El precio del amor

Parece ser que la historia de la ex reina de Colombia Valerie Domínguez y la de Juan Manuel Dávila, su ex novio, no tendrá un final feliz. Ayer, 31 de mayo, cuatro integrantes de la familia Dávila y la modelo barranquillera se presentaron ante la Fiscalía para la imputación de cargos por el polémico caso de Agro Ingreso Seguro. A Valerie le imputaron los delitos de peculado y falsedad en documento privado, pero en la modalidad de tentativa. Durante la audiencia, Valerie aseguró ser «inocente». Lo cierto, hasta ahora, es que las penas de todos los implicados podrían rondar los seis años de cárcel. ¿La veremos pronto tras las rejas? GENTE contó la historia de la que podría ser la peor novela de la actriz, en su edición de marzo 2011.

Por María Claudia Monroy S. / especial para GENTE

La filosofía popular dice que hay dos tipos de personas: las que nacen con estrella y las que nacen estrelladas. Si se aplica el refrán, la ex reina Nacional de la Belleza (2005), modelo y actriz Valerie Domínguez Tarud, indudablemente forma parte del primer grupo. A la hija de Alberto José Domínguez y María Lourdes Tarud le sonrió la fortuna desde su nacimiento en Barranquilla, el 12 deenero de 1981. Creció como parte de una familia próspera, lo que le permitió una niñez feliz. De adolescente, fue el centro de las miradas por su singular belleza y, de adulta, obtuvo tantos éxitos profesionales que muchos de quienes la conocían afirmaban que Valerie “venía de otro mundo”.

La despampanante reina de Colombia comenzó estudios de diseño de modas en el Instituto Europeo di Design, en Milán, Italia, y luego se fue a vivir a la espléndida Florencia, donde los terminó. En 2006 estuvo entre el exclusivo grupo de las 10 mujeres más bellas del universo y luego se convirtió en una modelo cotizada, en pujante empresaria y actriz talentosa: protagonizó las telenovelas Hasta que la plata los separe y El último matrimonio feliz; interpretó el principal papel femenino en la película Esto huele mal de Jorge Alí Triana; y en la primera serie de televisión producida por Sony Entertainment para Latinoamérica: Los caballeros las prefieren brutas, de la que ya se graba la segunda temporada. Muchos y envidiables logros para tan solo 30 años de edad.

Sin embargo, desde hace dos años y medio, esa estrella que siempre la ha iluminado tuvo, al parecer, un cambio de constelación, pues esta esbelta mujer, de 1,76 cms. de estatura y medidas perfectas, pasó a ser el referente de uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años en Colombia: Agro Ingreso Seguro. Y aunque ella ni siquiera recibió la ayuda que otorgaba el Estado a través de millonarios subsidios no reembolsables y libres de impuestos, su participación en este hecho fue el más notorio, precisamente, porque era la más famosa, la de mayor glamour y la que menos tenía que ver con las cuestiones agrarias.

Cuando el amor llega

Pero, ¿cómo esta mujer linda, talentosa y exitosa terminó metida en semejante lío? ¿En qué momento pasó de cultivar su figura a estudiar procesos jurídicos para evitar ir a prisión? La historia de este infortunio, que hoy la tiene en la mira de las autoridades judiciales, está ligada a su relación sentimental con Juan Manuel Dávila, uno de los samarios más cotizados del país, por su gran atractivo físico, su trabajo como comisionista de bolsa y porque pertenece a una de las familias más ricas e influyentes del Magdalena. Valerie lo conoció en Santa Marta, en el 2007, durante las Fiestas del Mar, por medio de Lissete Wadad Barakat, quien fuera Señorita Córdoba el mismo año en que Domínguez se alzó con la corona. Fue amor a primera vista. Las constantes atenciones del acaudalado empresario la sedujeron de tal manera que en menos de una semana ya eran novios, dos meses más tarde estaban viviendo juntos y tres meses después ya habían hablado de casarse, pero no definieron fecha. “Aunque he sido de relaciones largas, nunca antes me había comprometido en matrimonio”, aseguró poco tiempo después la ex reina en una entrevista para GENTE, ejemplificando la solidez de la relación que la unía a Dávila.

Los días felices

Ese mismo año, en que la vida en común de la pareja era romance y viajes a Santa Marta, Bahía Concha y República Dominicana, el Ministerio de Agricultura puso en marcha el programa Agro Ingreso Seguro que, según la millonaria publicidad que se le hizo, tenía entre sus objetivos “reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”. Con el paso de los días, irónicamente, se descubrió que entre los beneficiarios de los magníficos subsidios oficiales no reembonsables estaban reconocidas y adineradas familias de empresarios rurales, hacendados de gran poder regional y con fuerte influencia política y –lo más escandaloso– hasta capos de la mafia con solicitudes de extradición desde Estados Unidos. Fue en esas variaciones del programa que llegaron los abultados subsidios a reconocidos clanes de la costa Caribe, como los Lacouture Dangond, los Lacouture Pinedo, los Vives, los Tribín, los Fernández, los Díaz Granados, los Cuello, los Dávila Abondano, y, obviamente, la familia política de Valerie: los Dávila Fernández de Soto, con gran ascendencia en uno de los municipios más deprimidos del Magdalena, Algarrobo, a 129 kilómetros de Santa Marta.

Allí, los Fernández de Soto poseen grandes extensiones de tierra y Juan Manuel Dávila Jiménez, cabeza de la familia, figura como propietario de dos ostentosas fincas: Campo Grande y La Faena, donde hay más de 1.500 hectáreas sembradas con palma africana. Ellos fueron también, coincidencialmente, los únicos beneficiarios de los millonarios subsidios de este programa agrícola, en esa zona del país. En la convocatoria que hizo el programa en 2008, la familia política de Valerie recibió para “riego y drenaje” más de 2.200 millones de pesos. Dávila Jiménez, por entonces suegro de esta bella mujer, fue el que más recibió: 445 millones a título personal y 442 millones más por medio de la empresa Agroindustrias JMD y Cía.; María Clara, su esposa, 440 millones; Ana María, la ex cuñada de Valerie y Reina del Mar en 1999, 448 millones; su adorado Juan Manuel, 435 millones de pesos, y la ex señorita Colombia, que aparecía como arrendataria de algunas tierras, propiedad de la familia Dávila, se haría acreedora a un subsidio por 306 millones de pesos.

Tras el escándalo, derivado de la investigación llevada a cabo por la desaparecida revista Cambio, en septiembre de 2009, Valerie reaccionó con rapidez y rechazó el subsidio que había recibido en la convocatoria de ese año y que estaba a punto de ser desembolsado. Según ella, lo hizo “porque su nombre se había visto injustamente involucrado en esa controversia”. Esta oportuna acción será una de las cartas de su defensa. Sin embargo, hay elementos probatorios que juegan en su contra.

El 27 de febrero de 2008 el ex suegro de Valerie firmó contratos de arrendamiento de una de sus fincas, Campo Grande, con cada uno de sus tres familiares: a su esposa le arrendó 105 hectáreas por 1,5 millones de pesos mensuales; a su hijo, 98,5 hectáreas por un millón de pesos al mes, y a su hija, 106,5 hectáreas por un millón de pesos mensuales. El 2 de marzo, mes y medio antes de que se cerrara la convocatoria del programa para “riego y drenaje” para 2009, Dávila Jiménez utilizó la misma figura y le arrendó 110 hectáreas de su finca La Faena a su nuera, Valerie, por un millón de pesos mensuales. Con este contrato, la ex reina de belleza se pudo inscribir al programa para acceder al subsidio millonario. Además, las autoridades tienen la información de que todos los proyectos presentados por Valerie y su familia política eran idénticos en su forma, lo que indicaba un presunto fraccionamiento de tierras. En otras palabras, dividieron, al parecer, dos predios en seis partes para acceder a más recursos públicos, pues el programa otorgaba solo un subsidio por predio. En la práctica, una forma peculiar de aumentar los recursos familiares en contra de los campesinos pobres que más los necesitaban.

La hora de las preguntas

Pero, ¿por qué lo hizo?, ¿por qué fungió como campesina cuando realmente era una reconocida actriz y modelo? o ¿por qué, sin tener necesidad, trató de beneficiarse de un programa que buscaba reducir la desigualdad en el campo? Muchos porqués y pocas respuestas. Hay quienes dicen que por amor, algunos ven un engaño, una desmesurada ambición y, los más maliciosos, piensan que ella y sus familiares políticos pensaron que no pasaría nada y que en un país donde campea la corrupción es casi natural actuar así.  Las respuestas solo las conoce ella.

GENTE quiso escucharla, pero Valerie, a través de su agente, se remitió al escueto comunicado en el que sentenció: “Reitero mi absoluto respeto por la administración de la justicia y mi confianza en que al final del proceso quedará demostrada mi inocencia”. En efecto, ella se sostiene en que “nunca” recibió “dineros correspondientes a esos subsidios”, y que la aprobación del crédito, en lo que concierne a ella, fue hecho de manera legítima. Sin embargo, la Fiscalía le imputa los presuntos delitos de falsedad en documento privado y tentativa de peculado por apropiación, que podrían ser excarcelables ya que, de existir un fallo en su contra, la condena podría ser menor a 36 meses de prisión.

Pero no pasa lo mismo con su familia política. A los Dávila Fernández de Soto, como a todos los beneficiarios vinculados al proceso y a siete ex funcionarios, les dictaron medida de aseguramiento y los sindicaron de siete presuntos delitos: interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen de inhabilidades y falsedad ideológica en documento público. Para este 5 de abril, cuando está citada la audiencia de imputación de cargos, los tiempos para ellos empezarán a correr vertiginosamente.

Lo que viene

Pero, ¿qué significa esta audiencia de imputación de cargos? A la luz del nuevo Sistema Penal Acusatorio, es la apertura formal de investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, que el ente acusador encontró los méritos suficientes para culpar formalmente a las personas imputadas de los delitos mencionados. También significa que ahora los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa. En la práctica, este es el comienzo del debate jurídico y probatorio entre la Fiscalía y los investigados.

Y aunque ex funcionarios y beneficiados han sido llamados “en bloque” a la audiencia, las responsabilidades que les imputarán a cada uno de ellos serán diferentes, pues no todos cumplían las mismas funciones en el programa ni tienen los mismos indicios. Por eso, algunos o muchos de los imputados, dependiendo de cómo avance la investigación, podrán ser llamados a juicio y, según la gravedad del delito, terminar en prisión, si la pena final supera los 36 meses de condena.

En esencia, el quantum de las penas a cada delito será el que determinará que aquellos que sean condenados por un juez vayan o no a prisión, y en esto también jugarán factores como la colaboración que tengan con la justicia o la peligrosidad que representen para la sociedad. Todo esto sumará para que paguen su condena en un establecimiento carcelario, en su casa o que tengan el beneficio de excarcelación. Nada está escrito. Todo dependerá de la investigación y de la defensa de cada acusado. Lo esencial es que todos los delitos imputados son muy graves, pues son contra la administración pública, y, en consecuencia, tienen penas severas. El peculado por apropiación, por ejemplo, está entre seis y 15 años; la celebración indebida de contratos entre cuatro y 12 años, y el prevaricato contempla penas entre tres y ocho años. Sin embargo, Valerie tiene confianza en que nada de esto irá a pasar.

La relación llegó a su fin

Pero que no vaya a la cárcel no quiere decir que todo sea color de rosa. Algunos allegados a la actriz aseguran que está pasando por un mal momento. Se dijo que Ésika le había cancelado el contrato como vocera de la marca, que Caracol había decidido no contratarla como protagonista de La Fiscal (después de estar casi confirmada), que este canal había optado por congelar el estreno del Festival Internacional del Humor (del cual Valerie es presentadora) y que había tenido problemas durante las grabaciones de Los caballeros las prefieren brutas.

Representantes de la empresa de cosméticos aseguraron a GENTE que la decisión de contratar a Andrea Serna como la nueva imagen de la marca no tuvo nada que ver con los problemas judiciales de Domínguez. “Cada año contratamos una personalidad para que nos represente. Valerie ya había estado con nosotros año y medio y queríamos una imagen diferente. Fue cuestión de estrategia, pero seguimos teniendo las mejores relaciones con ella”, afirmó una vocera de la empresa. Fuentes de la oficina que representa a Valerie aseguraron que ella nunca participó en casting para La Fiscal, que el Festival Internacional del Humor se terminó de grabar a comienzos de este año y que la ex reina no ha tenido problema alguno con Los caballeros las prefieren brutas. En el canal declinaron hacer comentario alguno al respecto, así como los productores de la serie de Sony. Lo que sí es cierto es que la relación de Valerie con Juan Manuel Dávila llegó a su fin, debido a los problemas generados por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Día a día, la situación por este caso judicial fue averiando la vida en pareja hasta hacerla insostenible.

La punta del ‘iceberg’

En este panorama, hay otra pregunta: ¿qué pasará con los ex ministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, artífices y defensores del programa? Por haber sido ministros, tienen un fuero especial y habrá que esperar a que la propia fiscal general, Viviane Morales, sea la que determine su situación. Lo que se presume es que la decisión debería ir por el mismo camino que la de los ex funcionarios procesados, pues no sería comprensible que mientras a los subordinados los juzgan por graves delitos, a Arias y a Fernández, las cabezas del programa, no.

Hoy ya son 22 los procesados, entre funcionarios, contratistas y particulares, que están en la mira de la justicia, pero el número podría superar los 50. Además, todavía faltan las decisiones que adelantan otros entes de control como la Procuraduría, la Auditoría y la Contraloría; esta última, hace unos días, profirió medidas cautelares y de congelamiento de bienes en contra de los ex ministros Arias y Fernández, y de 17 personas más, por los presuntos manejos irregulares en la celebración de contratos de publicidad del programa, por cerca de 15.000 millones de pesos.

Todos estos elementos se conjugan para hacer que el destino de Valerie y las demás personas sindicadas dependa de un fuerte componente subjetivo que juega en contra: el del contexto. En estos momentos, una de las prioridades del Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, es el de frenar en seco a los corruptos. El caso del carrusel de la contratación en Bogotá y el AIS son la punta del ‘iceberg’ que muestra que el cáncer de la corrupción no tenía remedio. Y eso puede influir en la fiscal, Viviane Morales, quien quiere tomar decisiones ejemplarizantes para que esto no vuelva a ocurrir. Previendo esto, se ha filtrado que con la pretensión de evitar ir a la cárcel, las familias involucradas pretenden hacer como los Nule, acogerse al beneficio de oportunidad y confesar todo para que juzguen a los responsables políticos del momento. A los miembros de la hasta hace poco familia política de Valerie, se les ha visto en el Ministerio de Agricultura que hoy orienta Juan Camilo Restrepo.

Mientras tanto, en Algarrobo, un pueblo pobre, como la mayoría de los 30 municipios del Magdalena, sus habitantes aún no entienden por qué Valerie aparecía como beneficiaria de un subsidio en sus tierras, cuando ellos nunca la habían visto por allí, salvo espléndida y bella, en las pantallas de televisión.