- La grabación del testimonio de los niños "en un ambiente amigable y lo menos invasivo posible" servirá como prueba preconstituida en los juicios
- Abrir el 'donuts' de la Ciudad de la Justicia costaría 4,8 millones de euros
En la primera estancia hay mobiliario infantil, una cajonera naranja con juguetes, un gran ventanal en un lateral y un espejo en otro. También se ha incrustado en el techo un micrófono, que no parece tal, y se han instalado varias cámaras pequeñas en las esquinas, que prácticamente pasan desapercibidas. Detrás del espejo, que es un espejo espía, en la sala contigua, simplemente se disponen dos mesas alargadas con sillas para adultos y un teléfono.
Estamos en la primera cámara Gesell de la Comunidad de Madrid, un recurso judicial compuesto por dos espacios anexos para tomar declaración en un «ambiente amigable y lo menos invasivo posible» a menores que han sido víctimas de algún delito sin tener que enfrentarse a un tribunal. Los niños son interrogados por un psicólogo en la habitación que tiene el mobiliario infantil mientras en la otra, la de observación tras el espejo, están el resto de actores del proceso (juez, fiscal, abogados y hasta el acusado) que, a través del teléfono, pueden indicarle al psicólogo preguntas para que se las formule al menor y que el profesional escuchará a través de un pinganillo en el oído imperceptible para su interlocutor.
«La declaración se graba y queda como prueba preconstituida, evitando que el menor tenga que repetirla durante la vista oral y, por tanto, su revictimización», explica la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, que se ha implicado personalmente en la realización del proyecto. «Ya no tendrán que pasar más de un vez por una situación traumática y dolorosa, además de con el tiempo los recuerdos se borran y las pruebas se distorsionan», añade María Jesús Juárez, coordinadora de las oficinas de asistencia a las víctimas de la región.
La primera cámara Gesell acaba de estrenarse en el nuevo núcleo penal de Madrid, en el distrito de San Blas, que concentra un radio de 100 metros tres edificios con un total de 56 juzgados, algunos de ellos procedentes de Plaza de Castilla. En el espacio que ha quedado libre en estas otras dependencias se instalará una nueva sala de las mismas características, previsiblemente antes de final de año, y una tercera en Móstoles a principios de 2019.
La estancia donde se realizan las entrevistas a los menores está aislada acústicamente y dotada de un micrófono que elimina el ruido ambiente, por lo que permite grabar con nitidez las intervenciones. Desde la habitación situada al otro lado del espejo se puede seguir el interrogatorio también a través de cámaras de vídeo robotizadas de alta definición que, entre otras prestaciones, permiten hacer zoom para observar los gestos del menor mientras responde a las preguntas.
Plan de modernización
La puesta en marcha de la cámara Gesell forma parte de un amplio plan de modernización de las infraestructuras judiciales de la región al que este año el Gobierno de Ángel Garrido destinará una inversión de 19,7 millones de euros, «casi el triple que en 2017 y 30 veces más que a principio de la legislatura», y que el año que viene contará con un presupuesto de 23,5 millones de euros, según precisan en la Consejería del ramo. En este contexto se enmarca la reciente inauguración del tercer edificio que configura ahora el núcleo de juzgados penales de San Blas y que se suma a los dos ya existentes en la zona (en la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 37 y en la calle Julián Camarillo, 11).
El nuevo inmueble, de 26.692 metros cuadrados de superficie, está ubicado en el número 31 de Albarracín y es la mayor infraestructura judicial que se inaugura en la capital desde 1978, cuando se estrenaron los Juzgados de Plaza Castilla. Tras funcionar como sede de la Policía Municipal, ahora ha sido reformado por su propietario -Acciona- siguiendo las directrices marcadas por la Comunidad de Madrid, que a su vez lo ha alquilado con «un contrato llave en mano» a 10 años.
«La Ciudad de la Justicia [el proyecto para aglutinar a todos los órganos judiciales en Valdebebas paralizado durante la crisis económica] está a la espera de una resolución judicial firme que puede tardar más de cinco años en llegar y ésta es la mejor solución mientras tanto», apunta Ibarrola. En esta nueva ubicación de San Blas se concentran 11 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 11 de lo Penal y seis Penales de Ejecutorias, además de dependencias para la Fiscalía, la oficina de atención a víctimas y la Unidad de Policía adscrita.
Según explican en la Consejería, «además de la evidente dispersión», las antiguas cinco sedes de la jurisdicción penal que ahora se han concentrado en una «sufrían otro tipo de desajustes, desde espacios que no son los más apropiados (...) hasta una ocupación notable que impide atender demandas de nuevos servicios». Una de las principales novedades ha sido la creación de accesos y recorridos internos por el edificio diferenciados «para que las víctimas se encuentren en un ambiente protegido y con la necesaria privacidad, evitando en lo posible el contacto con el agresor».
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