verán pilas de papeles en blanco esperando ser marcados
por lo que el dueño de casa cree palabra verdadera.
Es un caos aparente porque allí, como en el macrocosmos que reproduce el
microcosmos o viceversa, todo tiene que ver con todo. Y tal vez sea así. Sólo es
cuestión de observar con atención, porque a los folletos diversos de también
diversas sectas esotéricas que pululan en el lugar se les entremezclan –se diría
que se les hermanan– volantes de un movimiento político clandestino cuya
doctrina también es un falso misterio (factible de cualquier interpretación) y
sus integrantes un abanico que no excluye ninguna calaña. Por si fuera poco, los
escasos libros que hay en la habitación llevan en la portada un único nombre, el
del propio hombrecito.
Y
nadie mejor que el hombrecito (pero, una vez más, insistir en el repetido
diminutivo es casi tomar un plazo fijo al suicidio) para saber que en ese caos
hay un orden que se plasmará en destino.
Ahora, cuando con el libro apretado entre las piernas repasa su pasado (camino
de iniciación, lo llamaría él), sabe que no ha sido en vano: ya no le pesa su
fracaso como imitador de Paul Anka en oscuros clubes centroamericanos, ni
tampoco su gris carrera de cabo cebador de mate en la Policía Federal; de esos
antiguos pesares le quedan sólo algunos resentimientos que sabrá cobrarse con
creces cuando llegue el momento. “No existe en nuestra intención ningún rencor,
enemistad u odio por nada ni nadie, ya que todo tiene su propia causa de ser –ha
anunciado con caprichosas mayúsculas y minúsculas en el libro que aprieta entre
las piernas–; tampoco nos sentimos superiores a los demás; dado que sólo DIOS
tiene esa facultad por ser el SUPREMO CREADOR. Pero al hablar de ARGENTINA o de
AMÉRICA DEL SUD, nos referimos a lo que por LEY DE LOS TIEMPOS, por NACIMIENTO
FÍSICO Y ESPIRITUAL, nos corresponde mantener incólume como CAPITAL”.
Sabe también que su destino comenzará a cumplirse cuando se encuentre frente a
un hombre, y que la llave de ese encuentro la tiene una mujer. Con ese hombre
aplicará una de las fórmulas que ha escrito: “¡Al que alardea de fuerte…
exagérele los poderes de su fortaleza, tendrá así un esclavo que lo adorará!
¡Cada cual tiene su propia vanidad apuntando en cierto sentido, y es suficiente
tocarla un poco, para que se entregue como inofensiva criatura, ésa es la gran
estupidez de la HUMANIDAD, que se conforma con migajas de la torta y abandona
ésta para que se alimenten las alimañas!”.
Será entonces que podrá llevar a cabo la misión que se ha profetizado en las
páginas del libro: “Movimentar (sic) con NUEVOS ELEMENTOS a los ELEGIDOS de la
RAZA ANTERIOR. ¡Es entonces que la MADRE NATURALEZA abre su fecundo vientre
eternamente virginal para desembarazarse de los elementos antiguos y dar cabida
a aquellos que le son necesarios para el trabajo de los próximos 2.000 años!”.
Mientras espera la llegada de su hora, el hombrecito de mirada filosa y calva
incipiente –a quien en algunos pequeños círculos se lo conoce minúsculamente con
el apelativo de Hermano Daniel–, vuelve a tomar el libro que ha venido apretando
entre las piernas y lo apoya sobre la mesa. Su título:Astrología Esotérica.
Ahora sonríe con aire soñador mientras uno de sus dedos finos recorre el nombre
que, con letras negras, está impreso (¡vaya: con curiosas minúsculas!) en la
parte superior de la portada: josé lópez rega.
08/01/12 Miradas al Sur
El
auténtico coronel Rico, un héroe ignorado
Por Juan Salinas | Caras y Caretas
Al comenzar 1975, Martín Rico estaba jugado. Se había separado de su esposa,
Carolina –que rápidamente había formado una nueva pareja con un compañero de
promoción, el general José Antonio Vaquero– y había iniciado una nueva
convivencia amorosa con Lilian, que estaba embarazada.
Tenía 50 años y hacía mucho ya desde que, a fines de 1968, había ascendido a
coronel. A pesar de haber hecho el curso de oficial de Estado Mayor, sabía que
su “situación familiar irregular” era suficiente para que los fariseos de la
Junta de Calificaciones no le concedieran tampoco en esta última oportunidad las
palmas de general. Su carrera militar se acercaba al fin. En diciembre pasaría a
disponibilidad, la antesala del retiro.
Porteño, infante de estatura más bien baja, ancho y fornido, alegre y optimista,
muy reservado, Rico revistaba en la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor
conjunto (ECM), con oficinas en la sede del Ministerio de Defensa, que entonces
estaba en Paseo Colón 255, frente al Edificio Libertador.
Su jefe era general ingeniero Ernesto Federico Della Croce, procedente del
Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, donde en agosto último había
tenido que dar la cara por la Masacre de Capilla del Rosario: el asesinato de 16
guerrilleros del ERP que tras haber intentado asaltar el regimiento 17 de
Infantería Aerotransportada de Catamarca el 9 de agoto, se habían rendido. Quien
en realidad había dado la orden de no tomar prisioneros era, precisamente, su
segundo, el general Vaquero, el “pata de lana” de Rico. Esa matanza cambiaría el
curso de las hostilidades, al decidir los desolados compañeros de los muertos
(se decía que los habían matado tirándolos desde helicópteros) matar en
represalia a 16 oficiales, serie que se cortó abruptamente por la mitad cuando,
al matar en la ciudad de Tucumán al mayor Humberto Viola, los partisanos del ERP
mataron también a su hijita, de 3 años. Tras lo cual, suspendieron abochornados
las ejecuciones.
Della Croce sería secretario de Telecomunicaciones del gobierno constitucional
de Isabel Perón
durante unos pocos días antes del
golpe de marzo de 1976, y atravesaría toda la dictadura como oficial en
actividad, emergiendo de ella como jefe del arma de Comunicaciones. Dalla Tea,
le había pedido a Rico velada pero repetidamente que dejara la investigación a
la que se había entregado en cuerpo y alma: la del terrorismo paraestatal de la
Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o Triple A.
Peronismo Autentico, Nº 2, abril 1976 (publicado en México), análisis de la
situación política y el rol de López Rega y la Triple A. Clic para descargar la
revista completa.
Rico no tenía onda con Della Croce,
pero creía poder contar con la protección del comandante en jefe del Ejército,
el teniente general Leandro Enrique Anaya, de quien era íntimo colaborador. El
anciano presidente Juan Domingo Perón había nombrado a Anaya reemplazante de
Jorge Carcagno en diciembre de 1973, luego de remover a éste por demasiado
izquierdista.
Dos meses atrás, al celebrarse en
Caracas la X Conferencia de Ejércitos Americanos, el coronel Juan Jaime Cesio,
secretario general del Ejército, había redactado el discurso con el que
Carcagno, en lo que sería un hito, había impugnado la Doctrina de la Seguridad
Nacional impulsada por el Pentágono y denunciado como principales enemigos de
los pueblos a las transnacionales y el endeudamiento externo. Dos meses después
ambos habían pasado a retiro y Rico era el redactor del discurso nac & pop que
Anaya pronunció al asumir la jefatura del Ejército.
Era una época de convulsiones y conversiones profundas. En los años ’50,
Carcagno había sido gorila de paladar negro, y en los ’60, consecuentemente
“colorado” y el encargado de reprimir el Cordobazo. Pero en los ’70 se había
convertido en un sincero antiimperialista.
De manera parecida, Rico –que había ingresado en el Colegio Militar en 1943 tras
la revolución juniana y egresado en 1946, con Perón en su magnífico primer año
de gobierno– había tenido su iluminación, su camino de Damasco en el Operativo
Dorrego, en el que militares y militantes/milicianos de la Juventud Peronista
vinculada a Montoneros trabajaron hombro con hombro paliando y paleando los
desastres causados por las inundaciones en los alrededores de 25 de mayo.
Por las noches, luego de cavar acequias y reparar escuelas y edificios públicos,
jefes militares y jóvenes peronistas conversaban animadamente en fogones y entre
guitarreadas. De esos encuentros participaron el general Albano Hardindeguy
(futuro ministro del Interior de la dictadura), el montonero Norberto “El
Cabezón” Habbeger (futuro desaparecido) el entonces líder juvenil y actual
diputado nacional Juan Carlos Dante “El Canca” Gullo (que estuvo largos años
preso mientras la dictadura secuestró y asesinó a su hermano mayor y a su madre)
y el coronel Rico. Desde entonces, Rico vio varias veces a Gullo y otros jóvenes
peronistas.
Tratado Argentina-Libia de 1974 entre Perón y
Kadafi. Producto de la política exterior que llevo a cabo el gobierno de Perón,
en enero de 1974
una delegación oficial argentina encabezada por López Rega visita Libia y se
reúne con Kadafi. Como resultado de esta visita, se firman varios acuerdos de
cooperación, relacionados con temas económicos, tecnológicos y culturales.
En febrero de 1973, el gobierno imprime una pequeña publicación en papel
fotográfico de excelente calidad en español y árabe, llamada Misión Argentina en
Libia, con una breve reseña sobre el resultado de la visita a Libia y los
tratados que se firmaron.
Al poco tiempo, estos tratados fueron cuestionados e investigados por el
Congreso, ya que se sospechaba que fue un gran negociado entre el gobierno libio
y López Rega. La investigación quedó trunca cuando en 1976 se produce el golpe
de Estado y se cierra el Congreso. Junto con los banderines con la imagen de
Kadafi, Perón e Isabel, este libro es uno de los recuerdos de aquella visita a
Libia.
Puede descargarse en Ruinas Digitales:
www.ruinasdigitales.com
Hay versiones encontradas acerca de
cómo Rico comenzó a investigar a la Triple A. Las más insistentes aseguran que
se trató de un encargo –formal o informal– de Anaya. La Triple A había comenzado
a actuar a fines de 1973, cuando reivindicó un atentado contra el senador
radical Hipólito Solari Yrigoyen y se lanzó seguidamente a una serie de
atentados contra locales de la Juventud Peronista y partidos de izquierda. Perón
murió el 1 de julio de 1974. El último día de ese mes, sicarios de la Triple A
asesinaron en la avenida 9 de Julio y Arenales al diputado nacional Rodolfo
Ortega Peña, dando inicio a una cacería y una larguísima serie de apariciones de
cadáveres acribillados por varias armas de guerra en lugares agrestes o
despoblados, casi siempre esposados o maniatados a la espalda, con los ojos
vendados. Estilo que parecía una firma macabra.
Rico había pasado casi todo 1974
investigándola. Concebía esa labor como un último servicio a la Nación como
militar en actividad, y tras descubrir vínculos entre las escuadras asesinas y
la inteligencia del Ejército (que estaba dirigida por el general Otto Paladino)
quería llegar a la verdad costare lo que costare y cayera quien cayere.
Aunque no se sabe que hubiera recibido amenazas directas, está claro que Rico se
sentía en peligro. Y no sólo porque evitaba caminar por la calle si no era en
sentido contrario al del tránsito, y adoptaba otras muchas otras precauciones,
como ir en zigzag, doblando en cada manzana. También porque antes de salir de
las oficinas del EMC rumbo a su hogar, en Quilmes, llamaba a Lilian y le avisaba
que si en ’45 minutos no estaba ahí, llamara a la policía. Rico no tenía auto
propio. Se movía en un Ford Falcon blanco patente C-625121 que le había provisto
el EMC. “Llevaba siempre la pistola en el asiento, muy cerca de su mano derecha,
y me decía que no se dejaría secuestrar: que dispararía a la vez que embestiría
con el Falcon a quien lo intentara”, recuerda Lilian.
Rico no podía dejar de percibir signos ominosos, apenas veladas amenazas. Un
cúmulo de “casualidades” adredes. La Triple A había seguido asesinado. En San
Isidro, al abogado Alfredo Curutchet, defensor de presos políticos. Y el pasado
20 de septiembre, a Julio Troxler, un prócer de la
resistencia peronista. Por cruel paradoja, sobreviviente de
los fusilamientos del 9 de junio de 1956
en los basurales de José León Suárez. Troxler (que se interpretó a sí mismo en
el film “Operación Masacre”, basado en el libro homónimo de Rodolfo Walsh y
dirigido por Jorge “El Tigre” Cedrón) era un importante referente del Peronismo
de Base, la izquierda clasista del movimiento. Gracias a que había sido policía
en su juventud, el gobernador Oscar Bidegain lo había nombrado subjefe de la
Policía Bonaerense. Bidegain y Troxler fueron forzados a renunciar a fines de
enero de 1974, luego de que una compañía del ERP al mando de Enrique Gorriarán
Merlo atacó el regimiento de caballería blindada de Azul.
No ha sido posible confirmar que Troxler y Rico se conocieran. Pero sí está
claro que ambos investigaban a la Triple A, una tarea que para Troxler era tan
natural como respirar. No sólo porque lo llevaba en la sangre, sino también
porque sido miembro de la Logia Anael, fundada a comienzos de los años ’40 por
el juez Julio César Urien con el objetivo general de promover la solidaridad
entre los países del Tercer Mundo, y el más específico de estrechar lazos entre
el Brasil de Getulio Vargas y la Argentina de Perón. El ignoto cabo retirado
López Rega había terminado quedándose con una imprenta estatal, y con el nombre
y los símbolos de la logia. De allí provenía la sigla AAA, que en su origen
hacía referencia inocente a América Latina, Asia y África.
Troxler fue secuestrado al llegar a
la Facultad de Derecho, donde daba clases, y llevado a un oscuro pasaje de
Barracas, entre la avenida Suárez y las vías del Ferrocarril Roca, donde lo
arrojaron al empedrado desde un Peugeot 504 negro y lo acribillaron. Sin
dignarse bajar del coche, los asesinos lo remataron con cuatro disparos en la
cabeza. Sugestivamente, el pasaje elegido para la ejecución se llamaba y llama
“Coronel Rico”.
1973. El presidente Perón condecora con la Orden del Libertador General San
Martín a Licio Gelli, jefe de la logia fascista Propaganda Dos y de fuertes
relaciones con José López Rega y Emilio Massera.
Los asesinatos continuaron. Entre
ellos los del teórico marxista Silvio Frondizi y el periodista Pedro Lepoldo
Barraza. A fines de 1874, un amigo de Rico, el teniente retirado Oscar Igounet,
dio una fiesta, y a la misma asistió un montonero que noviaba con una hija del
general Miguel Angel Iñiguez, ex jefe de la Policía Federal. Iñiguez y el
montonero intercambiaban informaciones. Esa noche, Rico y el montonero ataron
muchos cabos.
Desde entonces –si no de antes– Rico
mantuvo encuentros regulares con el coronel retirado Jorge Oscar Montiel, de 58
años, quien revistaba en la SIDE. Oficiaba de enlace con el Ministerio de
Defensa y con el secretario Técnico de la Presidencia de Isabel Perón, Julio
González quien a la hora de ir a los bifes, insólitamente, negaría el vínculo
Montiel había sido nada menos que el jefe de la Superintendencia de Seguridad
Federal (SSF, ex Coordinación Federal) desde antes de la masacre de Ezeiza
(20.06.73) hasta después del ataque al cuartel de Azul (20.01.74), es decir de
la dependencia en la que en ese mismo agitado período se consolidaron los
escuadrones de la muerte que actuaban con la sigla AAA, liderados por el
entonces subjefe de la repartición, comisario Alberto “Rommel” Villar, quien
también había participado en la masacre de Capilla del Rosario.
Durante los ocho meses en que
Montiel estuvo al frente de la SSF, Perón ganó las elecciones y asumió su
tercera presidencia, los Montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci, López Rega
consiguió primero que Perón lo ascendiera ¡15 grados! de cabo primero a
comisario general –y de canillita a campeón–, luego que reincorporara como
custodios suyos a dos policías federales expulsados por asesinatos y otros
gravísimos delitos, el comisario Juan Ramón “El Chango” Morales y su cuasi
yerno, el inspector Rodolfo Eduardo Almirón. Y, por último, que Perón firmara la
reincorporación al servicio activo de los comisarios Alberto Villar y Luis
Margaride, también exonerados y con sobrados antecedentes de represores de
peronistas (Villar había llegado a derribar la puerta de la sede nacional del
Partido Justicialista con una tanqueta).
En marzo de 1975, la Triple dio un salto cuantitativo al matar a casi medio
centenar de personas. La orgía de sangre tuvo su apogeo el día 21, cuando un
concejal y otros ocho militantes de la Jotapé en Lomas de Zamora, fueron
secuestrados, apaleados, asesinados y sus cadáveres volados en lo que se conoce
como “La masacre de Pasco”.
El miércoles 26 pasadas las 22, cuando Rico llegó al garaje aledaño a su casa de
Quilmes –sobre la calle Moreno al 400– donde dejaba el Falcon blanco, resultó
secuestrado. Su mujer escuchó frenadas y chirridos de autos que salieron
“arando” y un testigo que luego se arrepintió de haber hablado le dijo que
escuchó gritar “Carajo, ¡no voy a subir a ese auto!”.
El brujo López Rega, feliz
padrino de boda de su protegido, el asesino Almirón.
Esa misma noche, desapareció el
coronel Montiel.
Entre las dos y media y las tres de la madrugada del jueves, establecería el
forense, Rico había sido asesinado con una escopeta Itaka y rematado con cinco
balazos de 9 mm. en la cabeza. Lo habían fusilado contra un paredón de ladrillos
muy cerca del cementerio de Avellaneda, en la esquina de Almafuerte y Montes de
Oca. Junto al cementerio donde apenas había algunas barracas de acopio de lana y
cueros. A pesar de que los disparos atravesaron la noche, en la comisaría 1ª
dijeron no haberse enterado de nada hasta que recibieron un llamado anónimo
cerca de las 6. Por entonces, esa situación todavía no se llamaba “zona
liberada”, sino, en la jerga policial, “área libre”.
El Falcon blanco apareció en una
playa de estacionamiento de la Plaza Constitución, sobre la calle Brasil. Muy
cerca del departamento en el que vivía el desaparecido coronel Montiel y su
esposa.
Aunque faltaban las llaves del auto, y las de la caja fuerte que Rico tenía en
el EMC, el Falcon no tenía un rasguño. Por lo que Lilian cree que pudo haber
habido quien oficiara de entregador en el garaje de Quilmes.
Rico fue velado en el EMC y enterrado en la Chacarita, luego de una ceremonia a
la que asistió un seleccionado de futuros represores, como los generales Carlos
Guillermo Suárez Mason, Eduardo Viola, Osvaldo Azpitarte, Luciano Benjamín
Menéndez y Santiago Omar Riveros. En nombre de sus compañeros de la promoción 75
del Colegio Militar (entre los que destacaba un mayor retirado, José Hoyas, que
era quien manejaba en la zona sur, entre Quilmes y La Plata, el “Grupo 500”,
dependiente del Batallón 601 de Inteligencia, que solía emprender ejecuciones
punitivas como Triple A
En la ceremonia hablaron el coronel Saverio Salvatti y el general Della Croce.
Salvatti habló en representación de sus compañeros de la promoción 75 del
Colegio Militar. Que también integró el cordobés José Hoyas, alías “El Viejo” o
“Villegas” que se había retirado como mayor hacía ya más de una década y dirigía
el “Grupo 500” del Batallón 601 de Inteligencia, que se autofinanciaba robando
desde Quilmes a La Plata..
Un día de paseo en Santa Fe.
López Rega e hija paseando por la avenida Sante Fe de Buenos Aires.
Salvatti dijo que Rico había sido
“un amante de la verdad y para llegar a ella no aceptó fronteras”. Della Croce,
en cambio dijo que Rico, "Un valiente", debía de haber experimentado una
“tremenda frustración (…) ante la imposibilidad de un combate franco”, y llevó
agua a su molino al prometer “aunar el esfuerzo nacional para terminar de una
vez por todas con la violencia imperante en el país (…) del signo que sea”.
El general Vaquero fue rápido de
reflejos: en pleno shock de la embarazada/viuda, cayó por su casa de Quilmes y
se llevó todos sus papeles. Tras el golpe de marzo de 1976, Vaquero sería
sucesivamente jefe del Estado Mayor General del Ejército, del Quinto Cuerpo de
Ejército y del Tercer Cuerpo de Ejército.
Pero los papeles más importantes
Rico los guardaba en su caja fuerte del EMC. En una ocasión en que se olvidó la
llave en su casa, urgió a su familiares para que se la hicieran llegar cuanto
antes, lo que parece indicar que no había otra copia en el EMC. Pero cuando
Lilian se presentó en el EMC para retirar las pertenecías de Martín, se encontró
con que la caja fuerte estaba abierta. Y vacía.
“Sabía que guardaba ahí los papeles de su investigación y también algunas otras
cosas, como una lapicera enchapada en oro y una pequeña suma de dólares, que es
lo que fui a buscar”, dijo. “Me pregunto con qué llave la abrieron. Cómo les
llegó”, agregó.
El Ejército hizo trascender que Rico investigaba una venta de armas, pero su
viuda estima que muy posiblemente lo que estaba investigando cuando lo mataron
fuera una compra de armamento por parte del Ministerio de Bienestar Social.
Semanas después, el general Jorge Rafael Videla, refunfuñó ante Lilian: “Su
marido había perdido el vocabulario militar y utilizaba el propio de un
sociólogo. Arengaba y criticaba en todo momento. Lo cuestionaba todo. A las
instituciones, y particularmente al Ejército".
Se ve que Lilian adoraba a Martín, y cuando nació su hijo le puso ese nombre sin
importarle que producto de su casamiento anterior con Carolina, Martín padre ya
tuviera otro hijo llamado Martín, al que apodaban Gigí.
La crónica del entierro de Rico del diario La Nación concluyó así:
“Pasado mañana en el comando general del Ejército se completarán los pliegos de
ascenso post-mortem al grado de general de brigada del coronel Martín Rico.
Oportunamente el Poder Ejecutivo solicitará al Senado el correspondiente acuerdo
constitucional”.
Por alguna razón, ese trámite –automático en el caso de militares muertos en
acto de servicio– jamás se completó. Hasta que a fines de 2006, el presidente
Néstor Kirchner y la ministra Nilda Garré subsanaron esa añeja y clamorosa
omisión. Y, de paso, también ascendieron post-mortem al desaparecido Montiel.
Fue justicia.
El 10 febrero de 1986, María Elena Cisneros se presentó en el séptimo piso del
edificio de 25st South East de Miami, sede del consulado argentino, y pidió
hablar con Marcelo Huergo. El cónsul se hizo negar, pero luego cambió de idea y
la hizo pasar a su oficina. Se propuso perder sólo dos minutos. Era la tercera
vez en su vida que veía a Cisneros. La primera había sido el año anterior,
cuando le dejó sus discos para que los escuchara. La semana anterior había
insistido con el mismo asunto y además se había llevado un formulario de
renovación de pasaporte. Ahora Cisneros volvía a reiterar su pedido de que el
consulado argentino le diera apoyo para realizar un concierto. El cónsul la
escuchó hablar sobre el valor de sus obras. Uno de los discos era un homenaje a
las provincias argentinas. Otro era la traducción musical del Santo Rosario.
Cisneros le habló sobre lo que le había costado realizar las grabaciones, del
sacrificio que estaba haciendo para divulgarlas, y le recordó que como
funcionario tenía la obligación de difundir la cultura argentina.
Cuando ya llevaban diez minutos de conversación, Huergo decidió finalizar la
entrevista, se puso de pie y le repitió que no podía ayudarla en nada. Cisneros
le pidió un minuto más, metió la mano en su cartera y le acercó un pasaporte
diplomático. Cuando vio el nombre del titular, Huergo volvió a sentarse.
—¿Qué hace usted con eso? —le preguntó.
—Lo quiero renovar.
—¿Y qué tiene que ver usted con López Rega?
—Vivo con él.
Huergo miró la foto y sintió que estaba viendo la cara de un fantasma. Recordó
las imágenes que lo mostraban en el invierno suizo, cuando estaba prófugo.
—No sé si lo vamos a poder hacer. ¿Él no tiene causas pendientes en la Justicia?
—le preguntó.
—No. Esa es una historia vieja. Desde que volvió la democracia y está Alfonsín
en el gobierno se descubrió que todo eso era un invento de los militares.
Cisneros le dejó la solicitud de renovación firmada con un juego de fotos.
—Lo único que le pido es que esto no trascienda. ¿Cuándo lo puedo pasar a
retirar? —quiso saber.
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colección completa en un solo pack (32,65 mb)
—Creo que en diez días o quince
puede haber novedades. Déjeme un teléfono o una dirección que yo le aviso.
Cisneros prefirió no dejarle ningún dato. Le dijo que en dos semanas volvería a
verlo y salió.
Huergo se quedó con el pasaporte en la mano, pensando. Le parecía extraño que el
visado sólo registrara ingresos en Río de Janeiro y Madrid. Dedujo que Cisneros
se habría asesorado con algún abogado, y que su gestión se debía a que las
causas de López Rega ya estarían prescriptas. De inmediato, se comunicó con el
canciller del gobierno radical, Dante Caputo, que estaba en un hotel de Nueva
York.
—Esto es una operación —le respondió el ministro—. No sé de dónde viene ni cómo
está armada, pero es una operación. Esta noche hago escala en Miami. Lléveme los
papeles al aeropuerto. Y tenga cuidado. Es un tema delicado.
A partir de ese momento, el gobierno de Alfonsín se hizo cargo del asunto. El
ministro del Interior envió oficios a la Justicia para conocer el estado
judicial de López Rega. Algunas causas habían prescripto, pero el ex ministro
todavía mantenía tres frentes abiertos: estaba procesado en la causa de
malversación de caudales públicos —Cruzada de Solidaridad—, en la de fondos
reservados de la Presidencia y también en la causa de asociación ilícita —Triple
A—. Las dos primeras estaban asentadas en el Juzgado Federal N° 3. La de la
Triple A, en el N° 5. El procurador general de la Nación, Juan Octavio Gauna,
informó a los jueces federales que el gobierno iba a pedir la extradición de
López Rega a los Estados Unidos, pero necesitaba saber si existían elementos de
prueba para incriminarlo.
En las causas de fondos reservados y de la fundación, la línea de investigación
sobre la responsabilidad de López Rega no había sido profundizada porque jamás
se había puesto a derecho. Existían dichos de Isabel que lo involucraban en el
asesoramiento para la firma de cheques, le atribuían responsabilidad por la
compra de bienes que realizaba el ministerio para la fundación, y también había
algo sobre algún dinero de fondos reservados que no había rendido. Pero iba a
ser difícil que alguien suministrara información nueva. Una pronta evaluación
permitía inferir que, con lo que había a la vista, era difícil que pudieran
extraditarlo.
En el expediente de la Triple A las presunciones de culpabilidad de López Rega
eran mayores. Pero la investigación había sufrido un vacío durante el gobierno
militar. Cuando se retomó en 1983, las actuaciones se dispararon simultáneamente
en distintas direcciones, y no se profundizó en la acusación a López Rega como
jefe y organizador de la asociación ilícita. La mirada estuvo puesta en las
acciones de Aníbal Gordon y su grupo. La base de la investigación había sido una
denuncia de Guillermo Patricio Kelly, que, al estar bien informado en cuestiones
de inteligencia, demostraba un conocimiento cabal de las actividades de Gordon.
Pero en el expediente las vinculaciones de Gordon y López Rega no aparecían en
forma directa. Durante el período en que López Rega se desempeñó como
funcionario, Gordon respondía a la UOM y a la SIDE antes que al Ministerio de
Bienestar Social. Si bien muchas declaraciones recabadas entre 1983 y 1986
mencionaban la actividad del ex ministro en el esquema de la Triple A, para
armar una acusación sólida había que conseguir nuevos testimonios y empezar de
nuevo.
Con los elementos a la vista, el juez de la causa de la Triple A, Fernando
Archimbal, renovó el pedido de captura sobre López Rega, pero a la vez rogó que
no lo detuvieran. Por lo menos no en forma inmediata. A partir del momento en
que fuera esposado, el juez sólo tendría cuarenta y cinco días para entregar las
pruebas que pudieran incriminarlo, y éstas tenían que ser valoradas por la
justicia norteamericana en un juicio en el que se debía decidir si podía ser
extraditado. Los antecedentes no eran favorables: hasta entonces, todos los
pedidos de extradición del Estado argentino habían sido rechazados. Archimbal
tenía frente a sí dos desafíos: investigar en un mes y medio todo lo que sus
pares no habían investigado en diez años, y que los resultados de esa
investigación resultaran creíbles para los norteamericanos.
Nueve días después de que Cisneros hiciera el pedido de renovación del pasaporte
de López Rega, Archimbal citó a su despacho a Gustavo Adolfo Eklund, uno de los
oficiales que conformaba el Estado Mayor del comisario Alberto Villar, junto al
principal Jorge Muñoz, Jorge Vieyra, Ernesto Alais, José Famá y otros. A través
de él el juez podía indagar sobre la conexión policial de la Triple A y los
vínculos entre López Rega y Villar. Pero Eklund redujo de inmediato el nivel de
expectativas del juzgado. Según su declaración informativa, de la Triple A sólo
se había enterado por los diarios, y agregó que cuando le llegaba algún pedido
de la Justicia para investigar crímenes de esa organización, le daba curso
administrativo. A López Rega sólo lo había visto una vez, en el velorio de
Villar. Archimbal no logró ninguna confesión.
Luego
el juez pidió la comparecencia urgente del teniente Juan Segura. Quería conocer
detalles de su denuncia sobre la posible participación de militares en la Triple
A. Esa pista nunca había sido investigada. En 1975, el oficial de inteligencia
de Granaderos se había interesado en hacer su declaración a la Justicia, pero el
entonces comandante en jefe del Ejército, general Videla, le había negado la
autorización para hacerlo. Fue imposible localizar a Segura. Había muerto el 28
de noviembre de 1979 en un ejercicio de paracaidismo en el Ejército. El
paracaídas no llegó a abrirse. "Muerte accidental en acto de servicio", fue la
carátula. Caso archivado. Archimbal reclamó entonces al Ministerio de Defensa
las carpetas de la investigación interna que los coroneles Rico y Montiel habían
realizado para la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, antes de que a uno
lo mataran y el otro desapareciera. Le pidieron unos días para buscarla, pero
luego le informaron que en los archivos del Ejército esas carpetas no existían.
Cisneros volvió al consulado de Miami a las dos semanas, como había prometido.
Huergo le dijo que no tenía novedades, pero le pidió un teléfono porque las
tendría de un momento a otro. Esta vez, ella le dio un número y se fue. Al rato,
Cisneros lo llamó enfurecida desde un teléfono público. Acababa de ver la
portada del diario Clarín: "López Rega pide pasaporte en Miami". Le exigió que
le gestionase la renovación en forma urgente.
Para entonces, el pedido de captura al ex ministro había llegado a manos de la
fiscal norteamericana Karen Moore. Como antecedente, el juez Archimbal envió los
cuatro pedidos de arresto —dos de ellos emitidos en 1976, otro en 1979 y el
último en 1983—. El gobierno argentino confiaba en que este último pedido de
captura interrumpiría la posible extinción de la acción penal por prescripción.
La fiscal Moore anotó los cargos —"fraude", "conspiración", "malversación",
"falsificación" y "robo"— y trasladó al juez Samuel Smargon la solicitud de
arresto. El juez la aprobó.
El 27 de febrero, López Rega ya podía ser buscado por el FBI. Los cables
secretos de la oficina de investigaciones advertían que era peligroso, que podía
estar armado, y que podía intentar suicidarse en el momento de su detención.
Según establecía el tratado de extradición, el hombre buscado no podía ser
liberado bajo fianza.
El caso le fue asignado al agente especial George Kiszinsky. Era un polaco que
había vivido su infancia en la Argentina, hablaba bien el español y recordaba
algunas palabras del lunfardo. Su primera acción fue conocer a Cisneros. Le
pidió al cónsul que coordinara con ella una cita bajo cualquier pretexto. Huergo
la llamó y sentó a la concertista al día siguiente en su oficina. Le explicó que
podía extender un pasaporte provisorio para López Rega, pero que sólo le
serviría para viajar a la Argentina.
—Quizá, si tiene mucha nostalgia... —comentó el diplomático.
La concertista le respondió que no le interesaba. Cuando se marchó del consulado
y subió a su auto, Kiszinsky estaba en la vereda de enfrente. Tomó nota de la
patente.
Era un auto de alquiler. Llamaron a la agencia y consiguieron la dirección de
Cisneros. Ese mismo día, ya tenía encima una guardia del FBI. Siguieron sus
movimientos durante nueve días, pero en ningún momento la vieron junto a López
Rega. Cansado de esperar, Kiszinsky y otro agente especial, Herb Cousins,
decidieron entrar a su chalet. En la mañana del 8 de marzo, tocaron el timbre en
el 2210 de la calle 36 de Fort Lauderdale. Atendió Cisneros. Kiszinsky se
presentó como agente del FBI y dijo que quería hablar con López Rega. La
concertista se asustó.
—José no está. No sé por qué lo están buscando.
El agente le detalló los cargos.
—No, él no tiene que ver con nada de eso. Es un ángel —dijo.
Kiszinsky intentó darle confianza. Le explicó que si las acusaciones eran
infundadas, lo mejor sería que se entregara. Tarde o temprano el FBI lo iba a
capturar.
—El gobierno norteamericano vería con buenos ojos una entrega voluntaria. Usted
puede ser acusada de interferir la acción de la Justicia si no colabora. Dígame
dónde está López Rega —le exigió.
Ella le dijo que había volado a las Bahamas cuando apareció publicado en los
medios el pedido de renovación del pasaporte. Kiszinsky le pidió que lo pusiera
al teléfono. Cisneros se sintió intimidada y empezó a lagrimear. El agente trató
de tranquilizarla. Le dijo que su compañero podía ser dejado en libertad bajo
fianza, y le habló de un abogado que podía contribuir para alcanzar esa
instancia. Cisneros le pidió que la dejara pensar un momento. Quería hablarlo
con José.
Después lo llamó y le dijo que José estaba al teléfono. Kiszinsky comenzó a
hablar con López Rega. Le repitió los mismos argumentos que a su pareja, pero
con mayor severidad:
—Sabemos dónde está. Es sólo cuestión de avisar a nuestros agentes en las
Bahamas para que lo detengan. No hagamos de esto una persecución inútil. Usted
podrá hacer sus descargos en la Justicia. Por si no lo sabe, las cárceles de
Miami son mucho más confortables que las de Nassau. Y es mejor estar en una
cárcel entre blancos que con negros.
Los argumentos del agente del FBI habían sido lo suficientemente persuasivos.
López Rega comprendió que ya no tenía vías de escape. Pero le pidió unos días
para organizarse. Kiszinsky se los negó.
—Dentro de dos días tengo una consulta con mi dentista. No me haga perder la
cita. Yo iré a buscarlo.
En la madrugada del 13 de marzo de 1986, custodiado por dos agentes del FBI,
López Rega abordó un jet aéreo en Nassau que aterrizó en Miami a media mañana.
Uno de los agentes era George Kiszinsky, quien le facilitó el ingreso en la
oficina de Migraciones y lo llevó a la sede del FBI para ficharlo. López Rega
dijo que estaba a punto de desmayarse. La ruta del prófugo más enigmático y
menos buscado de la década de los setenta había terminado. Sin embargo, todavía
contaba con una chance para salvarse. El agente le habló muy bien de su abogado.
López Rega compareció ante la jueza Charlene Sorrentino. Cuando la audiencia
comenzaba, entró a la sala el cubano Luis Fors. Era el abogado que había
mencionado Kiszinsky. En el ambiente jurídico no tenía mucho renombre. Se
especializaba en temas de divorcio e impuestos. El agente del FBI le había
comentado a Fors que López Rega tenía un piso lujoso en las Bahamas. Si lograba
conseguir su libertad bajo fianza, podría reclamar buenos honorarios.
Fors le explicó a la jueza que su cliente había demostrado buena voluntad al
entregarse y solicitó su libertad. La jueza le indicó que el tratado de
extradición no admitía esa posibilidad, excepto en situaciones extremas. En ese
caso, podía presentar una moción de audiencia de emergencia ante otro
magistrado. Fors quiso convencer a la jueza de que la libertad podría dictarla
ella. Tenía dos argumentos: la edad de su cliente y la diabetes que padecía.
—¿Qué
edad tiene su cliente?
—Sesenta y nueve años.
—Tenemos gente de ochenta. Si se siente muy mal, podemos hospitalizarlo.
No hubo modo de convencerla. Fors se resignó a que la petición de libertad de
López Rega se tramitara en una audiencia de emergencia. A través de un sorteo,
fue elegido el juez Peter Palermo. Todos fueron caminando hasta su juzgado. Allí
se produjo el encuentro entre Cisneros y López Rega, que se sentaron en un banco
de madera a esperar que los llamaran. Cuando la concertista vio llegar al cónsul
argentino, se abalanzó sobre él y le presentó a su padre espiritual. López Rega
le pidió explicaciones.
—Huergo, ¿cómo puede ser que me mande a detener así? Si ahora estamos en
democracia. Todas las causas que me iniciaron eran inventos de Massera. Está
todo comprobado.
No hubo tiempo para discusiones. El secretario del juez los hizo pasar a la sala
y anunció el tema de la audiencia:
—Los Estados Unidos de Norteamérica contra López Rega, José.
El juez Palermo enumeró los cargos y le anunció las dos alternativas con las que
contaba: enfrentar la extradición en un juicio oral, donde el juez Samuel
Smargon evaluaría las pruebas que presentara la justicia argentina, o viajar por
su propia voluntad a la Argentina en calidad de detenido, y enfrentar allí los
cargos.
Pero Fors volvió a la carga con su pedido de libertad bajo fianza. La enfermedad
de su cliente lo ameritaba. Era una muestra del "caso extraordinario" que
admitía el tratado. Palermo lo dejó seguir. De inmediato, hizo pasar al estrado
a dos testigos. Uno de ellos era Kiszinsky. Dijo que López Rega estaba bastante
débil.
—Hoy, en dos ocasiones, tuvimos que sostenerlo para que no se cayera. Y me
comentó que debía tomar remedios y realizar una dieta porque es diabético.
La otra testigo fue Cisneros. Empezó defendiendo a López Rega en inglés. Dijo
que era su enfermera, pero se disculpó por no haber traído su diploma en ese
momento.
El juez le preguntó si acaso no era la pareja.
—Escuche bien: él es mi padre espiritual y yo soy su enfermera —afirmó la
pianista—. Tengo treinta diplomas. Uno de ellos es el de enfermera. Siempre
quise ser una persona de valor para la sociedad argentina.
Cisneros dijo que López Rega se atendía en las Bahamas, pero no recordaba el
nombre del médico. Sus imprecisiones comenzaron a irritar al juez, que dijo que
debería contar con algún informe médico para tomar una determinación. Pero la
fiscal Karen Moore, que aseguró representar al gobierno argentino, explicó que
López Rega podría ser llevado detenido a prisión federal, y atendido por médicos
y enfermeras.
Fors vio que estaba perdiendo su batalla y forzó sus armas:
—¿Acaso no cree en el testimonio del agente del FBI sobre su estado de salud? La
cárcel para un hombre de setenta años va ser un shock peligrosísimo —dijo.
Cisneros empezó a gritar por la inocencia de su compañero.
—Yo no puedo decidir eso —afirmó Palermo—. Que lo lleven a prisión, y si es
necesario a un hospital. No tenemos el testimonio de un médico. La ley dice que
debe quedar detenido. Yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo.
Fuera del juzgado esperaba la prensa. López Rega fue fotografiado con esposas
durante su traslado al Metropolitan Correctional Center, situado cincuenta
kilómetros al sur de Miami. Viajó en un colectivo de la prisión, junto a otros
delincuentes. Eran las cinco de la tarde. Lo esperaba la primera noche de su
vida en cárcel. Fue registrado con el número 86-421 y encausado junto a un
haitiano, detenido por un homicidio. La detención lo hizo reflexionar. A la
mañana siguiente llamó a su abogado y le comunicó que quería volver a la
Argentina. No tenía ganas de afrontar el juicio de extradición. Su vida ilegal
ya lo había agotado, y estaba deprimido. Fors llamó a Kiszinsky y éste le
comunicó la novedad a Huergo. Los tres concurrieron al Metropolitan Correctional
Center. El cónsul llevó en su valija un formulario para que López Rega firmara
el pasaporte provisional. Lo encontraron en una sala pequeña. Era un hombre
encorvado, metido dentro de un mameluco anaranjado que le quedaba demasiado
grande. Llevaba zapatillas blancas, sin medias. No demostraba otra voluntad que
la de escapar de sí mismo. Huergo le dio el papel y López Rega comenzó a
completarlo. Al momento de escribir su fecha de nacimiento empezó a contar su
vida. Dijo que había conocido a Aurelia Tizón, la primera mujer de Perón. Ella
tocaba el piano y él la guitarra. Después fue internándose en un discurso
místico. Su verbo se hizo indetenible.
—Ustedes no entienden. Yo puedo hablar con Dios. Soy esa clase de hombres para
los que no existen las cárceles ni las fronteras. Ustedes creen que yo estoy
preso aquí. No es cierto. Sólo tienen mi cuerpo. Mi mente flota libre. Aquí, en
una sola noche, comprobé que todos me quieren. Anoche, mi compañero de celda, al
notar que tenía frío me ofreció sus medias. ¿Se dan cuenta el significado de
esto? Dios me asiste.
Luego recordó a Perón:
—Con el General teníamos una relación muy especial. Había energía entre
nosotros. Cuando él empezó a morirse, lo agarré de las manos y se recompuso un
poco. Pero no sé quién me llamó, lo solté, y el General se murió. A mí los
médicos me decían "brujo". Pero yo curaba. Ellos eran unos incompetentes. No
sabían cómo hacerlo.
Sus ojos se llenaron de odio cuando recordó a Massera.
—Ese hijo de puta estaba obsesionado con quedarse con la Presidencia. Por su
culpa todos empezaron a llamarme "brujo". Lo decían para descalificarme. Él me
hizo echar del país.
Fors se fue impresionado con su defendido.
—Tiene un magnetismo especial —comentó cuando se retiraban.
A Kiszinsky también le había caído en gracia. Comentó que había algo en él que
le hacía recordar a su padre.
El
deseo de López Rega de volver a la Argentina duró un día. Al siguiente le
comunicó al abogado que su único objetivo era permanecer en los Estados Unidos.
Daría batalla en el juicio oral para impedir la extradición. Cisneros lo había
convencido. Quizás estuviera arrepentida de sus dos errores: pedir un pasaporte
y ponerlo al teléfono.
La justicia norteamericana envió dos fiscales a Buenos Aires para brindar un
curso rápido sobre cómo formular un pedido de extradición. El juez Archimbal les
informó que existía la presunción de que López Rega era el jefe de una
organización a la que se le atribuían más de dos mil muertes en menos de dos
años. Los fiscales dijeron que era imposible investigar cada una de ellas.
Quedarían atrapados en un laberinto. Para elaborar una presentación judicial
convincente, les recomendaron circunscribir la recolección de pruebas a unos
pocos crímenes. A partir del asesoramiento, el juez Archimbal programó una
estrategia dividida en tres etapas: primero, debería probar la existencia de la
Triple A. Después, tendría que demostrar que esa organización se había
adjudicado la autoría de determinados crímenes y, finalmente, que López Rega era
el jefe de esa banda. En el juzgado descartaron la idea de indagar acerca de las
responsabilidades que tendría su custodia u otros grupos sobre el resto de los
crímenes de la Triple A. No querían complicarse la vida. Si comenzaban a
profundizar sobre cada muerte excederían el plazo de la presentación de pruebas.
No había tiempo para hacer justicia con otro asunto que no fuera el de López
Rega.
Cuando Archimbal activó la causa de la Triple A, la justicia argentina estaba
poniendo al desnudo a los principales actores de la década de los setenta. El
jefe de Montoneros Mario Firmenich estaba en prisión. Había sido detenido el año
anterior en el Brasil, cuando gestionaba la renovación de su pasaporte. Por su
parte, la Cámara Federal acababa de condenar, con distintas penas, a los
miembros de las juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional. Pero
frente a la posible extradición de López Rega, el escepticismo era generalizado.
Se suponía que su entrega era parte de una estrategia judicial que le permitiría
quedar en libertad en poco tiempo. Resultaba muy difícil que la Justicia pudiera
juntar pruebas a casi doce años de acaecidos los hechos, y que éstas pudieran
ser valoradas positivamente por un juez norteamericano.
La desconfianza se advirtió en las primeras citaciones de Archimbal. Las
convocatorias judiciales eran frenéticas, pero los testimonios resultaban
evasivos. Algunos se limitaban a comentar que el ex ministro de Bienestar Social
era un personaje muy desagradable. Sólo una semana después de que López Rega
fuera detenido, surgió el primer testimonio que alentó al juez. Era el de
Alejandro Ferreira Lamas, que había sido secretario del presidente Cámpora. Dijo
que en 1974, cuando ya se conocía la existencia de la Triple A, el diputado
Ortega Peña le encargó una investigación sobre López Rega para probar su
vinculación con actividades cri-minales. Lamas dijo que había viajado a Europa y
allí obtuvo comprobantes que demostraban que el entonces ministro de Bienestar
Social traía armas desde Libia para —según se suponía— armar grupos
parapoliciales. También dijo que había conseguido remitos que probaban que
enviaba a "su gente" a Libia para entrenarse. Habló de los negocios espurios que
se cometieron con el ingreso de petróleo de Libia al territorio nacional, y su
triangulación con el Japón. Y agregó:
Toda esa documentación fue remitida
a Rodolfo Ortega Peña quien al recibirla en su carácter de diputado nacional, en
una sesión se levantó de su banca e indicó al presidente de la Cámara que
obraban en su poder las pruebas concretas que demostraban la criminalidad del
entonces ministro de Bienestar Social. No pasó mucho tiempo antes de que Ortega
Peña fuera asesinado y la Triple A se adjudicó la muerte.
Otro testimonio fue el de Aníbal Gordon, que estaba detenido. Dijo que en abril
de 1974, cuando trabajaba en la oficina de Operaciones Tácticas de la SIDE,
"escuchó reiteradas veces que el jefe de la Triple A era López Rega". Aunque el
mismo Gordon estaba sospechado de ser un continuador de las actividades de López
Rega, y el valor indiciario de sus dichos era escaso, el juzgado lo consideró
como un aporte más: había que acumular testimonios.
Hacia fines de marzo declaró Manuel Gaggero, que en 1973 era vicedirector del
diario El Mundo, ligado al ERP. Dijo que en septiembre de ese año una bomba de
la Triple A había volado el frente de su casa de Paraná. "Por Rucci", le dejaron
escrito. El comisario Vitani, subjefe de la Policía Federal, le dijo que los
autores "eran un grupo armado muy pesado", y ofreció tramitarle el pasaporte.
Gaggero informó que su diario también se oponía a la gestión de Gelbard en el
Ministerio de Economía, y que éste, en una entrevista que mantuvo en febrero de
1974, le preguntó para qué atacaba la línea económica, si en realidad su
verdadero enemigo y al que deberían atacar era a López Rega y a su Triple A. Y
Gaggero concluyó:
En todo el ambiente periodístico era algo más que conocido que López Rega era el
que encabezaba y mantenía con sus medios a la Triple A.
Un día después testimonió Jaime Cesio, vinculado a la centroizquierda y con
prestigio de "coronel democrático". Siguió en la misma línea que Gaggero. Dijo
que los sectores políticos a los que estaba vinculado sabían que la Triple A era
un instrumento del entonces ministro de Bienestar Social para eliminar a la
izquierda peronista y a los marxistas.
Las huestes del CNU (Comando
Nacional Universitario), grupo de superficie de la derecha peronista, que
respondía a la vertiente ultra verticalista
Algunos sectores, queriendo de
alguna manera justificar la acción de López Rega, decían que al final, este
sujeto estaba haciendo algo sucio que los demás no podían o no querían hacer.
Después declaró el abogado Eduardo Luis Duhalde. Había sido socio y compañero de
militancia política de Ortega Peña. Dijo que la muerte de éste, así como las
persecuciones y amenazas que sufriera, habían sido una respuesta de la Triple A
al interés del diputado por desenmascarar a esa organización. Su experiencia
política —había militado en el peronismo entre 1960 y 1974— le había permitido
arribar a la íntima convicción de que la Triple A encubría las actividades
ilegales de una estructura creada por López Rega. Duhalde enumeró las denuncias
publicadas en las revistas Militancia y De Frente, que dirigiera junto a Ortega
Peña. En la masacre de Ezeiza, señaló
la participación decisiva de personas que se identificaban como integrantes del
Ministerio de Bienestar Social, transportando armas en ambulancias
pertenecientes a esa cartera según le consta por haberlo visto, ya que estuvo
presente en ese lugar.
Dijo que habían denunciado al teniente coronel Jorge Osinde como
responsable directo de los grupos intervinientes, y en el mes de julio de 1973,
Militancia denunció la entrega de un millón de pesos de aquel entonces de los
fondos reservados del ministro López Rega al capitán Jorge Morganti para ser
utilizados en dicha estructura clandestina que aún no tenía un nombre público.
Duhalde continuó mostrando números de la revista. El 4 de octubre Militancia
denunció que desde el gobierno se estaba preparando una serie de atentados
contra personalidades y dirigentes considerados opositores a López Rega. El
efecto del artículo lo relacionó con lo sucedido cinco días después.
Mediante un artefacto explosivo fue destruida la sede de la revista de la calle
Sarmiento 1422, piso 4 oficina "1", causando daños y heridos entre los
habitantes del inmueble.
En una entrevista posterior que mantuvo con el ministro de Interior, Llambí, y
el ministro de Justicia, Benítez, ambos le revelaron
su impotencia para investigar episodios, en tanto afectaban a aquella prominente
figura del gobierno, refiriéndose, es claro, a José López Rega.
Duhalde también relató que un agente del Servicio de Informaciones de la
Aeronáutica le advirtió que "el diputado Ortega Peña se había salvado de un
atentado organizado por la patota de Bienestar Social", cuando entró
imprevistamente a un edificio e impidió que se consumara el crimen. Y también
dijo que unos días después de la muerte de su socio habían ido a buscarlo a él
en dos coches Torino sin patente, y que se salvó porque no lo encontraron.
El juzgado continuó reuniendo recortes de diarios, librando oficios a otros
juzgados para que le remitieran antecedentes de la Triple A, sumando
declaraciones testimoniales. Faltaban menos de veinte días para entregar las
pruebas cuando declaró un ex custodio de Isabel Perón, Juan Carlos Lagos. Su
aparición en el juzgado fue casi compulsiva. En un asado familiar, el secretario
Mario Filozof le había escuchado comentar una anécdota sobre López Rega, y lo
invitó a que la contara exactamente igual en el juzgado. Lagos se negó, pero
cuando le llegó un oficio judicial, se sintió obligado. En su declaración,
informó que había compartido con López Rega la custodia de la residencia
presidencial en los años cincuenta. Los dos eran cabos. Pero cuando su colega
llegó a ministro de Bienestar Social en 1973, lo convocó para su custodia
personal.
Hasta que un día me dijo que me apreciaba mucho al igual que al grupo de
personas que componían la custodia, pero que necesitaba otro tipo de gente menos
limpia para hacer los trabajos que él quería, que por lo tanto el que declara y
el grupo de gente que lo acompañaba pasaría a integrar la custodia de la señora
María Estela Martínez de Perón, mientras luego se enteró que el grupo de la
custodia de López Rega lo pasó a formar Rovira, Almirón y otros.
La derecha peronista. Buenos muchachos
La declaración del ex diputado
Héctor Sandler sirvió al juzgado para demostrar cómo el miedo se había instalado
en el Congreso. Sandler narró que el 11 de septiembre de 1974 la Triple A le
había dejado un sobre en su estudio de aboga-do, en el que lo emplazaba a
renunciar a su banca y abandonar el país en setenta y dos horas. Durante un mes
se refugió en distintos domicilios. En octubre, unas cincuenta personas vestidas
de civil rodearon la manzana del edificio donde se encontraba. Pensó que le
había llegado el día de morir. Tendría el mismo fin que Silvio Frondizi, quien
había sido arrastrado de su departamento a fines de septiembre de ese año y
ultimado en la calle. Pero Sandler se salvó porque Salvador Bussaca,
vicepresidente de la Cámara de Diputados, envió varios patrulleros a ese
domicilio, de donde fue rescatado a las 9 de la noche. Sandler encontró refugio
en una pequeña habitación del Congreso y allí durmió durante siete noches. A
modo de salvoconducto, la Cámara lo envió junto a su esposa como observador de
las elecciones norteamericanas. En una conferencia de prensa en Nueva York,
denunció la existencia de la Triple A y luego se refugió en México, donde
encontró a decenas de dirigentes políticos que habían sido amenazados por la
misma organización. Sandler concluyó:
En la Cámara de Diputados era una opinión pública que López Rega no era ni podía
ser ajeno a las actividades que se atribuían a la Triple A.
También se acercó al juzgado el periodista Horacio Verbitsky. Le preguntó al
juez si el pedido de extradición de López Rega era serio, porque en ese caso él
podría facilitar algunos testimonios, incluido el propio. Archimbal le respondió
que no estaba convocando gente en vano, y que además tenía urgencia. El
procurador Gauna le había remitido un cable secreto de la embajada argentina en
los Estados Unidos. Allí le reclamaban que adelantara parte de la documentación
para el 11 de abril, a fin de que fuera traducida en Washington, y, una semana
después, que enviara el trabajo completo. El juicio de extradición estaba
previsto para el 28 de abril de 1986.
El testimonio de Verbitsky giraba alrededor de un hecho puntual. En septiembre
de 1974 había viajado junto a tres periodistas al Perú, donde se enteraron de
que figuraban en las nuevas listas de condenados a muerte de la Triple A.
Pusieron en conocimiento de la novedad al canciller peruano Miguel de la Flor
Valle, que por entonces estaba por recibir en Lima a su par argentino Alberto
Vignes por los festejos del 150° aniversario de la batalla de Ayacucho. Flor
Valle se comprometió a comentarle el tema a Vignes, a quien lo unía una amistad.
Después de esa conversación, el canciller peruano recomendó al grupo de
argentinos que no retornaran a su país.
Las declaraciones judiciales de Verbitsky y Pablo Piacentini relatarían este
hecho, pero la novedad más importante ocurrió el 10 de abril, cuando se presentó
el testigo de primera mano, Miguel de la Flor Valle. El diplomático testimonió
que cuando lo consultó sobre la suerte de los tres periodistas argentinos que
habían sufrido las amenazas,
Vignes dijo que era preferible que no regresaran a la Argentina y que
permanecieran en Perú o en cualquier otro país porque estaban inscriptos en una
lista especial. En otro momento de la conversación el Dr. Vignes expresó que
estos periodistas habían sido muy críticos con el ministro López Rega.
El 14 de abril de 1986 se presentó Tomás Eduardo Medina, ex edecán de la
Presidencia. Había trabajado en esa área desde el 27 de mayo de 1973 hasta el 31
de diciembre de 1974. Luego fue jefe del Departamento Aviones de la Presidencia.
Medina hizo un gráfico con las oficinas de la Casa de Gobierno y la residencia
de Olivos para demostrar que su ubicación era privilegiada. Había tenido
contactos permanentes con la custodia de López Rega, Almirón y Rovira, y también
escuchaba las conversaciones entre ellos. Su declaración fue la siguiente:
A partir de 1973 pude observar cómo López Rega comenzaba a armarse de un séquito
personal y a tener cada vez más poder. Se vivía un clima de violencia en el país
y era evidente que este grupo se sumergió en ese clima de violencia y era parte
de él. Al poco tiempo de ocurrido el atentado al sena-dor Solari Yrigoyen, como
lo ocurrido a los que nombra: Ortega Peña, Duhalde, Troxler y Frondizi, pudo
apreciar como comentario algo así como "se fue este zurdo, un problema menos".
En especial Rovira, que era el que más comentaba. Todos los comentarios que
hacían entre ellos, por más que intentaban disimularlo, le hacían llegar a la
clara reflexión de que este grupo era el que integraba la Triple A. Incluso
cuando escuchó a Rovira y a Almirón decir sobre el padre Mugica, "a éste le
vamos a hacer la boleta", deja constancia de que a los dos días de escuchar ese
comentario el padre Mugica fue asesinado. El mismo Almirón viajó al extranjero a
fin de importar armamento y luego vio al que declara para mostrarle parte del
armamento que había traído. Carlos Villone era el que manejaba personalmente los
fondos del Ministerio de Bienestar Social y de allí se encubrían y ayudaban a
las andanzas de esa organización ilícita, como así también se les provisionaba a
los integrantes de armamentos y demás materiales. El señor Roballos alguna vez
le comentó al deponente los inconvenientes que padecía para justificar
legalmente los fondos que de esa manera se manejaban.
El presidente Perón
saluda al asesino Eduardo Almirón Sena, miembro activo de la Triple A. Miguel
Rovira, otro de los custodios que formaban parte de la Triple A, mira a su
compañero de correrías.
Los mismos personajes ostentando armas de grueso calibre, saliendo de "cacería
de zurdos"
Medina refirió que por su cantidad,
sus armas, sus automóviles, sus equipos de comunicación con banda propia y la
impunidad con la que se movían, esas personas constituían un grupo parapolicial
de la Triple A. El ex edecán reveló un comentario que por entonces le hizo López
Rega.
Le comentó al que declara que él y su grupo parapolicial o de custodia era la
única solución para combatir el terrorismo. El mismo López Rega había formado
ese grupo que dirigía y conformaba de acuerdo a esta filosofía. Lo grave era que
caían los que eran terroristas y los que ese grupo creían que eran terroristas.
Los miembros del grupo hablaban continuamente de la lista que tenía López Rega,
donde estaban incluidas las víctimas o las futuras víctimas. A las anteriores
víctimas que antes estaban en la lista, el grupo mismo se ocupaba de tacharlos.
El ex edecán también habló de las armas. Recordó que Almirón le comentó que las
armas las habían traído de Paraguay, que en los depósitos del Ministerio de
Bienestar Social había fusiles, ametralladoras, granadas y equipamiento
electrónico de comunicaciones que no se conocía en el país.
Tanto Rovira como Almirón eran muy ostentosos, viajaban en distintos vehículos y
utilizaban generalmente balizas como las de la Policía Federal. También los vi
con equipos de arco y flecha especiales practicando en la residencia
presidencial de Olivos.
En menos de un mes de trabajo intenso, el juez consideró que ya tenía los
elementos necesarios para presentar la acusación. La idea central de la
presentación judicial argentina ante la Honorable Corte de los Estados Unidos de
América con jurisdicción en el distrito sur de Florida fue que
López Rega había sido el creador y fundador de la organización dedicada al
crimen común, que decidió autotitularse "Triple A"; que el nombrado señalaba a
las víctimas o daba el visto bueno para la ejecución de los delitos que los
componentes de la empresa ejecutaban, y asimismo era el que facilitaba los
medios económicos y las armas, como así quien les procuraba a sus subordinados,
desde su alto cargo de gobierno, la impunidad.
Para decretar la prisión preventiva y librar el exhorto de la extradición de
López Rega, el juez se basó en las declaraciones de Paino, González Figueredo,
Duhalde, Ferreira Lamas, Gaggero, el coronel Cesio, Gordon, el diputado Porto,
el senador Bravo y Lagos. Eran quienes lo imputaban por los delitos por los que
se lo quería extraditar.
Los crímenes que tomaron para
la acusación contra López Rega fueron seis: Ortega Peña, 30 de julio de 1974;
Curuchet, 9 de septiembre de 1974; Troxler, 19 de septiembre de 1974; Frondizi y
Mendiburu, 27 de septiembre de 1974; Laham y Barraza, 13 de octubre de 1974.
Todos esos crímenes prescribían en el curso de 1986, a los doce años de la fecha
en que se cometieron.
El juez Archimbal le explicó a la justicia norteamericana que la de López Rega
era una situación análoga a la de Firmenich, a quien había procesado como
responsable de los homicidios de E. Firelli y R. Duran, "por haber codeterminado
a los autores materiales de los mismos". El juez consideró a López Rega "prima
facie y por semiplena prueba, autor penalmente responsable del delito de
asociación ilícita, de la que resulta su jefe y organizador y homicidios
agravados por la cantidad de intervinientes en forma reiterada —seis
oportunidades— de los que resulta codeterminador".
La embajada argentina había contratado a una empresa de traducción para llegar
al plazo fijado por el tratado bilateral de extradición. Habían trabajado
trescientas personas con las pruebas colectadas. No obstante ello, las cajas con
la acusación llegaron a la Corte un día después al plazo legal indicado. Pero
como justo ese día había sido feriado en los Estados Unidos, las recibieron
igual. En este punto, no hubo Dios que lo asistiera: el ex ministro sería
sometido a juicio.
1 Entre los testimonios de la causa de la Triple A posteriores al procesamiento
de 1983 se encuentra el de Sergio Mauricio Schoklender, acusado de parricida. La
actividad de su padre estaba ligada a la compra y venta de armas y embarcaciones
para la Armada. En marzo de 1984, Schoklender relacionó a Gordon con López Rega
y Massera. En un párrafo de su declaración dijo: "la adquisición de armamento
por parte de estos grupos, y más específicamente la Triple A, habría sido con
fondos del Fonavi durante las gestiones de los arquitectos Ricur y Patrocinio
Moracastro. Estos fondos habrían sido utilizados por primera vez por López Rega
para unos embarques que llegaron vía Paraguay, con ametralladoras Ingram con
silenciador, con las cuales fue equipada su custodia. A raíz de la adquisición
de armamento para dicha organización, el señor Aníbal Gordon habría estado
vinculado al almirante Massera, Enzo Ramírez, Barboza, todos ellos ya sindicados
en informe adjunto". Véase fojas 4.050, cuerpo 21, causa AAA en el Juzgado
Federal N° 5.
2 En enero de 2007, un mes después de acceder a la reapertura de la causa
"Triple A" y declarar de "lesa humanidad" los hechos investigados en la misma,
el juez federal Norberto Oyarbide dispuso la prisión preventiva de los ex
comisarios Rodolfo Eduardo Almirón, Juan Ramón Morales y del oficial Miguel
Ángel Rovira. Almirón, de 71 años, fue fotografiado en la localidad de Torrent,
a diez kilómetros de Valencia, por un equipo periodístico del periódico El Mundo
de España en diciembre de 2006. Vivía con su esposa en un modesto departamento,
era jubilado gastronómico y estaba en tratamiento de rehabilitación después de
sufrir una embolia cerebral. Oyarbide pidió su extradición a la Audiencia
Nacional española para juzgarlo en la Argentina. Pero en España Almirón también
es acusado de participar en los asesinatos de dos carlistas —Aniano Jiménez y
Ricardo García Pellejero— el 9 de mayo de 1976, durante una manifestación
política partidaria, en Montejurra, Navarra, España. Ese día, camuflados entre
las fuerzas legales de la Guardia Civil, también estuvieron comprometidos
miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, la Internacional
Fascista Italiana y la Triple A argentina. Diez días después de la detención de
Almirón, el diario Perfil fotografió a Morales, de 88 años, tomando fresco, en
pijama, en el balcón de su departamento del barrio de Palermo. El juez lo indagó
y permanece con arresto domiciliario. En tanto, Rovira, de 71, se entregó
voluntariamente para declarar en el Juzgado. Después de sus tareas de custodia
en el Ministerio de Bienestar Social, Rovira había pasado a trabajar a las
órdenes del general Ramón Camps, en la policía de la provincia de Buenos Aires.
Una vez retirado de la fuerza, fue contratado por la empresa Metrovías de
subterráneos como jefe de seguridad. En el año 2000, la agrupación HIJOS de
desaparecidos "escrachó" su casa de la calle Pasco al 1000, en Buenos Aires. La
policía tendió un vallado para proteger la vivienda de Rovira y les arrojó gases
lacrimógenos a quienes lo denunciaban. Los fundamentos del juez Oyarbide para
disponer la prisión preventiva de Almirón, Morales y Rovira, considerados
responsables de integrar prima facie la asociación ilícita Triple A, ya obraban
en la causa judicial desde los años 1986, 1987 y 1988, pero entonces no fueron
contemplados por el fiscal Ibarra ni por el juez Archimbal para dictar órdenes
de detención contra ellos, pese había testimonios sobre la participación de la
custodia del ex ministro en los hechos investigados. El interés de la Justicia
estaba focalizado sólo en López Rega. Por último, el 10 de enero de 2007, el
juez Oyarbide también pidió la captura de Felipe Romeo, director de El Caudillo,
de 61 años. Según un informe de las autoridades de Migraciones, seis días antes
del pedido de detención, y tras hacerse públicas las novedades de la causa,
Romeo había partido a Inglaterra. Hasta ese momento, trabajaba en la
restauración de cúpulas y edificios antiguos. Véase diario Página/12 del 7 de
enero de 2007.
Cuando López Rega ingresó a prisión, su entorno familiar volvió a entrar en
cortocircuito. La disputa entre su hija biológica y su hija espiritual, que se
había gestado en Suiza, se agudizó en Miami. Norma estaba segura de que la
Cisneros lo había traicionado. El 30 marzo de 1986, cuando Cisneros supo que
Norma viajaba a Miami para ver a su padre, pensó que venía a matarla. Le
transmitió sus temores a López Rega, con el que todos los días hablaba por
teléfono durante veinte minutos. López trató de disuadirla y le dijo que Norma
no era capaz de matar a nadie. Pero ese argumento no bastó para calmarla: ese
mismo día, Cisneros llamó a tres corresponsales argentinos en Miami para
hacerles conocer las supuestas intenciones de la hija de López Rega.
Para Norma, el primer encuentro con su padre en la prisión de Metropolitan
Correctional Center fue muy doloroso. Él casi no le habló y ella lo miraba y no
encontraba las palabras. No entendía cómo podía haber contratado a un abogado
recomendado por el FBI. Le dijo que la Cisneros, en todos estos años, lo había
ido aislando del resto del mundo, que se había apropiado de sus bienes y de su
identidad, y que por culpa de ella ahora estaba en prisión. La misma impresión
tenía Luis Prieto Portar: desde que la concertista había tomado el control de la
situación de López, todo se había desbarrancado. Además, Cisneros tenía
actitudes extrañas. En su afán de protegerlo y cuidarlo en la vida de todos los
días, en la práctica había ido absorbiéndolo hasta el punto de impedir que se
viera con nadie. Durante una tem-porada, con el fin de agradarlo, la concertista
se había teñido de rubio y se ataba el pelo con un rodete, para parecerse a
Isabel Perón. Pero, al margen de eso, para Prieto eran incomprensibles los
motivos por los que, además de dejar actuar a su criterio a la Cisneros, López
también había aceptado entregarse a la Justicia faltando apenas tres meses para
que venciera el plazo de la orden judicial que le impedía regresar a Suiza. En
mayo de 1986 ya hubiera podido estar otra vez en su casa de Villeneuve.
Norma había viajado a Miami junto a Jorge Conti. El periodista y veloz escribano
—ex interventor de Canal 11— había trabado relación con ella en el ministerio y
en la redacción de Las Bases, pero cuando empezó a visitarla en la cárcel se fue
gestando la relación amorosa. Cuando murió su pareja, Raúl Lastiri, Norma se
sintió en libertad para reconstruir su vida, y tuvieron dos hijos, que ya habían
conocido a su abuelo en un viaje a Miami.
Pensando en la posible desprotección judicial de López Rega, y con la intención
de tomar el control de la situación, Norma y Jorge Conti llevaron un abogado,
Juan Carlos Ortiz Almonacid. Además de asesorar legalmente a la secta del
reverendo Moon en la Argentina, Ortiz Almonacid era congresal del justicialismo
y en base a ello le informó a la prensa que su defensa había sido encargada por
el partido, intentando demostrar el respaldo con que contaba una figura a la que
todo el peronismo, en realidad, quería olvidar para siempre y extirpar de su
historia.
Lo primero que hizo Ortiz Almonacid cuando vio a López Rega en la sala de
visitas de la prisión fue criticar la actuación del abogado Luis Fors.
—Lo único que hizo fue ponerle un saco tres números más grandes que el suyo para
impresionar al jurado y decir que usted estaba enfermo, en vez de preocuparse
por proclamar su inocencia —afirmó.
Y le explicó que debía encarar la defensa de otra manera. Pero cuando advirtió
el clima de tensión familiar que existía entre López y su hija, empezó a
preocuparse. Por eso, con toda la delicadeza de la que era capaz, le preguntó a
López Rega quién se iba a hacer cargo de sus honorarios. El encausado le
respondió que perdiera cuidado:
—Te voy a pagar hasta el último peso, pibe.
Almonacid intentó darle un perfil político a su estrategia judicial y se mostró
ejecutivo desde el primer día. Aceptó el asesoramiento de Fors porque nada
conocía de los procedimientos judiciales de Miami y pidió una audiencia para
reclamar la libertad bajo fianza de López Rega, en mérito a las "circunstancias
especiales" por las que atravesaba el detenido. El juez Smargon le concedió
fecha para el 2 de abril de 1986.
En su exposición en la sala, Almonacid dijo que los juicios contra López Rega
habían sido promovidos por la Junta Militar argentina para justificar el golpe
de Estado y el encarcelamiento de Isabel Perón. También hizo notar que el
gobierno argentino era prescindente en el juicio de la extradición y presentó el
recorte de un diario con una declaración del entonces ministro de Educación y
Justicia, Carlos Alco-nada Aramburú. Ortiz Almonacid se sintió confiado porque
advirtió que el juez seguía su ponencia con atención. Sin embargo, sólo se
trataba de un problema de equivalencias lingüísticas: Smargon pidió al
intérprete que lo ayudara a entender qué significaba la palabra "junta". Ortiz
Almonacid quiso facilitarle la comprensión, traduciendo él mismo al inglés.
"Yunta militar", aclaró con énfasis. El juez giró la cabeza hacia el intérprete
en busca de auxilio y éste le devolvió la mirada en silencio. Hubo un instante
de hilaridad en la sala, pero el abogado se recuperó: "Régimen militar. Eso es",
rectificó.
Luego lanzó una batería de argumentos para reclamar la libertad de su defendido.
Dijo que al estar López Rega detenido en Miami se le dificultaría la preparación
de su defensa por el costo de los viajes y las comunicaciones telefónicas;
explicó que en 1952 hubo un ciudadano yugoslavo al que se le había concedido la
libertad bajo fianza en un pedido de extradición, y resaltó el caso de José
Miguel Vanni, a quien había defendido en una causa que consideró "análoga" a la
de López Rega, y al que el gobierno español le había otorgado asilo político en
primera instancia, y luego fue sobreseído. Almonacid estableció la defensa de
López Rega desde lo político. En cambio, cuando le tocó exponer, María Elena
Cisneros buscó mostrar la faceta humana de su compañero. Quiso desligarlo de la
imagen siniestra que había construido en su paso por el gobierno peronista.
Cisneros contó que lo amaba y respetaba como a un padre. Que a causa de su
diabetes lo cuidaba de todas las formas posibles: lo alimentaba, le cortaba el
pelo. Y reveló que en la prisión había perdido el ochenta por ciento de su
visión, a causa de la desprotección en la que estaba.
Cuando le llegó el turno de hablar, López Rega se presentó como un político
retirado y perseguido, pintor y escritor. Explicó que había llegado con
propósitos amistosos a los Estados Unidos, un país donde la libertad y la
justicia caminaban juntas. Relató su entrega voluntaria al FBI y quiso aclarar
que su ingreso migratorio lo había hecho con el pasaporte oficial de ministro de
Bienestar Social, que tenía legalizado. Cuando Fors, para poner en evidencia las
garantías de confiabilidad que brindaba su defendido, le preguntó a López Rega
si estaba dispuesto a entregar ese pasaporte y permanecer en los Estados Unidos,
el ex ministro ofreció una sucesión de respuestas emotivas, con tono alto y en
forma pausada, dando tiempo de sobra a la labor de la intérprete. Mientras
hablaba, parecía hacer grandes esfuerzos para contener el llanto. Toda la sala
se sintió como en un teatro.
—Soy un hombre religioso, un hombre sensible y un hombre estudioso —dijo—. Toda
mi vida la dediqué al servició de mi patria. Yo fui un policía honrado por mi
país. ¿Cómo voy a tener antecedentes criminales? Nunca quise huir de mi patria.
Yo era el mayor inconveniente para el golpe militar que se estaba preparando. Y
los militares armaron una trampa. Le dijeron a la señora de Perón que me iban a
matar en la misma residencia presidencial si yo no me iba del país. Entonces la
señora me llamó con lágrimas en los ojos y me dijo: "Por favor ¡váyase! Porque
lo quieren matar y yo no quiero eso". Yo le pregunté: "¿Me dice esto como
presidenta o como amiga?". Esto es histórico, lo juro por Dios. "Como presidenta
y como amiga yo necesito que usted se vaya del país", me dijo. Y para que no
saliera como un ladrón escondido, me designó embajador plenipotenciario en
Europa, para hacer estudios económicos y financieros en relación con posibles
inversiones en el país.
Después, López Rega miró al juez Smargon y le relató sus padecimientos en la
cárcel:
—Soy un hombre muy emotivo. Todo lo que significa injusticia me afecta
profundamente. Mi salud está resentida. El azúcar subió mucho durante mi primer
día en prisión. Llegó hasta 400 miligramos. Es una barbaridad: lo normal es 100.
A los cinco días bajó a 260, y ahora está en 206.
En ese momento, López Rega empezó a llorar. Lo acompañaba Cisneros, que hacía
buen rato que sollozaba. Eran los únicos llantos que se escuchaban en el
silencio de la sala.
—El doctor en la prisión me descubrió un soplo al corazón que antes no tenía
—prosiguió el encausado—. Estoy muy mal de la vista y tengo continuos mareos.
Además soy viejo, señor. Puedo caminar, pero no correr. Tengo la cabeza clara,
el alma joven, ideales firmes y no cambiaré. No temo a las acusaciones que me
han hecho. Pido perdón para toda la gente que me hizo daño y me lo sigue
haciendo. Soy inocente de todo lo que se me acusa y estoy listo para presentarme
ante Dios cuando Él quiera.
En los quince minutos de receso que concedió Smargon, los familiares de López
Rega pensaron que con su exposición la batalla judicial ya estaba casi ganada.
El juez podría dictar la libertad bajo fianza. Pero la fiscal Karen Moore, que
representaba al Estado argentino y quería que permaneciera preso hasta el juicio
de extradición, fue demoliendo esa esperanza apenas comenzó su exposición. Moore
destruyó los argumentos de Ortiz Almonacid y de su defendido: el abogado —dijo—
podía preparar la defensa en la Argentina; los médicos de la cárcel habían
ratificado que la salud de López Rega estaba estabilizada; el gobierno argentino
consideraba conveniente su detención y extradición, según la información que
había recibido del Departamento de Estado; y Alconada Aramburú había pedido
"ecuanimidad" a la Justicia, lo que en modo alguno significaba "prescindencia".
Moore explicó además el contexto político de los Balcanes en el momento de
decidir la libertad del caso Artuvic, citado por Ortiz Almonacid en favor de su
defendido, precisando las diferen-cias entre uno y otro caso.
Después de escuchar a las partes, el juez determinó que López Rega debía
permanecer en prisión, donde su salud seguiría controlada. Concluyó que si la
defensa demostraba que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas,
podrían ser considerados en la audiencia pública del 28 de abril, cuando se
tratara la extradición.
Para ese día, el Estado argentino envió a tres fiscales para sostener la
acusación contra López Rega: Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, por la causa de
fondos reservados; Alberto Belardi, por la causa de la Cruzada de la
Solidaridad, y Aníbal Ibarra por la causa de la Triple A. Para la audiencia de
los Tribunales de Miami, también apareció Guillermo Patricio Kelly. Su presencia
agitó a la prensa. Kelly dijo que se presentaba como querellante en la causa de
la Triple A, y que declararía como testigo secreto, con cartas credenciales
autorizadas por el juez Archimbal y la embajada norteamericana. El día anterior
se había reunido con Jeff Bush, dirigente republicano del estado de Florida, y
le entregó una foto de López Rega junto el líder libio Khadafi para que tuviera
en cuenta los antecedentes criminales del encausado.
Por su parte, Ortiz Almonacid también interiorizó del caso a Jeff Bush en una
cita que logró a través del dirigente cubano anticastrista Eladio Armestro
García, quien, según Cisneros, se había ofrecido como garante de una posible
fianza para la libertad de López Rega. En el marco de la estrategia de
politización del juicio, a Ortiz Almonacid se le ocurrió dar un golpe sorpresa
cuando, antes de que empezara la audiencia, se encontró al fiscal Rodríguez
Basavilbaso de espaldas en el mingitorio del baño. Inesperadamente, le pidió al
fiscal de la acusación que actuara como testigo de la defensa. La propuesta
tenía una explicación: por entonces Rodríguez Basavilbaso tenía trabado su
ascenso a juez en la Cámara de Senadores, en virtud de que había apelado el
sobreseimiento de Isabel Perón en la causa de fondos reser-vados en 1981.
Almonacid entendía que el suyo podía ser tomado como un "caso testigo" para
demostrar la persecución política en la Argentina, de la que también era víctima
el ex ministro.
La audiencia comenzó con la exposición de la asistente de la fiscalía Pamela
Stuart, quien detalló los cargos contra López Rega. Después el juez se dispuso a
levantar la sesión y llamar a nueva audiencia veinte días después. Ese era el
tiempo que le tomaría evaluar las dos mil fojas de la acusación, traducidas al
inglés, que acababan de llegar desde la embajada argentina en Washington.
Ortiz Almonacid se irritó con esa resolución. Le ordenó a Fors que le pidiera al
juez que dictara la absolución en ese momento o que comenzara a tratar el caso.
Su colega dudó en traducir su pedido, y entonces fue el mismo Almonacid quien le
dijo a Smargon que debía dar por comenzado el juicio porque su defendido no
podía permanecer más tiempo encarcelado. La fiscalía norteamericana le advirtió
que las cajas contenían nuevas acusaciones contra López Rega, pero a Ortiz
Almonacid no le interesaba conocerlas.
—Si en esa documentación no se preparó una novela, yo tengo respuesta a todas
las supuestas pruebas —afirmó.
Y enseguida planteó una moción la nulidad, porque la documentación judicial
había llegado a los Tribunales un día más tarde de lo estipulado. Incluso
reclamó una sanción al gobierno argentino. El juez Smargon rechazó ambas
peticiones. Luego, Ortiz Almonacid convocó al estrado a Rodríguez Basavilbaso y
empezó a interrogarlo a fin de que explicara cómo los procedimientos judiciales
estaban sujetos a la per-secución política en la Argentina, pero el juez Smargon
dijo que no iba a permitir que la justicia norteamericana pusiera en tela de
juicio a funcionarios de un gobierno con el que tenían buena relación. Ortiz
Almonacid siguió dando batalla: expresó que el origen de todos los
procedimientos penales contra su defendido debían considerarse nulos porque se
iniciaron cuando su defendido era funcionario y debía haberse pedido previamente
el desafuero. Luego, su discurso se internó en un laberinto histórico que lo
llevó a mencionar a Jesús Porto, Celestino Rodrigo y el Gordo Vanni, hasta que
el juez le pidió que frenara:
—Se supone que usted tiene que convencerme, pero llevo una hora prestándole
atención y no puedo entender de qué me está hablando. Clarifique sus objetivos
porque no está logrando nada. Le doy cinco minutos para convencerme de que esto
es un proceso político —dijo.
Ante este desafío, Ortiz Almonacid se sintió en la necesidad de dar una
respuesta didáctica. Tomó una caja de recortes de diarios que tenía a su lado,
donde se referían las responsabilidades criminales de la dictadura militar, y
las equiparó a la guerra que, dijo, habían librado contra López Rega. Empezó a
ponerlos en el escritorio de la intérprete para que los leyera. Smargon prefirió
dar por terminada la sesión y convocó a las partes a una nueva audiencia para el
día 21 de mayo de 1986.
Ese día, Guillermo Patricio Kelly llegó a los tribunales con una remera que
tenía estampada una foto de López Rega con pequeños bigotes, emulando a Adolfo
Hitler, e hizo pasar a la sala al pintor que había contratado para transgredir
la disposición que prohibía el ingreso de fotógrafos. A media mañana, el hombre
comenzó a bosquejar sobre un bastidor dispuesto sobre un atril la imagen del
jurado y el acusado. Kelly no había sido autorizado a declarar.
Frente al juez, Ortiz Almonacid reiteró su pedido de nulidad del proceso
judicial porque dijo que las carátulas y los oficios habían sido fraguados, y
enfatizó su convicción en la inocencia de López Rega.
—Se acusa a mi defendido de ser un delincuente, cosa que no es cierta. Mire cómo
será tan falto de realidad este caso que el gobierno argentino lo acusa de ser
el responsable directo de la muerte de dos mil personas, a pesar del poco tiempo
que él estuvo al frente del Ministerio de Bienestar Social, supuesta sede de la
organización Triple A que él encabezaría. Haciendo un cálculo rápido, el
entonces ministro tendría que haber dado muerte personalmente a un promedio de
tres o cuatro personas diarias a la vez que atendía sus tareas oficiales. Esto
es una gran novelería.
El abogado Fors intentó profundizar la idea de que era imposible comprobar los
supuestos delitos atribuidos a López Rega. Pero su línea de argumentación, de
golpe, se le volvió en contra:
—A Hitler lo acusaron de infinidad de hechos criminales, de haber matado y
torturado, pero nunca se le vio un arma en la cintura. Lo mismo pasa con mi
defendido.
La audiencia se suspendió hasta el día siguiente. Cuando se marchaba, Cisneros
se abalanzó sobre el pintor y quiso arrancarle su trabajo, en el que se veía a
López sentado en un banco mirando al juez. Kelly intentó defender la posesión de
la obra, forcejeó con ella e impidió que se la arrebatara, pero uno de los
puntapiés de la concertista le dejó un moretón en un tobillo. Kelly luego
ofrecería una reproducción del dibujo a la revista Gente, que lo publicaría a
doble página.
En la audiencia del día siguiente, López Rega comenzó a defenderse de las
acusaciones. En primera instancia, negó que le hubiera comprado armas a Khadafi
y que éstas hubieran sido ocultadas en su ministerio, aunque reconoció que él
iba poco al edificio: su principal ocupación era la de secretario de Isabel
Perón. Volvió a contar historias de su relación con ella y con el General, y
reivindicó sus actuaciones en el gobierno peronista. Empezó a irritarse cuando
la ayudante de la fiscalía Stuart mencionó el pasado de bailarina de la ex
presidenta.
—Si quiere insinuar que es una prostituta, usted está involucrando la moral de
muchas bailarinas que después fueron presidentas o primeras damas. Usted es muy
insolente —le espetó.
La discusión en torno a este punto continuó por más de una hora. Después, cuando
Stuart cambió el enfoque y le pidió que precisara el destino de los fondos
reservados y los cheques de la Cruzada de la Solidaridad, López Rega mostró
huellas de resignación.
—¿No se da cuenta de que no tengo ningún interés de hacer una defensa de mi
persona? Sé lo que me quiere hacer decir: que yo le decía a la señora de Perón
lo que tenía que hacer. Pero eso no es verdad. Mi persona ya no está en esta
vida. Ya es de otra.
Su exposición produjo mucho menos impacto en la sala que en la ocasión anterior.
Quizás, advirtiendo que ya no tenía salvación posible, prefirió hacer una
apelación mística para demostrar que lo estaban juzgando por cuestiones
terrenales, cuando su espíritu era parte del Orden Cósmico y debía responder
ante las leyes del Universo.
Pero Ortiz Almonacid no quiso darse por vencido y continuó planteando la defensa
en la Tierra. Jugó su última carta. Le explicó al juez Smargon el sentido de la
Ley 23.062 de Control Constitucional —que actuó como instrumento de reparación
histórica—, que había sancionado el Parlamento argentino en 1984. Y empezó a
leer el artículo uno:
carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de
las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y los procesos
judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el juzgamiento o la
imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales...
Según Almonacid, este artículo no
sólo protegía legalmente a su defendido, sino que el artículo 3 impedía
proseguir las acciones judiciales contra María Estela Martínez de Perón, una de
las cuales era la de los fondos reservados, que era a su vez una de las causas
por las que se pedía la extradición del ex ministro.
Esta ley confundió un poco al juez Smargon, que no entendía para qué el gobierno
argentino había enviado los fiscales a Miami con la intención de llevarse a
López Rega si después no podrían proseguir la acción penal en su territorio. Los
fiscales explicaron que en realidad el beneficio de la Ley de Reparación
Histórica era sólo para la ex presidenta, lo cual otorgaba un margen a Ortiz
Almonacid para discutir su constitucionalidad en la audiencia. Pero al juez le
pareció demasiado complejo involucrarse en ese asunto.
—Lo voy a resolver de una manera práctica —dijo, con tono expeditivo—. Ustedes
se llevan al acusado a la Argentina y después vean si lo pueden juzgar o no.
Antes de dar su dictamen, el juez confesó que el caso le había resultado
fascinante por los difíciles problemas que planteaba y también por la
personalidad del acusado. Consideró que las pruebas presentadas por el juez
Archimbal eran válidas y que López Rega merecía ser juzgado en su país. "La
atmósfera política que rodeó los hechos no elimina su carácter de crímenes
comunes, confabulación, asesinato y malversación de fondos públicos", dijo.
Al escuchar el dictamen, Ortiz Almonacid y Fors corrieron hacia su defendido y
lo sostuvieron, ante el temor de que se desmayara.
López Rega permaneció otros cuarenta y cinco días en la prisión, a la espera del
resultado de una apelación a un Tribunal Superior del estado de Atlanta. La
había presentado Fors. Pero el recurso no prosperó. El 3 de julio de 1986, el
secretario de Estado norteamericano, George Shultz, anunció que López Rega sería
extraditado a la Argentina. Cuatro policías argentinos viajaron a Miami para
custodiar su regreso. La noche siguiente, López Rega se subió a un vuelo de la
línea Eastern, proveniente de México, con destino a Buenos Aires. Su presencia
empañó la alegría de los turistas argentinos, que volvían al país luego de
asistir al triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol de 1986.
Verlo les erizó la piel. El hombre que subió al avión era el fantasma de un
pasado horrible que había revivido, y que daba un paso tras otro hasta ocupar
una butaca. Algunos pasajeros reaccionaron de inmediato y pidieron que se lo
expulsara de la nave: no estaban dispuestos a seguir viaje junto con un asesino;
otros temían que el avión explotara en el aire. En cambio, un señor, tímido, se
acercó a él y le pidió tomarse una foto. López Rega se negó. Estaba rodeado por
los comisarios Osvaldo Guevara y Juan Carlos Raffaini, el inspector Alejandro Di
Nizo y el subinspector médico Eduardo Cappa. A esos custodios, López Rega les
dijo que era una exageración que lo mantuvieran esposado durante el viaje.
Después de todo, estaban frente a un camarada. Y empezó a recordarles todo el
equipamiento médico que durante su gestión había conseguido para el hospital
policial Churruca. Por momentos se internaba en sensaciones muy íntimas con
respecto a la Argentina. Estaba ansioso por volver a su país, porque decía amar
a la patria como nada en el mundo, pero a la vez sentía que la patria no lo
había sabido valorar y le había dado la espalda. Y eso le causaba mucho dolor.
López Rega aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires en un mediodía brumoso. Un
camión celular lo trasladó a la Unidad Carcelaria 22, en el centro de Buenos
Aires. Se sentó en la misma cama que unos meses atrás ocupara el dictador Jorge
Rafael Videla, y esperó tres días hasta que llegó el momento de la declaración
indagatoria.
La elección de los nuevos abogados de su defensa estuvo sujeta a una situación
controversial. Mientras Norma López Rega y Conti llevaron a la primera
indagatoria al letrado Pedro Bianchi, López Rega había firmado la designación de
los integrantes del estudio Álvarez & Núñez Irigoyen como sus abogados.
López pidió saber de qué se lo acusaba. Tuvo respuesta: causa 6511: asociación
ilícita, homicidio agravado (reiterado en seis oportunidades); causa 3442:
malversación de fondos equiparable a caudales públicos (reiterada en diez
oportuni-dades); causa 9021: malversación de caudales públicos (reiterada en
cinco oportunidades).
En la causa de la Triple A, le preguntaron por su custodia. López Rega dio una
respuesta general:
—Mi custodia era la tradicional que tenían todos los ministros, un servicio
común de vigilancia organizado directamente por la policía. Yo era totalmente
ajeno a dicha organización.
Le preguntaron si tuvo conocimiento de la Triple A.
Dijo que tuvo conocimiento como cualquier ciudadano, a través de las
informaciones periodísticas, nada más. Le insistieron si había sabido algo más
por el cargo que él revistió.
—Jamás. No tenía tiempo de ocuparme de temas que no correspondían a mi gestión.
Digo, a la Nación.
Primer error. El juez Archimbal recordó la carta en la que, a partir de la
denuncia del teniente Segura, López Rega había tomado conocimiento de las
actuaciones por la investigación de las AAA, y solicitó al ministro Savino que
pusiera al corriente a los comandantes militares de lo investigado. Sus nuevos
abogados defensores, Eduardo Álvarez e Ismael Núñez Irigoyen, pidieron un cuarto
intermedio a fin de asesorarlo. Cuando volvió, López se negó a declarar. Después
fue al otro juzgado a declarar por la causa de fondos reservados. Se abstuvo de
responder a varias preguntas. Su abogado comentó que a su defendido le dolía la
cabeza y que no podía coordinar bien sus ideas. El acto se suspendió. Al día
siguiente, los dos jueces convirtieron su detención en prisión preventiva.
Mientras en la causa de la Triple A se seguían acumulando testimonios en su
contra, López Rega se fue acostumbrando a su nuevo habitat: una cama, una mesa
de luz, una pequeña biblioteca que albergaba la Biblia y a la que agregó algunos
libros esotéricos, y un televisor. María Elena Cisneros viajó a Buenos Aires en
dos oportunidades para verlo en la prisión, pero la madre de ésta, Lucía, lo
visitó en forma más asidua para hacerle masajes en los pies, a fin de que no
perdieran movilidad.
Durante la primera semana de agosto, López fue examinado por María Amalia Cejas
de Scaglia y María Adela Álvarez Estrada, psicólogas del Cuerpo Médico Forense.
Realizaron tres sesiones. En el primer momento, se congratuló de la visita de
dos mujeres "tan jóvenes y lindas". Parecía adaptado a la situación carcelaria,
sumiso y dócil, incluso alegre, desplegando su encanto e ingenio con lenguaje
florido. Pero de golpe pasaba al llanto con una facilidad extrema, haciendo
alarde de una fina sensibilidad. Las psicólogas sospecharon que esa
"hiperdemostrabilidad dramática", esa aparente espontaneidad y bondad, eran
procedimientos engañosos para ocultarse. Cuando se lo inquiría con mayor rigor,
López se ponía en alerta y a la defensiva. En ningún momento daba una respuesta
que permitiera obtener infor-mación acerca de quién era realmente. Se mostraba
ajeno a los expedientes, a los jueces, a la propia cárcel. Su condición de mago
—explicó— lo ponía en un lugar más trascendente, por encima de la realidad. Ni
siquiera encerrado podían tenerlo prisionero.
—El mundo no entiende lo grande que soy —dijo.
Las psicólogas observaron que podía cambiar de conducta con facilidad y
comportarse de un modo agresivo. López se negó a realizar dibujos en un papel y
a que su grafía fuera sometida a una evaluación. Con amabilidad impostada o
mostrando una frialdad extrema, buscaba controlar la situación y llevarla hacia
donde él quisiera. Antes de despedirlas por última vez, se mostró un poco
inquieto: "¿Qué van a escribir?", les preguntó.
Las psicólogas hicieron su diagnóstico: López Rega no había querido cooperar,
era narcisista, tenía ideas de grandeza, fabulaciones egocéntricas, una
sensibilidad aguda pero superficial, era ambicioso intelectualmente, su conexión
con la realidad era evasiva y poco analítica, tenía un manejo mágico que la
desfiguraba, y una modalidad psicopática con rasgos paranoides. Pero nada de
esto alteraba su sistema racional. Tenía capacidad de delinquir.
Durante un tiempo, López Rega compartió la cárcel con el general peduista Carlos
Suárez Mason, que era juzgado por sus crímenes en el Cuerpo I de Ejército. Había
permanecido prófugo durante casi tres años. Otro de sus compañeros de prisión
fue el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, que después de su paso por
"grupos paralelos" de la SIDE durante la dictadura y de realizar operaciones de
"contrainsurgencia" en Nicaragua, escandalizó a la democracia cuando se supo que
formaba parte de la custodia del presidente Raúl Alfonsín. Una tarde,
Guglielminetti entró en la celda de López Rega. Cuando lo vio sentado en la
cama, en pantalones cortos y camiseta, se sintió impulsado a sobrevolar los
recuerdos de aquella época: le contó la historia de un operativo, luego de otro.
López Rega lo miraba impasible.
—¿Se acuerda, jefe? —le preguntó el agente.
—Por qué me dice jefe, si yo no lo conocí... —respondió López.
En ese tiempo a Perón le cortaron las manos con una sierra y le dejaron
mutilados los brazos a la altura de la manga del uniforme militar. Los
profanadores trabajaron varios días en su bóveda del cementerio de la Chacarita.
Las hipótesis acerca de las motivaciones eran diversas: venganza masónica,
práctica ocultista, el número de una cuenta en Suiza grabado en su anillo,
complot político contra la democracia. Un secretario del juzgado visitó a López
y le preguntó si la profanación de la tumba era parte de un mensaje esotérico,
pero se fue sin respuestas. Con el paso de los años, tampoco las tendría la
Justicia. López Rega también recibió en su celda a Joaquín José Andrade. Era una
visita internacional. Andrade vivía en el Brasil y le debía gratitud eterna. En
1974, en el alto Amazonas, Andrade se dedicaba a extraer el jugo de la raíz de
un vegetal que provocaba alucinaciones. Hacía elevar mente y espíritu, y dejaba
el cuerpo en la tierra. El jugo le hacía ver la vida de otra manera. Por
entonces tuvo una visión y recibió un mensaje divino que le ordenaba ver el
cadáver de Evita. Había una pista: la única manera de acceder a ella era a
través de un argentino y un brasileño. Lo fue a ver a Ferreira a la agencia de
noticias Télam de Río de Janeiro y le rogó que lo autorizara a cumplir con la
orden. Ferreira se comprometió a hacer gestiones ante López Rega. Finalmente,
Andrade consiguió una carta escrita y el Gordo Vanni, que vivía con el cadáver
de Eva en Puerta de Hierro, lo puso frente a ella. Andrade no se olvidaba de ese
gesto, y le acercó a la prisión el té de las alucinaciones, pero López se negó a
tomarlo.
Al año y medio de su detención, la causa de la Triple A clausuró la etapa
sumarial y Aníbal Ibarra presentó la acusación de la Fiscalía. Pidió cadena
perpetua para López Rega por considerarlo "autor mediato" de los seis crímenes
que se le imputaban. Se basó en la teoría del "dominio de hecho", que planteaba
que si bien no había pruebas concretas de que el acusado saliera personalmente a
matar, al dirigir un aparato organizado de poder, dominaba todos esos sucesos, y
por lo tanto era penalmente responsable. Incluso Ibarra marcaba la posibilidad
de que López Rega no conociera a los ejecutores: le bastaba con controlar los
resortes del aparato.
En este punto de la acusación, López Rega sintió que tenía las manos atadas. Les
explicó a sus abogados que en realidad era su custodia la que, al estar bajo
sospecha, perjudicaba su situación legal. Un día les comentó que se podría
convocar a un comisario para que deslindase responsabilidades, pero enseguida se
arrepintió: era mejor no avivar el fuego. "Nadie va a tener ganas de reflotar
cadáveres", dijo. Luego pensó en otra vía menos traumática y pidió a sus
abogados que hablaran con Isabel Perón para que ella intercediera ante Alfonsín
para darle una salida política a su caso. Sus abogados no realizaron ninguna
gestión. Les parecía un camino estéril. Si bien la causa de la Triple A era la
que planteaba la defensa más complicada, en las otras sus abogados creían contar
con mejores armas.
Con el paso de los meses en prisión, López ya parecía resignado a morir en la
cárcel. Sus problemas de salud se fueron agravando. Pese a su diabetes grave, a
sus recurrentes crisis hipertensivas agudas, a las complicaciones neurológicas,
oftálmicas y renales, a los dolores epigástricos y a los temblores generalizados
y los vómitos con los que ensuciaba su celda, siempre se mostró reticente a
concurrir a los hospitales. Decía que estaba bien. Su resistencia también estaba
focalizada en la figura del doctor Norberto Rubinstein, el jefe del centro
médico de Tribunales. Decía que temía que lo perjudicara con algún medicamento.
Estaba convencido de que quería matarlo, aunque nunca lograba explicar bien por
qué.
En mayo de 1988, López Rega aceptó ser trasladado al Hospital de Clínicas,
frente a la Facultad de Medicina. En la prisión se había descompensado. Entró en
silla de ruedas, y lo condujeron en el ascensor hasta el piso once. Fue cuestión
de minutos que en el pasillo no se topara frente a frente con Vanni. Al Gordo lo
acababan de trasladar para el Hospital Italiano en una ambulancia. Había sufrido
una insuficiencia cardíaca y debían intervenirlo de urgencia.
Para esa época, Vanni estaba sufriendo mucho. Ya disfrutaba de los beneficios de
la legalidad, pero le costaba volver a entender cómo funcionaban algunas cosas
en el presente. Había llegado de España con un papel oficial de la empresa
Codere, que lo autorizaba a vender máquinas tragamonedas. Ahora que había
llegado la democracia, se había propuesto hacer las cosas por derecha, con
papeles, todo bien ordenadito. Y comenzó a contactar a intendentes peronistas de
la provincia de Buenos Aires para ver la forma de ubicar las máquinas. El
principal escollo que encontró fue que el juego funcionaba en la ilegalidad,
amparado por los municipios.
Con el paso de los meses, los procesos judiciales de López Rega fueron cayendo
en el olvido. No había documentación nueva ni informes ni pericias a realizar.
En enero de 1989, por la causa de la Cruzada de la Solidaridad, luego de catorce
años de tramitación judicial, el juez le dictó el sobreseimiento definitivo.
Pero no salió en libertad porque mantenía la prisión preventiva en las otras dos
causas.
—¿Hasta cuándo hay que estar "expectante"? ¿Qué debemos esperar? —preguntaba la
defensa en sus escritos.
El detenido desmejoraba en forma ostensible. A principios de junio de 1989, su
cuadro de diabetes se había agravado. Lo internaron en una clínica de Saavedra,
cerca de las calles en que había vivido casi medio siglo. Los médicos le
practicaron un tratamiento de diálisis. También tenía un edema ocular. Estaba
casi ciego. Buba Villone fue a visitarlo. Lo vio demacrado y sin fuerzas.
—¿Qué te pasa? ¿Te estás entregando?
—Me parece que me están dando algunas cosas. Quieren terminar conmigo. Me
acusaron de todo. Todo el peronismo va lavar sus culpas conmigo.
—Nunca debías haber abandonado la casa de Victoria —dijo ella.
López lloró. Le pidió un favor. Sabía que Isabel Perón estaba de paso por Buenos
Aires. Quería que lo visitara en la clínica; quería verla, hablarle. Al día
siguiente supo que la ex presidenta tenía otros compromisos.
López se sintió afectado por la noticia. Buba le tendió su mano. Ella estaba
sentada en una silla, él acostado en la cama. Hablaron de María Elena Cisneros.
López dijo que había pasado muy buenos momentos junto a ella, y que estaba
orgu-lloso de haber merecido su compañía. En la cárcel tenía las grabaciones de
sus discos y se las hacía escuchar a quienes lo visitaban. Ella lo había
cuidado. Lo había redimido.
—Con ella hice el amor después de mucho tiempo. La amé mucho —confió.
Buba y López, ya casi ancianos, estaban entrando en un mar de confesiones. Se
conocían desde hacía casi cuarenta años. A pesar de que Buba era más joven, se
sentía su hermana mayor. Le preguntó por Isabel:
—¿Tuviste alguna intimidad con ella?
—No. Nunca. Te juro que no. Si hubiera tenido necesidad de hacerlo por la
patria, lo hubiera hecho. Pero no hubo necesidad.
Se quedó callado, y giró la cabeza para mirarla. Sus ojos ya no tenían brillo.
Estaban secos.
—A vos, en cambio, te amé toda mi vida en silencio. Desde el primer día en que
te vi.
—¿Por qué nunca me lo dijiste?
—Porque eras la mujer de un hermano. Te lo puedo decir ahora que él está muerto
—dijo, y cerró los ojos poco a poco.
Según consta en el acta de defunción, José López Rega murió a las 7.55 del 9 de
junio de 1989 de una congestión y un edema agudo de pulmón, en presencia de Buba
y de su hija Norma. Su último deseo fue que su cuerpo fuera cremado y sus
cenizas lanzadas al mar, para que su espíritu pudiera regresar al universo
astral. En el momento de exhalar el último suspiro, el juez Martín Irurzun aun
no había dictado sentencia por la causa en la que tenía una prisión preventiva y
un pedido de la Fiscalía de prisión perpetua por seis homicidios. Luego de casi
catorce años de proceso, once de los cuales estuvo prófugo de la Justicia, José
López Rega murió sin condena. No murió inocente. Murió sin ser juzgado. Quizá
porque, si se horadaba un poco en su memoria, o si se tocaba una cuerda muy
profunda del fondo del alma de aquellos años, se hubiera llegado a la conclusión
de que la Triple A fue algo más que la criatura siniestra de un sargento de
policía que soñaba con cantar en La Scala. Fue un aparato de represión ilegal,
conformado por distintos sectores, que tuvo su origen y su base de apoyo y de
ejecución en el Estado peronista de la década de los setenta.
A más treinta años de consumados los hechos, las desapariciones forzadas y los
crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno constitucional
(1973-1976) continúan impunes.
1 Esta vez, su alta exposición mediática ocasionaría algunos perjuicios a Kelly.
Una semana después de mostrarse en Miami, el ex juez Pedro Narvaiz presentó un
escrito en el juzgado de Archimbal donde hacía notar la incongruencia que
suponía que el mismo querellante de la causa de la Triple A fuese también un
sospechado de integrar esa organización en sus orígenes, y adjuntaba como
elemento de prueba un artículo de la revista El Porteño del 27 marzo de 1984.
2 En esa época declaró el ex jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Jorge
Felipe Sosa Molina, quien había desarmado a los miembros de la custodia de López
Rega, el día en que éste debió marcharse a España, en 1975. Sosa Molina empezó
recordando la visita del teniente Segura a la redacción de la revista El
Caudillo y las tramitaciones posteriores que motivaron la investigación de la
denuncia. También dijo que en varias oportunidades los autos de la custodia
personal de López Rega entraban a la residencia de Olivos cargando panes de
trotyl en los baúles, y que varias veces se los había incautado. Entendía que no
respondían a fines defensivos sino a propósitos diferentes. Sosa Molina mencionó
a Almirón, Rovira y Morales como algunos de los miembros de esa custodia. Decía
que entraban y salían en distintos móviles en horarios nocturnos y sin el
ministro. También refirió un diálogo con López Rega en presencia de la
presidenta Isabel Perón y en relación con la muerte del hijo del rector Laguzzi
de la Universidad de Buenos Aires, por un atentado atribuido a la Triple A. El
ministro López Rega manifestó que a las personas con tendencias izquierdistas
había que tratarlas de ese modo porque hacían un mal al país y sobre todo a la
juventud. El ex jefe de Granaderos rebatió esa afirmación e Isabel intentó
conciliar la ríspida situación. Luego de Sosa Molina, también declaró Jerónimo
Podestá, ex obispo de Avellaneda, quien dijo que había sido amenazado por la
Triple A y que pudo corroborar que ésta tenía vinculación con el Ministerio de
Bienestar Social, según los dichos de una persona que le informó que desde allí
partían los operativos de esa organización. También refirió que, en un viaje a
Francia, un entonces gerente de Aerolíneas le manifestó que había tenido que
reservar cuarenta plazas para agentes de origen croata contratados para la
Argentina y que según él trabajarían a las órdenes del comando de la Triple A.
Este contingente viajó a la Argentina después de la muerte de Perón.
3 En el caso de los fondos reservados, los abogados argumentaron que a Isabel
Perón se le había aplicado la Ley de Reparación Histórica en la que se le
reconoció una serie de beneficios patrimoniales, en tanto que a López Rega se lo
juzgaba "con una severidad inusitada" por la misma causa. Consideraban que era
una "desigualdad ante la ley". Después de muchos meses de silencio, el ex
ministro declaró por escrito en esa causa, en la que cargaba con una prisión
preventiva. Se encontraba en la encrucijada de declararse inocente y a su vez no
comprometer a Isabel Perón, y resolvió el problema alegando que si bien era
cierto que él le pedía dinero a la presidenta de los fondos reservados, no
disponía de ellos, puesto que el que los retiraba era Carlos Villone. En este
punto no tuvo escrúpulos: aconsejó consultar sobre el tema directamente con el
aludido. Sobre el millón y medio de pesos —150.000 dólares— que en una
oportunidad retiró de esa cuenta, dijo que al ser una suma extraordinaria, la
retiró él mismo, firmó el recibo que se encontraba en el expediente, pero que
inmediatamente le dio el dinero a la presidenta. Aclaró que ese dinero la Señora
lo utilizó para la construcción de la cripta donde descansarían los restos de
Perón y Evita en la residencia de Olivos —en realidad habían sido pagados con un
cheque de la Cruzada de la Solidaridad—. Enseguida López se preocupó por
reafirmar la honestidad de Isabel en el manejo de los fondos reservados o
públicos y dijo que si lo iban a indagar acerca de lo que hacía la Señora de
Perón con esos fondos, "prefería purgar una injusta condena que por ese hecho se
le quisiera aplicar, a revelar delicadas cuestiones que adquiriera en el
desempeño de sus funciones de secretario privado, puesto que juró desempeñarlo
con fidelidad y lealtad. Sólo su jefa, la Señora ex presidenta, podría relevarlo
de seguir cumpliendo con esa, su eterna obligación". Cuando la Sala I de la
Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva por malversación de fondos
reservados, visto lo endeble de sus explicaciones, López Rega intentó recusar a
sus integrantes —León Arslanian, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Diego Cámara—
ante la sospecha de que fuesen "imparciales" por haber jurado acatamiento a los
objetivos básicos de la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de
Reorganización Nacional. Lo mismo hizo con el fiscal Julio César Strassera. A
esas alturas, López Rega era el único procesado de una causa en la que no se
había condenado a nadie, y en la que los procesados ya habían sido sobreseídos.
4 Para conocer el mercado, Vanni fue de visita por bares y pizzerías del partido
de La Matanza. Allí observó que en los fondos de los locales había máquinas para
el juego. Le pareció que era una situación anómala. Cuando se entrevistó con el
intendente peronista que gobernaba el municipio, Federico Russo, éste le explicó
que le había dado el manejo del juego ilegal a la policía provincial. Prefería
eso antes de que manejaran la droga, le dijo.
Como el mercado del juego ya estaba ocupado, Vanni no pudo colocar ninguna de
las máquinas tragamonedas, como aspiraba. Murió a los 60 años, en 1993, después
de una intervención al corazón en el Hospital Güemes de Buenos Aires.
5 Según cita Juan Gasparini en el libro La fuga del Brujo (Buenos Aires, Norma,
2005, pág. 137), María Elena Cisneros vive en el barrio Jara de la ciudad de
Asunción del Paraguay, donde fundó un Centro Pedagógico Musical.
Por Juan Gasparini. Autor de La fuga del Brujo
contacto@miradasalsur.com
La organización se hizo conocer con una explosión en el auto de Hipólito Solari
Yrigoyen, que se salvó de milagro.
En su libro La fuga del Brujo, el periodista Juan Gasparini reconstruye el
primer atentado con el que se hizo conocer la triple A. Fue la explosión que
casi le costó la vida a Hipólito Solari Yrigoyen, en 1973. Desde el 2008, Solari
Yrigoyen preside la Convención Nacional de la UCR, partido del que fuera senador
nacional por la provincia de Chubut cuando voló por los aires al querer poner en
marcha su Renault 6, en la cochera de su casa de Marcelo T. de Alvear 1276.
“‘Mientras usted saca el auto yo voy a comprar cigarrillos’, le dijo su
asistente en el Congreso, Jorge Lannot. El vehículo ‘explotó con un ruido
infernal y una espesa nube de humo, que había causado una bomba conectada al
arranque’, incendiándose, ‘y sin perder el conocimiento alcancé a salir de sus
restos y a dar unos pasos hasta caer desangrado al piso como consecuencia de
graves heridas’, rememora Solari Yrigoyen. A duras penas inició ‘un largo drama
que me condujo por seis intervenciones quirúrgicas y a obligarme a movilizarme
sucesivamente con sillas de ruedas, muletas y bastón y a seguir una lenta y
larga recuperación’”. A continuación, un fragmento del capítulo La galaxia de
las Tres A:
“(…) Para Hipólito Solari Yrigoyen, el ministro López Rega fue ‘la cara visible
de la Triple A, acompañado por varios policías retirados de su confianza, pero
sería una ingenuidad creer que en él se agotaban las responsabilidades del
terrorismo de ultraderecha’. A su entender ‘detrás de él estuvieron militares,
matones sindicales, delincuentes comunes y, principalmente, los servicios de
informaciones’, con sus especialistas ‘para los espionajes y las ejecuciones y
con sus técnicas, entre las que se contaba una permanente campaña macartista de
calumnias para hacer aparecer como comunistas, zurdos, violentos, guerrilleros o
cualquier otra cosa, a todas sus víctimas y para descalificar con los más bajos
recursos a quienes desde su enfoque extremista, consideraban sus enemigos’”.
Miguel Radrizzani Goñi, cuya denuncia desencadenara la causa judicial de las
Tres A, cree “que Lopecito juntó a cuanto delincuente andaba suelto (y si era
con chapa, mejor) y los puso a trabajar en lo que él quería, que no era más que
su espacio político, todo lo demás es sanata”. Si estos dos abogados defensores
de presos políticos englobaban a la Side en el esqueleto de la AAA, debe saberse
que sus archivos han enmudecido. Cuando en 2003 el presidente Néstor Kirchner
puso fugazmente al frente a Sergio Acevedo, el Secretario de Inteligencia tuvo a
bien desclasificar para este libro la documentación obrante, y sólo había copias
de algunas denuncias de los que la sufrieron, y ciertos comunicados esporádicos
de los que las celebraron, mucho menos que en las hemerotecas de los diarios.
Sin embargo, algunos de los capítulos más sangrientos de las Tres A están en las
vísceras de la Side. Su ADN se corporiza en la segunda mitad del sumario 6511,
finalmente en las manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien sopesa el
dilema que hay causas que languidecen hasta morir y otras que nunca mueren, una
causa de prueba difícil, para uno de los abogados que abrillantaran la
acusación, Eduardo Luis Duhalde.
En el organigrama de Horacio Paino se preveía que el Ministerio de Bienestar
Social, bajo dominio del Brujo, se entroncaba para matar con las bandas de la
UOM y de la CNU, sin mencionar a la Side. Pero las bisagras se atornillaron en
1974 cuando la Side fue limpiada de izquierdistas, y entraron a tallar dos
supervivientes de la camada que hizo carrera en las Fuerzas Armadas con el golpe
de Estado de 1955 que tumbó a Perón, el mayor Mateo Prudencio Mandrini, y el
vicecomodoro Rodolfo Lorenzo Schilizzi Moreno. La orden debió venir de la Casa
Rosada o del Edificio Libertador, porque una de las nuevas células de la Side se
puso a operar con la cuadrilla de la UOM. La entrada en escena de este novedoso
aparato de inteligencia de la Presidencia de la Nación, le convenía al Brujo, en
pleno idilio con Lorenzo Miguel, para destruir a la tendencia revolucionaria del
peronismo de la JP y los Montoneros, y también a la izquierda no peronista, que
venían de ser socavados con la nueva ley de asociaciones profesionales y con las
reformas al Código Penal que obligaron a renunciar a los diputados de la JP. Y
le convenía a las Fuerzas Armadas, cuyo interés iba de suyo, pues drenaba de
subversivos que inexorablemente deberían liquidar en el cercano futuro de 1976.
Ese destacamento de la Side, conformado por individuos de formación
ultranacionalista, tenía un apoyo logístico en una casa de la calle Billinghurst
de Buenos Aires. Al nuevo pelotón, lo dirigía el agente Aníbal Gordon, reclutado
por la inteligencia gubernamental después de que recuperara su libertad en 1973
debido a la amnistía decretada por el presidente
Cámpora, o quizás en pago de ello al ser un delincuente
común con un pasado teñido de nacionalista pero que estaba preso desde 1967 por
asaltar un banco en Bariloche. No obstante, lo que empezó como un romance
matando bolches terminó en una trifulca descomunal matándose entre ellos,
infectando la causa 6511.7
Sería un despropósito pensar que desde la Side se crearon grupos inscriptos en
la nebulosa de las Tres A para pelearse con otros que se escudaban en la misma
sigla y atacaban blancos similares o equivalentes. Pero conociendo los nombres y
apellidos y el pedigrí de los integrantes de las tropas de Lorenzo Miguel y la
Concentración Nacional Universitaria (CNU), que fueron saliendo a la luz
pública, especialmente tras la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, sus
niveles de formación, apetitos y moral, no es difícil intuir los roces y
arbitrariedades que fomentarían rencillas internas y arreglos de cuentas entre
ellos por fuera del enemigo compartido que los aglutinaba, conflictos normales
en ese tipo de parentela, aceptando que no se les da licencia para matar a
granel por la calle a educados universitarios, temerosos de Dios y de la ley.
Tal vez la maniobra de la facción de Aníbal Gordon fue envolvente y en dos
tiempos. Primero se presentó en la casa de la calle Billinghurst para hacer un
trabajo conjunto con los bandoleros de la UOM y, de paso que se satisfacían
intereses comunes, tener controlada la pandilla de Lorenzo Miguel y, segundo,
decidir el momento de masacrarlos si dejaban de servir a los fines de la Side.
Hacia octubre de 1975, las operaciones conocidas de la AAA decayeron. Los
homicidios más resonantes atribuidos al sector de los secuaces del sátrapa
metalúrgico ya habían tenido lugar (Ortega Peña,
Atilio López,
Julio Troxler,
Silvio Frondizi y Juan Varas). En las postrimerías
de 1975 los objetivos de la Side fueron dejando de ser los del gobierno de
Isabel y pasaron a ser los del Ejército. Como se ha visto, Videla conquistó la
jefatura del Estado Mayor Conjunto el 4 de julio de 1975 y al acceder a la
comandancia en Jefe del Ejército al mes siguiente, sacó al general Otto Carlos
Paladino de la dirección de inteligencia del arma, para que continuara en la
Side su labor de control de los miembros del Gobierno y la sociedad civil. Éste
reemplazó sigilosamente al vicealmirante Aldo Peyronel y puso en cintura a la
AAA, que progresivamente cesó de operar, disciplinándose en función del
monopolio de la violencia que necesitaba la Junta Militar del golpe de Estado
que sobrevendría el 24 de marzo de 1976.”.
Felipe Romeo, el vocero de la Triple A, murió de sida. Nadie reclama su cadáver.
Fanático de Hitler, admiraba a la Legión española, cuyo himno es Soy el novio de
la muerte. En esa tónica, la obscena celebración del asesinato del diputado
nacional Rodolfo Ortega Peña por el semanario que dirigía hicieron que la Cámara
de Diputados debatiera sin éxito su arresto.
Felipe Romeo fue a López Rega lo que Goebbels a Hitler. Sus notas eran virtuales
sentencias a muerte.
Por Juan José Salinas
lesahumanidads@miradasalsur.com
Fue un prófugo con muy buena suerte. A fines de 2006, al reabrir la causa sobre
la Triple A, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó su captura. A partir de
entonces, su paradero fue un enigma. Y se conjeturaba que estaba en el exterior.
Luego se supo que se había establecido en la ciudad brasilera de Florianópolis.
En los primeros días de enero fue repatriado por sus familiares con un gravísimo
cuadro de sida, quedando bajo arresto en el Hospital Fernández. Pero él no llegó
a enterarse de su nueva situación, dado que ya se encontraba en estado de coma.
Felipe Romeo, el otrora temible director de la revista El Caudillo, exhaló su
último suspiro hace un mes. Sin embargo, los suyos no reclamaron su cadáver, el
cual aún yace en una heladera del citado nosocomio.
Es improbable que Romeo haya sido uno de los jefes militares de la Triple A, a
la que se le atribuyen unos 1.500 crímenes cometidos entre fines de 1973 y 1976.
Pero no hay dudas de que fue su vocero, en total sintonía con su líder, José
López Rega.
El nexo entre ellos fue el vocero del Ministerio de Bienestar Social, Jorge
Conti, un antiguo movilero de Canal 11, quien terminó casándose con la hija del
Brujo, siendo Romeo uno de los testigos de la boda.
A pesar de que le gustaba presumir de su Magnum 44, Romeo no tenía agallas para
la acción. Fanático de Hitler, admiraba a la Legión española, cuyo himno es Soy
el novio de la muerte. En esa tónica, la obscena celebración del asesinato del
diputado nacional Rodolfo Ortega Peña por el semanario que dirigía hicieron que
la Cámara de Diputados debatiera sin éxito su arresto. Que ahora su cadáver
lleve casi un mes en una morguera sin que nadie lo reclame es algo así como una
paradoja del destino.
Prófugo, Romeo se escondió en Florianópolis, a donde solía visitarlo su amiga y
socia, Carolina Rojo. Se dice que la Secretaría de Inteligencia y la Policía
Federal lo tenían ubicado. Por ello es incomprensible que nunca hayan intentado
detenerlo. Al ser dejado en el Fernández, presentaba una aguda deficiencia
respiratoria, por lo que fue entubado en la sala de terapia intensiva y
atiborrado de antibióticos.
A los 70 años, poco y nada quedaba en su rostro de sus facciones armoniosas;
consumido por el sida, con un ojo desfigurado por el golpe de un policía (del
que, más tarde, dicen, se hizo amigo) y con las neuronas estragadas por su
adicción a la cocaína –cuya comercialización le valió dos detenciones–, aquel
tipo sadomasoquista y perverso hacía mucho que se había convertido en un
personaje estrafalario y bizarro. Tanto que solía jactarse de la ferocidad y
obediencia de su perro, al que le ceñía la cartuchera con una pistola para
desenfundar el arma y pavonearse ante sus amistades de la rapidez de esos
movimientos.
Quien desconoce su pasado sólo podía ver en él a un misántropo paranoico que
gustaba encerrarse en un búnker dotado de puertas blindadas, cámaras de video y
sofisticados sistemas electrónicos de seguridad. Y que apenas salía para
participar en la restauración de algunas cúpulas, actividad que compartía con la
señora Rojo y con un arquitecto especializado en conferirles un aspecto “a lo
Gaudí”.
Un quehacer, por cierto, que –según sospechan algunos– le servía para lavar
dinero procedente de uno de los principales bancos estadounidenses, de muy
antigua radicación en Argentina, cuyos antecedentes en esa tarea lo hizo
merecedor de varias investigaciones en los Estados Unidos.
Un muchacho de barrio. Romeo nació en Italia, se naturalizó argentino,
hizo la colimba en la Fuerza Aérea, pasó por Tacuara y se unió a su escisión
ultraderechista, la Guardia Restauradora Nacionalista, cuyos vasos comunicantes
con la Iglesia preconciliar y el servicio de informaciones de la PFA eran harto
evidentes. Vecino de Florencio Varela, comenzó a editar El Caudillo con el
auspicio de Bienestar Social en 1973, justo cuando la Triple A inició sus
acciones con un atentado explosivo de neta factura policial al senador Hipólito
Solari Yrigoyen, que resultó gravemente herido.
En enero de 1974, se hospitalizó con un balazo en el muslo tras un confuso
episodio en el que denunció haber sido tiroteado cuando manejaba su Fiat 128
cerca de su casa. Dijo que había repelido la agresión a tiros, luego de
parapetarse tras un árbol. Para entonces, Desde El Caudillo (y particularmente
en una sección llamada imperativamente ¡Oíme!) marcaba impunemente a quienes
muchas veces eran luego asesinados por la Triple A.
Romeo dirigió la revista durante el apogeo de la Triple A. En esos días, los
Montoneros mataron al comisario Villar –uno de sus jefes– tras colocar una bomba
en su yate en un apostadero del Tigre. Eso fue en noviembre de 1974. En marzo de
1975, dos oficiales del Ejército que investigaban a la Triple A –el teniente
coronel Martín Rico y el coronel retirado Jorge Oscar Montiel– fueron
eliminados, todo indica que por orden de la propia Inteligencia del Ejército,
que estaba colonizando la Triple A.
Montiel había sido puesto al frente de la Superintendencia de Seguridad Federal
(la vieja Coordinación Federal) por Perón, pero había renunciado en enero de
1974, luego de enfrentarse con Villar –por entonces subjefe de la PFA– a causa
de la tortura y asesinato de dos de los asaltantes del cuartel de la ciudad
Azul, llevados subrepticiamente sin su conocimiento al lúgubre edificio policial
de Moreno 1417.
Un
mes después, un capitán de Granaderos, Juan Segura, golpeó la puerta de la nueva
y paqueta redacción de la revista en la avenida Figueroa Alcorta y, so pretexto
de un desperfecto mecánico, logró ser invitado a entrar por custodios armados,
quienes le enseñaron, ufanos, un arsenal. El informe firmado por Segura inició
un dossier sobre la Triple A que el Ejército entregó, entre otros, a políticos
de la oposición radical y del cual, que se sepa, no se conservan copias. Segura
murió en 1979 cuando su paracaídas no se abrió durante unos ejercicios bélicos
realizados en Córdoba.
Todo marchó bien mientras se mantuvo la alianza de López Rega con los sindicatos
que cofinanciaban la revista. Pero cuando a mediados de 1975, la movilización
gremial desbancó a López Rega, obligándolo a marcharse del país, en la quinta de
Olivos los Granaderos desarmaron a sus custodios y, de paso, también a los de
María Estela Martínez, que ya era virtual prisionera en jaula de oro de los
comandantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, Ramón Morales, Eduardo Almirón y
Miguel Ángel Rovira, entre otros homicidas, acompañaron a López Rega al exilio
madrileño, comienzo de su accidentado periplo como “embajador plenipotenciario”.
Entonces, Romeo se escondió, pero en octubre de 1975 reapareció para relanzar la
revista, invocando obediencia a la Presidente y ansias de acompañar las
operaciones de aniquilamiento de la guerrilla que el Ejército había iniciado en
Tucumán.
Para entonces, las Triple A habían pasado a ser –como decía Rodolfo Walsh– “las
Tres Armas”. Particularmente, un coto del Ejército, como lo había sido desde
siempre su rama cordobesa, llamada Comando Libertadores de América.
Triste, solitario y final. Tras el golpe, Romeo se exilió en España. Pero
regresó a la Argentina de la mano del general Ramón Camps, quien siempre se
jactó de haber decidido la muerte de miles de prisioneros desaparecidos cuando
era jefe de la Policía Bonaerense. Con él, Romeo formó la editorial Roca (
Romeo-Camps) que publicó los panfletos con los que Camps pretendió justificarse.
Romeo intentó, en 1982, una efímera resurrección de El Caudillo, después tuvo
una heladería y dicen que también un prostíbulo en sus pagos de Varela. También
se habría especializado en truchar tarjetas de crédito. Lo cierto es que fue
detenido dos veces por vender cocaína, una de ellas en un boliche de la calle
Gascón cuando tenía encima 110 gramos. Y que hacía rato parecía acabado.
El Chango Morales murió octogenario en el Hospital Churruca. En cuanto a
Almirón, luego de sufrir un nuevo accidente cerebrovascular el pasado fin de
semana, fue trasladado no a ese hospital policial, sino, curiosamente, al Ramos
Mejía. Entre el personal del Ramos Mejía hubo siete desaparecidos durante la
dictadura, en cuyo honor funciona una Comisión de la Memoria. Esa comisión
organizó el miércoles un ruidoso escrache de protesta por la presencia del
represor. A pesar de que un despacho de la agencia DyN anunció su realización, a
pesar de que Crónica TV acudió con sus cámaras y registró la protesta, las
imágenes no fueron emitidas, y ningún diario informó nada al respecto. Una de
las médicas que organizó el escrache reveló indignada a Miradas del Sur que
Almirón parecía tener dificultades para hablar pero sonrió cínicamente al
alcanzarle un papel en el que escribió: “Estoy libre y seguiré libre”. Toda una
declaración de principios.
Si Almirón fuera declarado inimputable, sólo quedaría acusado Rovira, hasta hace
unos años jefe de seguridad de los subtes de Buenos Aires concesionados por
Metrovías, del Grupo Roggio.
A pesar de no haber cumplido los 70 años preceptivos y de gozar de muy buena
salud, el juez Norberto Oyarbide –a quien la PFA considera “propia tropa”– le
concedió como antes había hecho con Morales y Almirón, el beneficio de la
prisión domiciliaria, recientemente ratificada, que cumpliría (nunca hay
custodia a la vista) en su casa de Pasco al 1100.
La causa está paralizada. Y un buen documental sobre la Triple A que hace ya
casi tres años rodó Cuatro Cabezas para ser emitido por Telefé permanece tan
congelado como el cadáver de Romeo.
A pesar de que lo cierra con mucha gracia Nacha Guevara, la cantante que
acompañará a su amigo Daniel Scioli como candidata a diputada. Nacha aboga en
esa última escena por que las investigaciones se lleven hasta el final. Si así
se lo hiciera, varios adversarios duhaldistas y PROperonistas de los Kirchner y
de Scioli tendrían sobrados motivos para preocuparse.